El gobierno se niega a renovar el pasaporte de Hernán Uribe Ortega, periodista conocido por su compromiso político, debido a una causa judicial que data de hace más de 60 años.
ACTUALIZACIÓN: Periodista recibió finalmente su pasaporte (RSF, 24 de agosto de 2012)
(RSF/IFEX) – El 20 de agosto de 2012 – A Hernán Uribe Ortega, periodista de 88 años de edad conocido por su compromiso político y su combate a favor de la profesión periodística, lo esperan en Caracas el 1 y 2 de septiembre próximos para el XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), organización de la que fue cofundador en 1976. No obstante, a inicios del mes de agosto le negaron al periodista su pasaporte debido a una causa judicial que data de hace más de 60 años.
“Este episodio sería simplemente absurdo si no atentara contra la libertad de desplazarse de un hombre cuya profesión es informar. A Hernán Uribe ya le habían negado la renovación de su pasaporte en 2006 por las mismas razones. ¿Acaso debe justificar un pasado judicial, prescrito desde hace tanto tiempo, cada vez que expiren sus documentos de identidad? El pimpón burocrático ya ha durado bastante y el gobierno, responsable de él, debe ponerle fin sin demora. Hernán Uribe debe poder viajar a Caracas en septiembre”, declaró Reporteros sin Fronteras.
El joven Hernán Uribe, quien trabajaba para del diario Democracia –hoy desaparecido– bajo la presidencia de Gabriel González Videla (1946-1952), enfrentó en 1951 una condena por “injurias al jefe de Estado” acompañada de una orden de arraigo domiciliario de la Policía de Investigaciones (PDI). Según la ley, el delito prescribe pasados cinco años. Cinco años también es el plazo de validez de un pasaporte chileno. Hernán Uribe utilizó el suyo por última vez en 2005 para asistir a un encuentro de la Felap en Buenos Aires.
En junio de 2006 el documento expiró y el periodista intentó renovarlo porque planeaba participar en julio de ese año en el festejo de los 30 años de la Felap, celebrados en México. El Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), encargado de la expedición de pasaportes, se lo negó: se le ordenó a Hernán Uribe probar que purgó la pena pronunciada contra él en 1951. En efecto, una ley votada en 2002 autoriza al gobierno a solicitar este tipo de documentos. Al mismo tiempo se exigió a Hernán un documento relativo a otro caso de libertad de expresión que data de 1969, que lo enfrentaba con el entonces Ministro de Economía, Andrés Zaldívar, pero que no resultó en ninguna condena. El periodista obtuvo finamente su pasaporte en el último minuto gracias al apoyo del gremio.
Seis años más tarde, la historia se repite: en nombre de la misma ley de 2002, la PDI y el SRCEI se achacan mutuamente la responsabilidad de la pérdida de documentos judiciales que demuestren los hechos prescritos. “La PDI dice que el problema concierne al SRCEI y que no posee la orden de arraigo contra Hernán Uribe. El SRCEI replica que se trata de un problema informático de la policía”, nos resume Marcelo Castillo , presidente del Colegio de Periodistas (CDP) de Chile, quien asegura que, tras una entrevista que tuvo el 9 de agosto pasado con el Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, se le prometió la intervención gubernamental a favor de Hernán Uribe. En dicha reunión, llevada a cabo en el palacio de La Moneda, se abordaron de forma prioritaria los numerosos casos de agresiones a periodistas registrados durante las manifestaciones de estos últimos meses.
Periodistas aún en riesgo
La seguridad de los periodistas sigue siendo un reto vigente ahora que se reanudan las movilizaciones estudiantiles. Se anunció una huelga general por la educación para el 23 de agosto próximo. La mañana del 16 de agosto una operación de evacuación de los liceos ocupados se saldó con el arresto de 72 personas y el incendio de una unidad móvil de la Red Televisión, atribuida a un grupo de jóvenes.
Reporteros sin Fronteras hace de nuevo un llamado a la responsabilidad a los diferentes actores, en especial a las fuerzas del orden, acusadas con frecuencia por sus excesos. La organización también reitera su deseo de que se retire el proyecto de “Ley Hinzpeter” –una reivindicación fundamental de las actuales manifestaciones– que criminaliza la expresión pública y con la que, en su versión inicial, se corría el peligro de convertir a los periodistas en auxiliares de la policía.
Finalmente, continúa la vigilancia respecto a la seguridad de algunos periodistas que cubren temas delicados. “Pensamos en especial en Mauricio Weibel, presidente de la Unión Sudamericana de Asociaciones de Corresponsales de Prensa Internacional y corresponsal de diversos medios de comunicación extranjeros. Desde que comenzó a hacer públicos elementos de archivos desclasificados de la dictadura (1973-1990) abiertos recientemente, el periodista fue advertido de los ‘riesgos’ que corre. Mauricio Weibel debe gozar de una protección adaptada a su situación”, concluyó Reporteros sin Fronteras.
