La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abordó un tema largamente postergado y aprobó por unanimidad una versión reformada de la Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act) que procura terminar con la obtención masiva de metadatos telefónicos y otros registros en Estados Unidos.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abordó un tema largamente postergado y, el 7 de mayo de 2014, avanzó en la reforma de un aspecto de los programas gubernamentales de vigilancia masiva, señaló hoy Human Rights Watch. La comisión aprobó por unanimidad una versión reformada de la Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act) que procura terminar con la obtención masiva de metadatos telefónicos y otros registros en Estados Unidos.
Acabar con la recopilación a gran escala de metadatos y otros registros constituye un componente esencial de las reformas necesarias para poner frenar los programas de vigilancia masiva del gobierno estadounidense, señaló Human Rights Watch.
“La revisión de la Ley de Libertad Estadounidense contribuiría a poner fin a uno de los programas más problemáticos revelados por Edward Snowden el año pasado”, expresó Cynthia Wong, investigadora sénior en temas relacionados con Internet de Human Rights Watch. “No obstante, el proyecto no aborda otras reformas que deberían efectuarse en programas de vigilancia que afectan a millones de personas fuera de las fronteras de EE. UU.”.
Este proyecto moderado, que es resultado de diversas concesiones, apunta a prohibir la recopilación masiva de registros por el gobierno, incluidos metadatos telefónicos y de Internet, en el marco de varias leyes vigentes. Los cambios abordan reformas esenciales que fueron promovidas por numerosas organizaciones gubernamentales, Human Rights Watch entre ellas.
Sin embargo, varias reformas propuestas a la versión anterior de la Ley de Libertad Estadounidense, también absolutamente necesarias, han sido eliminadas o se ha moderado su alcance. Por ejemplo, ya no se incluye una disposición que creaba la figura de un defensor especial encargado de promover el interés público ante el Tribunal conformado en virtud de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Intelligence Surveillance Act, FISA). La versión reformada tampoco incorpora otra disposición del texto preliminar inicial, que eliminaba la exigencia según la cual, aquellos jueces que examinen recursos contra una orden que prohíba ventilar públicamente un juicio, deben aceptar como concluyente la afirmación del gobierno de que su publicidad operaría en detrimento de la seguridad nacional.
Se espera que, a partir del 8 de mayo, la Comisión Especial Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes (House Permanent Select Committee on Intelligence) trate la revisión de la Ley de Libertad de Estadounidense, así como también su propio anteproyecto. Si bien quedan pendientes numerosas reformas trascendentales, la comisión de inteligencia debería aprobar la versión reformada de la Ley de Libertad Estadounidense sin incorporar cambios adicionales que la debiliten aún más, y el Congreso debería actuar sin dilación para asegurar que avance la propuesta, opinó Human Rights Watch.
La versión intermedia del proyecto, que implicó diversas concesiones, incorpora varias de las propuestas planteadas este año por el presidente Barack Obama. Pretende prohibir la recopilación indiscriminada de registros que han autorizado en el pasado las agencias solicitantes, y estipula que deberán al menos indicar “términos de selección específicos” para justificar un pedido. La finalidad de este requisito es impedir la obtención de todos los registros telefónicos, así como otro tipo de registros comerciales, conforme al apartado 215 de la Ley Patriota (Patriot Act) y otras leyes relevantes. La efectividad de este requisito dependerá de cómo esta expresión se interprete en la práctica.
El proyecto legislativo también estipula nuevos requisitos de información gubernamentales, permite que las compañías transmitan información limitada con respecto a los pedidos que reciban, brinda un mecanismo para solicitudes de emergencia y crea un panel de expertos a quienes el tribunal de la FISA podrá pedir su intervención en casos concretos.
No obstante, el proyecto no refuerza significativamente las garantías del derecho a la privacidad de personas fuera de Estados Unidos, un problema clave que se manifiesta en las actividades de vigilancia estadounidense. Tampoco aborda prácticas de vigilancia masiva o de recopilación indiscriminada de datos que puedan ocurrir en el marco de otras leyes o reglamentaciones, como el apartado 702 de la Enmienda a la FISA o el Decreto 12333. Estas prácticas afectan a muchas personas más e incluyen la obtención del contenido concreto de comunicaciones por Internet y llamadas telefónicas, y no simplemente metadatos.
«Sin una reforma más exhaustiva, Estados Unidos podría contribuir a un mundo donde nadie se sienta seguro durante las comunicaciones en línea», aseveró Wong. «Es tiempo de que el Congreso corrija el curso emprendido, no solo aprobando este proyecto sin postergaciones, sino además poniendo en marcha oportunamente reformas más sustanciales a la vigilancia de la NSA».
