La Ley de Televisión Digital, de por sí criticada por sus carencias en lo que se refiere a la redistribución de concesiones de frecuencias, ahora se ve afectada por un veto presidencial que echa por tierra los tímidos avances que podrían haberse llevado a cabo.
La Ley de Televisión Digital, de por sí criticada por sus carencias en lo que se refiere a la redistribución de concesiones de frecuencias, ahora se ve afectada por un veto presidencial que echa por tierra los tímidos avances que podrían haberse llevado a cabo. Los argumentos del veto, con fecha del 19 de noviembre de 2013 y al que tuvo acceso Reporteros sin Fronteras, muestran un extravío de la noción de “pluralismo”, a favor de los intereses económicos de unos cuantos y en contra de un pluralismo real. Para la próxima habitante del Palacio de La Moneda –que será elegida en una segunda vuelta de los comicios presidenciales el próximo 15 de diciembre–, debe ser una prioridad una nueva regulación del sistema de comunicación.
Una vez más, los más afectados por el veto presidencial son los medios de comunicación comunitarios a quienes, inicialmente, la ley otorgaría una porción del espacio de frecuencias, así como los medios de comunicación locales y regionales. El veto elimina la cláusula que excluía a los medios de comunicación dedicados al proselitismo religioso como futuros concesionarios –ahora podrán obtener concesiones como parte de los canales comunitarios–. “¡Es un desastre para los medios de comunicación comunitarios dignos de este nombre!”, expresa María Pía Matta, presidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). “Así, los grupos evangélicos podrán valerse del término ‘comunitario’ para obtener concesiones, cuando no tienen ninguna vocación informativa. Es un revés tanto para el pluralismo como para nuestro estatuto”.
El veto también elimina otra disposición de la ley que otorgaba regionalmente dos señales a la Televisión Nacional de Chile (TVN) en lugar de una. Esta doble concesión habría permitido al canal público, además de transmitir sus programas, difundir las señales de programadores locales que no tenían medios para una transmisión propia.
Finalmente, la TVN tendrá sólo una concesión en nombre del “pluralismo”. “En nombre de los intereses de los principales medios de comunicación privados, muy cercanos al poder, que no querían que se reforzará un sector público ya muy debilitado”, corrige un observador. Entre los puntos más polémicos se encuentran también el tiempo dedicado a la programación cultural, que el veto limita a cuatro horas en lugar de las “al menos cuatro horas” que preveía la versión inicial del texto.
“Para retornar al texto inicial de la ley, contra el veto presidencial, según la Constitución [adoptada en 1980, bajo la dictadura –Ndlr] debe alcanzarse un quórum de dos tercios de los diputados y de los senadores en cada Cámara del Congreso cuando se vuelva a votar”, explica María Pía Matta. “Así que, ¿qué otra opción queda ante tal bloqueo sino una nueva ley?”