Organizaciones de la sociedad civil publicaron una evaluación que detalla la inacción deliberada del Estado de Nicaragua, que no ha detenido ni reparado las graves violaciones de los derechos humanos que acontecen en el país, tal y como se le insta en la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH).
El Colectivo 46/2, una coalición de ONG internacionales y nicaragüenses que lleva el nombre de la resolución adoptada por el CDH en marzo de 2021 para abordar la crisis de derechos en Nicaragua, elaboró una evaluación de tres capítulos sobre el nivel del cumplimiento de la resolución 46/2 por parte del Estado. La evaluación concluyó que, desde abril de 2021, el Estado no ha dado ningún paso para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, al contrario, ha tomado medidas en la dirección opuesta.
“Todos los organismos de derechos humanos interamericanos y de la ONU son inequívocos: las autoridades no sólo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, provocando desplazamientos masivos y alentando más violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes,” señaló Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.
“El continuo desprecio del Estado por el diálogo con la ONU se ha evidenciado en la negativa a responder las preguntas de un comité de expertos sobre derechos socioeconómicos e ignorando las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los últimos tres años” – dijo Mariel Merayo, Coordinadora para Latinoamérica del Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Center).
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos deben revisar la resolución 46/2 en marzo. En vista de que Nicaragua sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, los miembros del Consejo deben tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas: es hora de que el Consejo establezca un mecanismo internacional que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, identifique a los autores y preserve las pruebas, todo ello con una perspectiva de género e interseccional.
“Ortega ha dejado claro que no tiene intención de revertir el rumbo. Sin embargo, los autores de graves violaciones de derechos humanos no pueden esconderse para siempre: la ONU debe sembrar las semillas para la futura rendición de cuentas, tanto en Nicaragua como en cualquier lugar del mundo a través de otros mecanismos internacionales de acceso a la justicia” – declaró Juan Carlos Arce, miembro del consejo de coordinación y coordinador de fortalecimiento organizativo del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“El Estado de Nicaragua ha tenido amplias oportunidades para comprometerse de buena fe con la comunidad internacional: rechazó todas y cada una de ellas. En lugar de ello, los dirigentes nicaragüenses han preferido redoblar la represión de los derechos humanos y silenciar cualquier cualquier forma de disidencia», declaró Raphael Viana, responsable de programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos. «La comunidad internacional debe establecer un mecanismo que garantice la recopilación de pruebas para que se restablezca la justicia y el Estado de derecho en Nicaragua.”
Esta es la tercera evaluación publicada por el Colectivo 46/2, que analiza el período octubre-diciembre de 2021, incluyendo el proceso electoral de noviembre. Las dos evaluaciones anteriores se publicaron en agosto y noviembre de 2021. Estos tres informes se basan en una amplia documentación del monitoreo realizado por el sistema de la ONU y del sistema interamericano, para examinar el cumplimiento de Nicaragua de las 14 recomendaciones formuladas en la resolución de la ONU de marzo de 2021, incluidas las relativas a las detenciones arbitrarias, la reducción del espacio de la sociedad civil, la violencia sexual y de género, y los derechos de los pueblos indígenas.
En ningún momento las autoridades nicaragüenses han dado pasos serios, ni han demostrado voluntad, para abordar alguno de los puntos mencionados. Por lo tanto, el Colectivo 46/2 seguirá haciendo campaña para que se tomen medidas más estrictas sobre el Estado nicaragüense en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos.
***
Para más información, póngase en contacto con: Francisco Pérez (f.perez@ishr.ch , +41789245684) o Tania Agosti (agosti@raceandequality.org , +41786193393)
Información adicional:
El Colectivo 46/2 es una coalición de 21 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que monitorea la implementación por parte del gobierno nicaragüense de las 14 recomendaciones dirigidas a él en la resolución 46/2 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021. El Colectivo ha investigado, documentado e informando periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del Gobierno de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las preocupaciones de la comunidad internacional en esta materia. El Colectivo pide a la ONU que designe un grupo de expertos internacionales para investigar la crisis de derechos humanos que se vive en el país desde abril de 2018. Por razones de seguridad no se pueden proveer los nombres de todas las organizaciones miembros del Colectivo. Más información: https://www.mecanismoparanicaragua.org/
