Ante la falta de independencia judicial, es clave que haya rendición de cuentas y escrutinio internacional.
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 6 de marzo de 2023.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería renovar por dos años los mandatos sobre Nicaragua del Grupo de Expertos en Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señaló hoy Human Rights Watch.
En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un Grupo de Expertos con un mandato de un año para investigar abusos cometidos desde 2018. El 6 de marzo de 2023, los expertos presentaron ante el Consejo un informe contundente en el que presentan evidencias de que las autoridades nicaragüenses cometieron violaciones de derechos humanos “de manera generalizada y sistemática”, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación forzosa y persecución por motivos políticos, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Al despojar a 317 nicaragüenses de su nacionalidad, el gobierno de Nicaragua no ha dejado ninguna duda de que se trata de una de las dictaduras más despiadadas de la región”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Prorrogar el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por dos años enviaría un mensaje contundente al gobierno de Ortega de que la comunidad internacional está prestando atención y no dará un cheque en blanco a quienes se aferran al poder para seguir cometiendo abusos”.
El 9 de febrero, el gobierno liberó a 222 presos políticos y los expulsó a Estados Unidos, calificándolos de “traidores”, privándolas de su nacionalidad y confiscando sus bienes.
Tras su liberación, el gobierno despojó de la nacionalidad a otros 95 críticos del gobierno, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y líderes políticos y al obispo católico Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar el país y fue condenado recientemente a más de 20 años de cárcel por varios cargos, incluido el de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. El obispo Álvarez, que se encontraba en detención domiciliaria, fue enviado a una cárcel de máxima seguridad y ha permanecido en un régimen de incomunicación.
Los recientes cambios legislativos que permiten despojar a las personas de su nacionalidad por motivos arbitrarios contravienen las obligaciones internacionales de Nicaragua que prohíben la privación de la nacionalidad que da lugar a la apatridia por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. Con estas medidas, Nicaragua, que es parte tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 como en la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, viola su obligación de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y de adoptar medidas para prevenir y erradicar la apatridia.
El obispo Álvarez y otros 36 críticos gubernamentales permanecen encarcelados, según indican organizaciones locales. Muchos de ellos han sido acusados de menoscabar la integridad nacional y propagar noticias falsas en procesos penales que se basaron en cargos falsos y violaron el debido proceso.
La resolución por la que se estableció el Grupo de Expertos también renovó y fortaleció el mandato de monitoreo de la OACNUDH sobre Nicaragua. Está previsto que durante el 52.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebra en marzo, se presente una resolución encabezada por Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú para renovar ambos mandatos.
La renovación del mandato permitiría a los expertos seguir reuniendo evidencia de graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, informar sobre las dinámicas en el país y formular recomendaciones necesarias, señaló Human Rights Watch.
Durante 2022, el gobierno del presidente Daniel Ortega continuó deteniendo y procesando arbitrariamente a personas percibidas como críticas del gobierno, incluidos periodistas, líderes opositores, defensores de derechos humanos, miembros de la Iglesia católica, líderes de grupos comunitarios, empresariales y estudiantiles, y familiares de personas detenidas.
Algunos detenidos han estado sujetos a condiciones inhumanas, incluyendo un régimen de incomunicación por semanas y meses, algunos han estado en un prolongado aislamiento solitario. Algunos exdetenidos, y aquellos a quienes se les permitió recibir visitas familiares, han reportado condiciones abusivas, incluyendo interrogatorios reiterados, atención médica inadecuada y alimentación insuficiente, a menudo sin acceso a libros, incluida la Biblia, ni a materiales de escritura.
El gobierno también ha restringido drásticamente el espacio cívico. Desde comienzos de 2022, las autoridades han cancelado la personería jurídica de más de 3.200 organizaciones no gubernamentales. Esta cifra representa alrededor del 47 % de las organizaciones sin fines de lucro que había en Nicaragua antes de abril de 2018. Entre las organizaciones clausuradas se incluyen decenas de organizaciones humanitarias, que desempeñaban un papel crucial para garantizar el acceso a servicios de salud, agua y alimentos a comunidades de bajos ingresos, en su mayoría rurales. Las autoridades también han cancelado la personería jurídica de 18 universidades.
El gobierno de Ortega se ha negado en forma reiterada a cooperar con órganos internacionales de derechos humanos, no ha implementado las recomendaciones de la OACNUDH y no ha colaborado con el Grupo de Expertos, la OACNUDH y varios órganos de tratados de derechos humanos de la ONU. No se ha permitido a ningún organismo monitor de derechos humanos ingresar al país desde que el gobierno expulsó a personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OACNUDH a fines de 2018.
Las autoridades han expulsado al nuncio apostólico en Nicaragua, quien abogaba por la liberación de presos políticos, al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua días después de que la misión de la UE ante la ONU en Ginebra exhortara al gobierno a restablecer la democracia y a liberar a los presos políticos.
El poder judicial de Nicaragua no actúa de manera independiente y la impunidad por violaciones de derechos humanos es la norma. A la fecha, no se tiene conocimiento de que algún policía esté siendo investigado por los abusos ocurridos durante la brutal represión del gobierno contra manifestantes en 2018, que dejó más de 300 muertos y 2.000 heridos, además de cientos de detenciones arbitrarias.
“La presión internacional y la rendición de cuentas siguen siendo fundamentales para una transición democrática en Nicaragua, y el Grupo de Expertos desempeña un papel clave para lograr ese objetivo”, explicó Taraciuk Broner.
