La violenta represión gubernamental de las protestas, que según organizaciones de los derechos humanos han dejado un saldo de más de 300 víctimas mortales, cogieron desprevenidos a la mayoría de los nicaragüenses, inclusivo a los periodistas.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 10 de julio de 2018.
Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina
En la sede temporal de Radio Darío en la ciudad nicaragüense de León, los periodistas han preparado dos salidas de emergencia: una trampilla que se abre y da al comedor de la casa vecina y una escalera que lleva a la azotea.
Los trabajadores de Radio Darío, comprensiblemente, están atemorizados. Una decena de ellos quedó atrapada dentro de la sede original de la radioemisora el 20 de abril, cuando una turba progubernamental la incendió. Los trabajadores escaparon, pero las instalaciones quedaron destruidas, un guardia de seguridad recibió quemaduras y fue hospitalizado, y dos de los autores del incendio murieron en las llamas, según informaciones de prensa.
«Trataron de quemarnos vivos», expresó Henry Blanco, reportero de Radio Darío, en declaraciones ofrecidas durante una visita que el CPJ efectuó el mes pasado a la ordinaria vivienda de León que ahora es sede de la radioemisora. «Pero nos estamos adaptando».
El ataque se insertó en una ola de violencia contra los medios independientes nicaragüenses, que siguen cubriendo un alzamiento contra el presidente Daniel Ortega que ya lleva tres meses de duración. Un periodista murió a causa de disparos mientras informaba en vivo por Facebook. Muchos otros periodistas declararon al CPJ que habían sido blanco de golpizas y de disparos procedentes de francotiradores, o que agentes de la Policía y grupos parapoliciales partidarios de Ortega les habían robado el equipo de trabajo.