La SIP advierta que la nueva legislación marca un retroceso para el país, al desconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de despenalización de los delitos cometidos a través de la prensa.
(SIP/IFEX) – Miami, 20 de octubre de 2010 – Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se destacó en La Paz a principios de esta semana pidió al gobierno de Evo Morales abrir nuevos espacios de discusión sobre una ley antirracista recientemente promulgada que profundiza el deterioro de la libertad de prensa en el país.
Tras dos días de audiencias y entrevistas con legisladores oficialistas y de la oposición, miembros del clero, representantes de medios, autoridades de la Asociación Nacional de la Prensa y de sindicatos de periodistas, Gustavo Mohme, presidente del Instituto de Prensa de la SIP, quien lideró la misión, expresó que «ratificamos nuestra preocupación sobre el contenido de los artículos 16 y 23 de la nueva legislación contra el racismo».
Mohme, director del diario La República, Lima, Perú, añadió que la normativa «profundiza violaciones a la libertad de prensa, en especial por su carácter punitivo y porque hace posible de suspensión y cierre a los medios y juicios penales a periodistas, por la difusión de informaciones, ideas, opiniones, incluso atribuidas a terceros».
La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación fue promulgada el 8 de octubre pasado. Si bien entre sus disposiciones contiene varias referencias ambiguas sobre todo tipo de medio de comunicación, dos de sus artículos, el 16 y el 23, penalizan la libertad de información y opinión, al imponer sanciones económicas y la suspensión de licencias, así como aplica severas penas de cárcel a quienes informen o hagan apología del racismo o la discriminación.
Claudio Paolillo, director de Búsqueda, Montevideo, Uruguay, manifestó que la nueva legislación marca un retroceso para Bolivia, al desconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de despenalización de los delitos cometidos a través de la prensa. «Nos preocupa haber advertido antes de que siquiera se haya reglamentado la ley, sus consecuencias», dijo, ejemplificando que «debido a sus ambigüedades e imprecisiones, varios medios ya se están autocensurando».
Durante la conferencia de prensa al finalizar la misión el 19 de octubre, los delegados de la SIP reconocieron que muchos sectores no objetan a la legislación sobre el racismo y la discriminación. Pero lamentaron que «ante esa causa justa», el gobierno de Evo Morales disimula su confrontación con el periodismo imponiendo sanciones especiales y directas a los medios y a los periodistas, cuando ya existen leyes que amparan a quienes puedan sentirse ofendidos por la prensa.
La misión lamentó que el gobierno nacional mantenga una actitud poco abierta para discutir las consecuencias que el nuevo régimen arrastrará para la libertad de prensa, pidiéndole públicamente al presidente Morales «abrir nuevos espacios para discutir sobre caminos alternativos para enmendar la ley».
En entrevistas con los diputados oficialistas, Jorge Medina Barra y Marianela Paco Durán, y el defensor del Pueblo, Rolando Villena, la delegación fue informada de que el gobierno no tiene intención alguna de modificar los artículos cuestionados por las asociaciones de prensa y periodistas. Justamente una semana atrás, la SIP publicó anuncios en varios periódicos bolivianos, alertando que la presente ley «no podrá alcanzar su verdadera dimensión ni sus fines sociales y humanos si establece la censura previa mediante la imposición de severos castigos contra el derecho del público a saber».
La delegación de la SIP también se entrevistó con reporteros y representantes de sindicatos de periodistas, a quienes manifestó su solidaridad y congratuló por su lucha emprendida a favor de la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado. Varios periodistas dieron por terminada esta semana una huelga de hambre en calidad de protesta, pero continúan recaudando firmas con el objetivo de llegar a un millón de rúbricas, lo que les permitiría presentar una «iniciativa legislativa ciudadana», figura contemplada en la Constitución, que obligaría al Congreso a tratar un nuevo estatuto legal o buscar la derogación o modificación de los artículos 16 y 23.
La misión también mantuvo contacto con siete senadores, entre ellos el presidente de la bancada Convergencia de oposición, Germán Anteló; aunque no pudo reunirse con el presidente Morales que viajó a Perú, pero quien declaró que siempre mantiene las puertas abiertas para dialogar con la SIP.
Los delegados de la misión elevarán un informe a la Asamblea General de la SIP a realizarse en Mérida, México, del 5 al 9 de noviembre próximo. Además de Mohme y Paolillo, la delegación fue integrada por Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la institución.
