Febrero de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El impacto sobre el periodismo ucraniano de dos años de guerra de Rusia contra Ucrania; indignación por los malos tratos y la muerte del preso político Alexei Navalny; solidaridad con Julian Assange en contra de su extradición a Estados Unidos; avanza el proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” en Kirguistán; el estado de derecho bajo amenaza en Grecia; y el Parlamento de la UE adopta la Directiva Anti-SLAPP.
Dos años de la guerra de Rusia contra Ucrania
La guerra ilegal de Rusia contra Ucrania cumplió su segundo aniversario el 24 de febrero y hay pocos indicios de que el conflicto vaya a terminar pronto.
Según la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, el saldo de víctimas civiles en el país desde el inicio de la guerra asciende a 30.457. Esta cifra comprende 10.582 muertos y 19.875 heridos, entre ellos, 587 niños muertos y 1.298 niños heridos.
El precio que han pagado los periodistas que cubren el conflicto también ha sido demasiado alto. El Instituto de Información Masiva (IMI, por sus siglas en inglés), miembro regional de IFEX, ha registrado 567 crímenes cometidos por las fuerzas rusas contra periodistas y medios de comunicación en Ucrania desde que comenzó la guerra. Esto incluye: periodistas asesinados, heridos y secuestrados; disparos contra miembros de la prensa; bombardeos a oficinas de medios de comunicación; amenazas de muerte; y ciberataques.
Según el IMI, al menos diez periodistas han sido asesinados mientras informaban sobre la guerra, 24 han sido secuestrados y 14 están actualmente desaparecidos.
[Traducción: En los dos años transcurridos desde el inicio de la invasión masiva, Rusia cometió 567 crímenes contra periodistas y medios de comunicación en Ucrania, según el seguimiento del Instituto de Información Masiva.]
El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) nos recordó en febrero que al menos 17 periodistas ucranianos siguen detenidos en territorio ocupado por las fuerzas rusas. Su Rastreador de la Libertad de Prensa en la Guerra de Ucrania ha registrado más de 1.250 ataques a medios de comunicación en Ucrania y Rusia como consecuencia de la guerra: la abrumadora mayoría de esos ataques fueron perpetrados por las autoridades rusas, las fuerzas rusas u otras entidades prorrusas.
Los miembros de la plataforma Media Freedom Rapid Response conmemoraron el segundo aniversario de la invasión rusa con la publicación una declaración de solidaridad con los periodistas ucranianos, en la que pidieron “apoyo internacional continuo a los medios ucranianos” y exigieron que Rusia “cumpla el derecho internacional humanitario”, “se abstenga de todo ataque a periodistas” e investigue todos aquellos ataques a periodistas en los que estén implicadas sus fuerzas.
Varios miembros de IFEX trabajan en apoyo a los medios de comunicación en Ucrania desde el comienzo de la guerra. En los últimos dos años, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el IMI han ayudado a más de 1.500 periodistas ucranianos e internacionales y a un total de 150 medios de comunicación. Esto incluye la provisión de apoyo financiero y psicológico, equipos de protección, capacitación en seguridad y equipamiento periodístico.
Free Press Unlimited, a través de su iniciativa Media Lifeline Ukraine, ha apoyado a casi 1.100 periodistas y guias-intérpretes ucranianos. Además de proporcionar equipos de protección y ayudar a reubicar a los periodistas en zonas más seguras, Free Press Unlimited ha creado un centro de medios para periodistas ucranianos exiliados en Polonia, desde donde pueden continuar con su labor.
Alexei Navalny muere en una prisión siberiana
El 16 de febrero, Alexei Navalny, activista anticorrupción y destacado líder de la oposición rusa, murió en la prisión de Siberia donde estaba detenido. Algunas de las circunstancias que rodearon su muerte, incluida la causa exacta, siguen sin ser aclaradas.
Navalny, víctima de un intento de envenenamiento casi letal en 2020, cumplía una pena de prisión de más de 30 años por varios cargos dudosos. Las autoridades rusas habían tomado fuertes medidas contra su organización anticorrupción en los últimos años, tildándola de “extremista”. Varios miembros de su círculo – incluidos sus abogados han sido acusados de “extremismo”.
Antes de su muerte, Navalny parecía gozar de buena salud, a pesar de haber sufrido durante mucho tiempo duros tratos en prisión. En 2023, sus partidarios lanzaron una campaña para oponerse a la reelección presidencial de Vladimir Putin en marzo de 2024; el propio Navalny había emitido un comunicado exhortando a la ciudadanía rusa a votar contra Putin.
Human Rights Watch (HRW) culpabilizó al Kremlin de la muerte de Navalny:
“Durante más de una década, el Kremlin persiguió, encarceló y atormentó a Navalny. Nunca debió haber sido encarcelado en primer lugar. Las autoridades rusas tienen toda la responsabilidad por lo que le ha sucedido a Navalny, empezando por su primer arresto por motivos políticos” – HRW
Si bien Navalny era aclamado frecuentemente, y de manera muy simplista, como un héroe liberal por los medios y la política occidentales, la realidad era mucho más compleja e incluso problemática. Su muerte volvió a sacar a luz algunos aspectos desagradables de su pasado, incluidos comentarios racistas hechos hace años y un fuerte acercamiento a grupos de extrema derecha. No está claro hasta qué punto (si es que lo hizo) Navalny rechazó estas posturas en sus últimos años. Me referí más a fondo sobre este aspecto preocupante del pasado de Navalny en mi informe sobre Europa y Asia Central de enero de 2021.
Lo que no está en duda, sin embargo, es el valor del trabajo anticorrupción de Navalny y sus críticas al gobierno represivo de Putin. Tampoco cabe duda de que su encarcelamiento tuviera una motivación absolutamente política.
En los días posteriores a su muerte, casi 400 partidarios de Navalny fueron arrestados a lo largo y ancho de Rusia por actos pacíficos de duelo público.
[Traducción: Los rusos han vuelto a dejar flores en el monumento a los presos políticos tras la muerte de Navalny. Parece que la policía tiene órdenes de actuar con mano dura. Ya hay 15 personas arrestadas, según @sotaproject ]
La muerte de Navalny faltando solo un mes para las elecciones presidenciales ha llamado la atención sobre otros líderes de la oposición encarcelados en Rusia, como el activista prodemocracia Vladimir Kara-Murza. A finales de febrero, Freedom House y otros escribieron al presidente estadounidense Joe Biden pidiéndole que “intensifique sus esfuerzos” para asegurar la liberación de Kara-Murza, quien también fue víctima de un presunto envenenamiento y actualmente cumple 25 años de prisión por sus críticas a la invasión rusa de Ucrania y por “traición”.
Varios miembros de IFEX se vieron directamente afectados por la represión de la libertad de expresión en Rusia en enero y febrero. ARTICLE 19 fue declarada organización “indeseable”, lo que significa que el grupo tiene prohibido trabajar en Rusia y expone a sus colaboradores a posibles duras penas de prisión. Las autoridades también incluyeron a Iryna Zemlyana, experta en medios de comunicación que trabaja para el IMI, en la lista rusa de “terroristas y extremistas”. En 2022, Rusia había iniciado una demanda penal espuria contra Zemlyana, acusándola de “atacar” al embajador ruso en Polonia durante una protesta contra la guerra.
La emisora de noticias Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) también fue designada organización “indeseable” en febrero.
En enero y febrero se dictaron las primeras condenas en virtud del fallo de la Corte Suprema de 2023 que ilegalizó al llamado “movimiento LGBT internacional” al designarlo “extremista”. Según el fallo, la bandera del arcoíris es ahora un “símbolo extremista”. A finales de enero, una mujer fue sentenciada a cinco días de detención por usar aretes con los colores del arcoíris y un hombre recibió una multa por publicar una bandera de arcoíris en sus redes sociales; a principios de febrero, una mujer también fue multada por exhibir una bandera de la diversidad en sus redes sociales. HRW advierte que “es de esperar que haya muchas más condenas en el futuro”.
A finales de mes, Oleg Orlov, copresidente del grupo de derechos humanos Memorial, ganador del Premio Nobel de la Paz, fue condenado a dos años y medio de prisión acusado de “desacreditar” al ejército ruso. Los cargos surgen de un artículo que Orlov escribió criticando la invasión rusa de Ucrania y sugiriendo que Rusia estaba sumiéndose en el fascismo.
[Traducción: Oleg Orlov, copresidente de Memorial, grupo galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2022, es condenado a dos años y medio de prisión por “desacreditar” al ejército ruso, impulsado por un “odio a los valores tradicionales”. Lea su declaración final al tribunal:
“Tengo algunas palabras para decirle a aquellos que están impulsando la aplanadora de la represión. ¿No temen que no sean solo ustedes y sus hijos, sino también—Dios no lo quiera—sus nietos los que tengan que vivir en esta distopía absurda? ¿No les parece obvio que, tarde o temprano, la aplanadora de la represión pueda aplastar a aquellos que la pusieron en marcha y la impulsaron?”
Oleg Orlov, copresidente de Memorial, en su declaración final al tribunal. ]
El destino de Julian Assange pende de un hilo
Si bien políticos y miembros de los medios de comunicación en Europa y Estados Unidos expresaron su justificada indignación por los malos tratos y la muerte de Navalny en el sistema penitenciario de Putin, muy pocos alzaron la voz en defensa de Julian Assange, el encarcelado editor de WikiLeaks que enfrenta una orden de extradición de Estados Unidos.
Assange aún no sabe si se le permitirá presentar una apelación final contra su extradición a Estados Unidos, donde podría recibir una condena de hasta 175 años de prisión si es declarado culpable de dudosos cargos de espionaje.
El 21 de febrero concluyó la audiencia en el Tribunal Superior del Reino Unido para determinar si podía apelar, pero sin que el tribunal se pronunciara ni diera indicación alguna de cuándo podría dictar esa decisión final.
Assange, que ha estado recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde 2019, no pudo asistir a la audiencia (ni en persona ni por videoconferencia) debido a problemas de salud.
Antes de la audiencia, varios miembros de IFEX, incluidos ARTICLE 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ), Índice de Censura, PEN International, PEN Noruega y Reporteros Sin Fronteras (RSF), reiteraron sus llamados a que Assange sea liberado y se retiren los cargos en su contra.
Esos cargos se basan en la publicación de materiales de interés público por parte de WikiLeaks. Como dijo Jodie Ginsberg del CPJ, el procesamiento de Assange en Estados Unidos “tendría implicaciones desastrosas para la libertad de prensa tanto en Estados Unidos como a nivel mundial”.
Además del peligroso precedente que sentaría la extradición de Assange, existen serias preocupaciones, como sostiene ARTICLE 19, de que “no se le garantice un juicio justo y equitativo” en Estados Unidos. Semanas antes de la audiencia judicial de febrero, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura pidió al Reino Unido que detuviera la extradición de Assange, alegando que este “correría el riesgo de recibir un trato equivalente a tortura u otras formas de malos tratos o castigos”.
PEN y RSF estuvieron presentes como observadores en la audiencia de Assange en el Tribunal Superior en Londres y participaron junto a defensores de Assange en una muestra de solidaridad organizada frente al tribunal.
[Traducción: La portavoz de PEN International, @sabrinatucci, se dirige a la multitud durante la audiencia de #JulianAssange. PEN International, @englishpen, @PEN_Norway y otros centros instan a las autoridades del Reino Unido a detener la extradición de Assange y pedir su liberación inmediata. #LibertadParaAssange #LibertadParaJulian #ElPeriodismoNoEsDelito
@PENMelbourne, @ScottishPEN, @PENsweden, @PenSydney, @Stella_Assange, @FreeAssangeNews, @DefendAssange, @DefenseAssange, @AssangeDAO ]
Rebecca Vincent, de RSF, publicó dos hilos útiles en “X” que resumen el primer y segundo día del proceso. También abordó varios aspectos del caso de Assange en una entrevista con CNN, incluidas denuncias de que la CIA habría planeado asesinarlo:
Hablé con @CNN durante una pausa en la audiencia de hoy (#DíaX), sobre las razones por las que @RSF_inter defiende a Julian Assange, los argumentos expuestos por el gobierno de EEUU hoy en el tribunal y por qué seguimos instando a la administración Biden a que busque una solución política a este caso que ya lleva 13 años. Clip 1 de 2.
Se ha publicado (o difundido de otro modo) una cantidad significativa de información errónea sobre Assange. Poco antes de la audiencia ante el Tribunal Superior, RSF publicó un artículo aclarando 12 de los “conceptos erróneos más comunes” sobre su caso.
En breve
El mes cerró con la muy gratificante noticia de que el Parlamento de la Unión Europea (UE) había aprobado la Directiva Anti-SLAPP, también conocida como Ley Daphne (en honor a la periodista maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia). La Directiva establece estándares mínimos para proteger a periodistas, así como a todos aquellos que actúan como agentes de fiscalización pública, contra las demandas abusivas comúnmente conocidas como SLAPP (demandas judiciales estratégicas contra la participación pública). Los miembros de IFEX llevan años haciendo campaña y abogando por una legislación anti-SLAPP en Europa. Ahora los Estados miembros deberán utilizar la Directiva como base para redactar leyes nacionales sólidas que protejan a los agentes de fiscalización pública frente a las SLAPP, yendo más allá de los estándares mínimos establecidos por el Parlamento de la UE.
En Kirguistán, los legisladores siguieron adelante con el represivo proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”, que ya obtuvo media sanción en el Jogorku Kenesh (parlamento kirguís) el 22 de febrero. El proyecto de ley, que guarda sorprendentes similitudes con la legislación sobre “agentes extranjeros” de Rusia, busca clasificar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reciben financiación del exterior como “agentes extranjeros” y prevé una clasificación especial para aquellos grupos que participen en “actividades políticas”. Si se aprueba, esta legislación (al igual que leyes similares en otros lugares) impondrá una carga administrativa onerosa a las OSC, estigmatizándolas y perjudicando su trabajo. Varios grupos internacionales de derechos humanos, incluidos miembros de IFEX, han pedido que se abandone el proyecto de ley.
A principios de mes, la Corte Suprema de Kirguistán ordenó el cierre del importante medio de prensa de investigación Kloop Media, acusándolo falsamente de no tener licencia para ejercer el periodismo y de publicar contenido “puramente negativo” con “duras críticas” a las autoridades. IFEX había instado al gobierno a que retirara una demanda contra Kloop que había entablado como parte de una represión más amplia – aún en curso – contra la prensa independiente de Kirguistán.
A principios de febrero, el Parlamento Europeo expresó serias preocupaciones sobre la “amenaza a los valores de la Unión Europea” en Grecia. En concreto, los eurodiputados manifestaron preocupación ante ataques a la libertad de prensa, el uso de software espía y de vigilancia contra opositores políticos y otros, violencia policial, malos tratos a inmigrantes y ataques a la sociedad civil. A principios de mes, miembros de IFEX escribieron a la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, pidiéndole que se tomaran medidas para abordar estas amenazas al estado de derecho en Grecia.
En enero, el IPI publicó un informe donde examina el fenómeno de la captura de los medios en Grecia (esto es, el control y uso indebido de los medios de comunicación al servicio de intereses creados). Grecia es el país de la UE con la clasificación más baja en libertad de prensa.