El gobierno del presidente Daniel Ortega continúa su escalada represiva para criminalizar a los periodistas en Nicaragua, en un intento por lograr un silencio informativo. La detención, encarcelamiento y las acusaciones contra el periodista Víctor Ticay son una muestra más de la crisis social, cultural y política debido a la violación sistemática de los derechos humanos.
El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía Nacional de Nicaragua acusó a Víctor Ticay de los supuestos delitos de traición a la patria y ciberdelito, según múltiples noticias. Por esos delitos podría enfrentar penas hasta de diez años de prisión y además de perder su nacionalidad. Ticay se encuentra detenido en el Distrito # 3 de Policía, según sus familiares e informes públicos, desde el 6 de abril de 2023, después de que informara en Facebook sobre una celebración católica el 5 de abril de 2023. El gobierno de Daniel Ortega ha prohibido la expresión religiosa en los espacios públicos.
De acuerdo con información pública, el periodista fue detenido e incomunicado cerca de 40 días y durante ese tiempo estuvo en un limbo jurídico; ni lo acusaban ni lo dejaban libre, ni le informaban a sus familiares sobre su paradero ni los motivos de su detención. Ticay es colaborador del Canal 10 y director de la página de «La Portada» en donde ha documentado violaciones de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua.
Además de Ticay, dos periodistas más han sido judicializados en el último mes por la supuesta propagación de noticias falsas. El 3 de mayo fueron detenidos en Bluefields la directora de Doce Noticias y corresponsal de Canal 10, Hazel Zamora, y William Aragón, ex corresponsal de La Prensa, a quienes se les ha dispuesto casa por cárcel y deben presentarse a diario a los juzgados.
El 31 de marzo de 2023, un informe del Grupo de Expertos de la ONU detalló la gravedad del ataque a los derechos humanos en Nicaragua y confirmó la necesidad de continuar la vigilancia internacional en esta materia. El informe expone pruebas de violaciones generalizadas de derechos humanos perpetradas por las autoridades nicaragüenses, como homicidios, encarcelamientos, tortura, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Concluyó además que los abusos son «producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y de la destrucción del espacio cívico».
El Grupo de Expertos concluyó su informe con recomendaciones detalladas sobre las medidas que deben adoptar el Estado de Nicaragua y la comunidad internacional para que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas. En febrero de 2023, el se despojó de su ciudadanía y se confiscó los bienes de al menos 317 personas críticas al gobierno. Además, el pasado 18 de abril en el marco del aniversario de la represión en contra de opositores al gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el restablecimiento de la democracia de la mano de un proceso que garantice el acceso a la justicia. Para sentar las bases de la democracia la garantía del ejercicio de la libertad de expresión es fundamental.
Las organizaciones abajo firmantes exigimos la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay, así como el levantamiento de las medidas restrictivas de la libertad contra Hazel Zamora, y William Aragón y exhortamos a las autoridades nicaragüenses a poner fin a la represión en contra las voces disidentes en Nicaragua. Las organizaciones mantendremos el trabajo de monitoreo y visibilización de los ataques a la libertad de expresión en Nicaragua.