Abril 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión preparado por la editora regional de IFEX, Paula Martins, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Sin verdad, ni justicia, ni reparación
Hace tres años, en abril de 2018, el presidente de Ecuador Lenín Moreno confirmó la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra, un equipo de periodistas del diario El Comercio. Los tres habían sido secuestrados en el pueblo de Mataje, cerca de la frontera con Colombia, donde habían ido a cubrir la presencia del Frente Oliver Sinisterra, una facción escindida de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
A pesar de los esfuerzos binacionales iniciales y de la participación en el caso de un grupo de trabajo especial formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar con las investigaciones, miembros de IFEX-ALC sostienen que las autoridades colombianas y ecuatorianas les han fallado a las familias de las víctimas.
El 12 de diciembre de 2019, la CIDH presentó el informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) creado para hacerle seguimiento al caso. En él se recomendaba a los Estados de Colombia y Ecuador que establecieran mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral para los familiares de los periodistas.
Según el miembro de IFEX, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia ha hecho caso omiso de las recomendaciones del informe y no ha tomado ninguna medida específica para garantizar la reparación de las víctimas; tampoco ha mostrado avances en cuanto a las recomendaciones sobre acceso a la información y transparencia en las investigaciones.
Para la FLIP, la “verdad, la justicia y la reparación se encuentran ausentes en este caso”. Las investigaciones no muestran avances significativos y se ha dictado solamente una sentencia contra los responsables. En octubre de 2020, se inició un proceso de reparación directa que busca declarar la responsabilidad del Estado colombiano en las muertes.
En marzo de 2021, el miembro de IFEX Fundamedios (Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios), solicitó un espacio de diálogo en la CIDH, en el marco del 179° período de sesiones del organismo, en el que señaló la falta de cooperación del Estado ecuatoriano en la desclasificación de información sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Tanto FLIP como Fundamedios han exhortado a los Estados colombiano y ecuatoriano a que cumplan sus obligaciones internacionales y garanticen que no pasará otro aniversario de este importante caso sin que se haga justicia.
Mediación tecnológica que profundiza la desigualdad
Según una nueva investigación del miembro de IFEX Derechos Digitales, asistimos a una tendencia silenciosa hacia la implementación en América Latina de distintos sistemas tecnológicos para controlar el acceso a la “protección social”, es decir, a las políticas desarrolladas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad social y la exclusión.
A pesar de que hay una expansión de estas políticas en la región, con demasiada frecuencia estas suelen estar acompañadas de condiciones (a veces explícitas, otras implícitas) que afectan al acceso. Además, estas políticas están sujetas a “mediación tecnológica”, es decir, requieren de sistemas biométricos como reconocimiento facial o la toma de huellas dactilares, aplicaciones web o registros digitales unificados. Derechos Digitales advierte que en vez de erradicar las desigualdades, estos sistemas podrían terminar profundizándolas.
Venezuela es un ejemplo de ello. En medio de la prolongada crisis humanitaria por la que atraviesa el país, se han implementado sistemas biométricos para controlar la compra de artículos de primera necesidad, lo que ha dado lugar a denuncias de discriminación contra extranjeros y personas transgénero que precisan acceder a tales bienes.
Para conocer más sobre este y otros casos, lea el informe completo.
Estigmatización, censura e intimidación en Venezuela
En abril, el miembro de IFEX-ALC Espacio Público presentó su informe de marzo de 2021, en el que se documentan 47 violaciones de la libertad de expresión durante el período cubierto, entre ellas, siete detenciones arbitrarias. La mayoría de los casos tienen que ver con la difusión de información en plataformas digitales y con obstáculos a la labor de investigación y comunicación de miembros de la prensa. Además, se interrumpieron las señales de dos emisoras de radio y hubo tres denuncias de hostigamiento e intimidación contra periodistas.
Durante el mismo período, otro miembro de IFEX-ALC, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), publicó los resultados de su seguimiento de campañas de desprestigio llevadas a cabo para atacar a quienes buscan informar al público venezolano o cuestionan las acciones del Estado. En el informe se señala que, en el primer trimestre de 2021, 11 periodistas, 10 medios de comunicación y 3 organizaciones de la sociedad civil fueron víctimas de discursos estigmatizantes. Según IPYS, en los primeros tres meses del año la criminalización del trabajo periodístico y las campañas sistemáticas de desprestigio se convirtieron en el nuevo mecanismo de ataque contra los trabajadores de la prensa.
Las restricciones al espacio cívico y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela también fueron destacadas en una declaración del 30 de marzo firmada por más de 600 organizaciones en rechazo al registro obligatorio de grupos sin fines de lucro. A partir de la Providencia Administrativa No. 001-2021, dictada recientemente por el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro están obligadas a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
Molotov, desinformación y elecciones en Perú
El 6 de abril, el candidato presidencial por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó en su cuenta de Twitter información falsa sobre unos presuntos trabajos que habría realizado el periodista Marco Sifuentes para el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
En la madrugada del 14 de abril, desconocidos tiraron una bomba molotov contra el automóvil de Roberto Sánchez Mamani, un periodista de la emisora de radio La Estación en Tacna, una región del sur de Perú. El periodista relató al IPYS que venía recibiendo amenazas desde marzo y que el ataque podría haber sido en represalia por sus cuestionamientos de algunos candidatos parlamentarios de la provincia de Tacna en los días previos a las elecciones del 11 de abril.
El 21 de abril, el portal de periodismo investigativo IDL-Reporteros denunció que un grupo no identificado había creado una cuenta falsa de Facebook usando su logo y nombre para publicar contenido fraudulento relacionado con la segunda vuelta eleccionaria en Perú.
Disposiciones contra las violencia de género en línea en México
Feministas representantes de la sociedad civil, el sector académico, abogadas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres manifestaron su preocupación ante la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por la que se propone incluir la violencia digital. Reclaman que no se las tuvo en cuenta en el proceso de revisión legislativa.
Opinan que en su actual versión el proyecto de ley tiene un enfoque punitivista, dado que pone demasiado énfasis en el castigo y las represalias y muy poco en la prevención; y por lo tanto es contraproducente. También rechazan su definición de violencia digital contra las mujeres, argumentando que no se corresponde con las muchas formas en que se manifiesta dicho fenómeno en la realidad. Organismos, organizaciones e instituciones defensoras de derechos consideran que la violencia digital contra las mujeres incluye el hackeo, la suplantación, la vigilancia, el acoso, el hostigamiento, el reclutamiento, las prácticas conocidas como doxing y stalking y la difusión del discurso de odio sexista, entre otras. El proyecto aprobado también le otorga al Ministerio Público facultades desmedidas en casos tipificados como de violencia digital y violencia mediática.
Arte y protestas en Cuba
IFEX-ALC, otros miembros de IFEX y otras organizaciones denuncian el acoso sistemático continuo de periodistas, artistas y activistas en Cuba. Este pasado mes de abril, agentes del gobierno irrumpieron en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara y destruyeron varias de sus obras. Luis Manuel es líder del Movimiento San Isidro y ha sido víctima de reclusión domiciliaria y vigilancia permanente.
En lo que va de 2021, el miembro de IFEX ARTÍCULO 19 ha registrado 31 ataques contra este artista, entre ellos 15 instancias de arresto domiciliario, 14 detenciones arbitrarias y diversos actos que forman parte de una campaña de difamación contra él, además de la constante vigilancia a la que es sometido.
También se han cometido actos de hostigamiento y amenazas contra otras personas que han expresado su solidaridad con Luis Manuel. El 29 de abril, cerca de 20 personas que intentaron visitarlo en su hogar fueron arrestados, incluidos algunos de sus familiares.
ARTÍCULO 19 y otras organizaciones le han reiterado al gobierno cubano que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Movimiento San Isidro, el acoso y la intimidación por agentes del gobierno no han hecho más que aumentar.
Grupo de trabajo de defensa contra la desinformación
El 29 de abril, los miembros de IFEX Pen America y la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con otras organizaciones, enviaron una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que recomendaban el establecimiento de un Grupo de Trabajo de Libertad de Expresión y Defensa contra la Desinformación. Según la coalición que firma la carta, “la prevalencia de mentiras, propaganda y teorías conspirativas relacionadas con las elecciones de 2020, COVID-19 y la reciente insurrección en el Capitolio ilustran la amenaza clara y real que representa la desinformación para nuestra democracia y seguridad nacional. No obstante, somos también conscientes de que las soluciones que se adoptan en momentos de crisis pueden en sí mismas plantear riesgos significativos para nuestras libertades fundamentales”.
Los grupos que conforman la coalición proponen que el Grupo de Trabajo sea encabezado por el Director Ejecutivo del Consejo de Políticas Internas y tenga los siguientes cometidos:
- Desarrollar enfoques gubernamentales que prioricen la defensa de la libertad de expresión en la lucha contra la desinformación;
- Promover iniciativas para mitigar el impacto de la desinformación en las comunidades negras, latinas, indígenas, de descendencia asiática y de las islas del Pacífico, rurales e inmigrantes que son blanco deliberado de la desinformación y se ven desproporcionadamente afectadas por ella, así como los veteranos que son vulnerables a campañas de desinformación;
- Identificar las facultades de investigación, divulgación y recolección de información que pudieran tener los organismos federales y que puedan aprovecharse para una mayor comprensión de la desinformación y las posibles intervenciones;
- Apoyar la investigación sobre el problema sociotécnico de la desinformación, y en particular su impacto en las comunidades negras, latinas, indígenas, de descendencia asiática y de las islas del Pacífico, rurales e inmigrantes; la prevalencia de la desinformación en español en los Estados Unidos; y definir mecanismos de financiación y prioridades de investigación a nivel federal;
- Definir estrategias para aumentar la alfabetización mediática de niños y adultos como forma de frenar la propagación de la desinformación;
- Trabajar con compañías de redes sociales sobre medidas de defensa contra la desinformación que puedan adoptar las plataformas; y
- Brindar capacitación para directivos y personal de gobierno en materia de estrategias contra la desinformación.
Una amenaza existencial a internet libre en Canadá
A fines de abril, el gobierno federal canadiense presentó y aprobó una enmienda al proyecto de ley C-10 que determinaría que todos los contenidos audiovisuales generados por usuarios en las plataformas en línea fueran sometidos a las facultades de regulación de la Comisión Canadiense de Radio-Televisión y Telecomunicaciones (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, o CRTC).
Grupos de defensa de derechos digitales sostienen que la enmienda se introdujo a último momento y sin dar debida participación y discusión al público.
El miembro de IFEX OpenMedia ha estado haciendo campaña contra el proyecto de ley C-10. Según OpenMedia, “darle potestades a la CRTC para que regule lo que la gente publica en internet en el marco de las normas de radiodifusión representa una amenaza a internet libre en Canadá”. La campaña del grupo llama a los legisladores a votar en contra del proyecto de ley C-10.
Seguridad nacional y libertad de expresión en Brasil
La Ley de Seguridad Nacional de Brasil existe desde 1983. Aprobada sobre finales de la dictadura militar, tipifica delitos contra la seguridad nacional y el orden político y social y se ha utilizado principalmente para perseguir a huelguistas y manifestantes.
En 2018, la ley volvió a concitar la atención del público luego de que se usara como fundamento jurídico para acusar del delito de “ataque personal por disconformidad política” a Adélio Bispo de Oliveira, por haber apuñalado durante la campaña presidencial al entonces candidato a la presidencia y hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Más recientemente, la Ley de Seguridad Nacional volvió a ser tema político ante disputas entre el gobierno de Bolsonaro y sus partidarios, por un lado, y grupos y entidades que se oponen a ciertas acciones impulsadas por su administración, por el otro.
La Cámara de Diputados de Brasil está considerando ahora un nuevo proyecto de ley para sustituirla. El miembro de IFEX EFF advirtió que el proyecto de ley 6764/02, con el que se propone reemplazarla, tiene varios aspectos inquietantes, algunos particularmente preocupantes para los derechos digitales. Incluso con redacciones alternativas que intentan aclarar esos aspectos, subsisten problemas.
Lea el análisis (en portugués) de las disposiciones preocupantes, así como las recomendaciones de cambios aquí.
ADC y ARTÍCULO 19 lanzan PubliElectoral en México
PubliElectoral es una herramienta tecnológica que detecta y analiza las publicidades políticas difundidas en la campaña para las elecciones que se celebrarán el 6 de junio en México, que serán las más grandes de la historia de ese país.
La herramienta, creada por la Asociación para los Derechos Civiles (ADC), uno de los miembros de IFEX, fue lanzada durante la última campaña presidencial de Argentina en 2019. Surgió de la necesidad de contar con una herramienta de medición independiente que hiciera seguimiento a los anuncios de campaña en redes sociales, con la cooperación de usuarios de internet. En 2020, fue utilizada en Chile para reunir información sobre publicidades políticas relacionadas con el plebiscito nacional de octubre de ese año.
En breve
Colombia – El 20 de abril, un hombre no identificado que se desplazaba en moto disparó contra un reportero gráfico freelance que colabora habitualmente con Colombia Informa, un sitio web de noticias independiente de la ciudad suroccidental de Cali. Luis Carlos Ayala, que sufrió heridas superficiales a raíz del ataque, dijo a CPJ que hacía seis meses que trabajaba en un proyecto periodístico independiente sobre grupos indígenas y afrocolombianos que defienden sus tierras de intereses empresariales y grupos narcotraficantes en el departamento del Cauca, al sur de Cali.
México – El 23 de marzo, Dianeth Pérez Arreola, periodista de investigación y fundadora del sitio web Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad, recibió un oficio de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Electorales del estado de Baja California en el que se le ordenaba eliminar de su portal de noticias toda referencia a Natalia Rivera, una candidata política local. La periodista recibió luego otros dos oficios del mismo tenor. En ellos se advertía a Pérez Arreola que si se negaba a cumplir con la orden sería arrestada o multada.
Uruguay – La coalición de gobierno logró el consenso necesario entre sus parlamentarios para retomar la discusión de la nueva Ley de Medios en Uruguay. Según informes de prensa, el consenso se refiere a las disposiciones sobre concentración de la propiedad de los medios, la posibilidad de que las compañías de TV para abonados ofrezcan servicios de Internet y la retransmisión de señales de TV abierta por proveedores de TV cable. El miembro de IFEX-ALC en ese país, Observacom, advierte que en su versión actual el proyecto de Ley de Medios propuesto por el oficialismo promueve mayor concentración y menos pluralismo en los medios.
Argentina – El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), miembro de IFEX, denunció la agresión física de la que fue víctima el reportero gráfico Diego Izquierdo, de Mar del Plata, y reclamó a las autoridades locales que llevaran a cabo una investigación exhaustiva de los hechos. Izquierdo, de Puerto Magazine, fue atacado el 21 abril cuando se preparaba para cubrir una asamblea del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Según la denuncia presentada, el sindicalista Ernesto Sergio Basail se acercó a él reprochándole porque sacaba fotos y comenzó a insultarle. Luego lo empujó, lo tiró al piso y procedió a propinarle patadas.
