Junio de 2022 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El agravamiento de la crisis social y política en Ecuador trae consigo un inquietante aumento de las agresiones violentas a periodistas. Los asesinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips en Brasil indignan al mundo entero y generan preocupación sobre el futuro de la Amazonía, en un contexto de tensión electoral. La libertad de prensa en Perú continúa bajo ataque. En los Estados Unidos, una decisión histórica contra los derechos reproductivos alarma a los defensores de los derechos digitales y la privacidad.
Ecuador: el resultado de una década de estigmatización contra la prensa
A dos años de la crisis que sacudió a Ecuador en 2019, el país se vio nuevamente conmocionado por una ola de protestas contra el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El paro nacional indefinido iniciado a mediados de junio se intensificó, al tiempo que las manifestaciones se tornaron violentas. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, por sumarte, dejaron tras de sí varios muertos y heridos entre los manifestantes. Hubo denuncias de uso abusivo de la fuerza por parte de agentes del orden; en particular luego de que se produjeran ataques contra edificios públicos y en algunos casos, choques violentos entre quienes apoyaban las marchas y quienes se oponían a ellas.
El gobierno reaccionó declarando un estado de excepción que, si bien ya se levantó, generó preocupación entre organizaciones de la sociedad civil.
La violencia ha afectado en particular a periodistas. Fundamedios registró un total de 159 periodistas y trabajadores de los medios que han sufrido agresiones desde que comenzó el paro general, en incidentes en los que la mayoría de los agresores fueron manifestantes.
Las agresiones han sido tanto físicas como digitales y han estado acompañadas de insultos virulentos, muchas veces dirigidos contra trabajadores de la prensa, acusándolos de “vendidos” y “mentirosos”. También han sido hackeadas las cuentas de redes sociales de algunos periodistas y líderes indígenas. Tanto representantes del gobierno como dirigentes indígenas han apelado a los manifestantes, instándolos a no recurrir a la violencia. Incluso el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, pidió a los manifestantes que dejaran trabajar a la prensa.
Para la periodista Arahí Vega, no obstante, estos ataques forman parte de una alarmante tendencia más amplia que se ha visto en los últimos años: “un sesgo de lo que yo llamo una década de un discurso contra los periodistas que ha calado tan profundo” en la sociedad ecuatoriana.
Combinado con la impunidad que ha seguido a la mayoría de las agresiones – incluidas las que se produjeron durante la crisis de 2019 – el contexto actual obliga a los y las periodistas en Ecuador a trabajar en un cruce de múltiples amenazas.
Al momento de publicar este informe, trascendió la noticia de que el gobierno y los manifestantes habían llegado a un acuerdo y que la CONAIE levantaba el paro. No obstante, la situación continúa evolucionado. Puede seguir a Fundamedios en Twitter para conocer más detalles.
Brasil: malas noticias desde la Amazonia en medio de tensiones electorales
En junio se conoció la trágica noticia confirmando la muerte del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, que habían desaparecido a principios de mes durante una expedición por el río Itaquaí. IFEX e IFEX-ALC se sumaron a más de una docena de organizaciones de derechos humanos para expresar su indignación y profundo pesar y llamar la atención sobre el alarmante historial de las autoridades brasileñas en materia de desprecio por la libertad de expresión y los derechos humanos en general.
Pereira y Phillips estaban investigando sobre la pesca ilegal en territorios indígenas, pero su asesinato pone de manifiesto el complejo entramado de actividades que se desarrollan en la zona, en particular la minería y el narcotráfico. El caso también ha resaltado críticamente la actitud de Bolsonaro hacia la alarmante explotación de la Amazonia, que torna aún más peligroso el trabajo periodístico y de defensa de derechos. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, subrayó cómo las autoridades perdieron un tiempo sumamente valioso en la búsqueda de Phillips y Pereira. Bolsonaro, por su parte, culpó a las víctimas, diciendo que se habían embarcado en una suerte de “aventura” imprudente.
Si bien la hostilidad de Bolsonaro hacia la prensa ya era bien conocida, este caso llevó a que organizaciones como Artigo 19 volvieran a insistir en que periodistas y activistas en la Amazonia estaban “en la primera línea de fuego” y, hoy más que nunca, necesitaban protección.
Según Clarinha Glock de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), “existe una autorización implícita [para matar a un periodista extranjero] cuando un gobierno difama, amenaza e impide a los periodistas informar sobre los hechos”.
Esto es aún más preocupante si se tiene en cuenta otra serie de elementos importantes que inciden en la situación, a saber, la advertencia emitida por expertos sobre un “colapso” ambiental de la selva amazónica si Bolsonaro es reelecto presidente, sumado a las campañas masivas de desinformación impulsadas por grupos de partidarios de Bolsonaro de cara a las elecciones y las afirmaciones del propio presidente en las que ha sugerido que no aceptaría resultados adversos o incluso que no podría controlar la reacción de sus votantes en caso de no ganar las elecciones de octubre.
Perú: sí, pero…
En Perú se retiró la demanda contra el periodista Christopher Acosta y el editor de Penguin Random House Jerónimo Pimentel. El juez Jesús Vega los había condenado a cumplir una pena de prisión suspendida—con controles biométricos y derecho a salir de sus domicilios solo con autorización judicial—y a pagar 400.000 soles (US$ 100.000) al demandante, el político y empresario César Acuña.
No obstante, el clima general en materia de libertad de expresión en Perú sigue deteriorándose. Tras su visita, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe sobre “un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación”.
Las recomendaciones del informe – entre ellas las de garantizar el acceso a la prensa, rechazar la violencia e investigar los ataques – fueron celebradas por organizaciones locales y regionales. Sin embargo, algunos expertos señalaron que, dado el deterioro de la libertad de prensa básica en los últimos años es necesario tomar medidas concretas para asegurarse de que los funcionarios gubernamentales entiendan el papel de la prensa y respondan adecuadamente a sus pedidos.
Las cosas también podrían empeorar antes de que comiencen a mejorar, si es que prospera un proyecto de ley que busca criminalizar las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha denunciado que este proyecto de ley es “claramente violatorio de la libertad de información” y es “un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno”.
El fin de Roe vs. Wade en los Estados Unidos: un golpe a los derechos reproductivos – y a la privacidad
“La diferencia entre hoy y la última vez que el aborto fue ilegal en Estados Unidos es que ahora vivimos en una era de vigilancia digital sin precedentes”.
La Corte Suprema de Estados Unidos sacudió a toda la región al revocar oficialmente la sentencia conocida como “Roe contra Wade”, quitándole así al derecho al aborto en Estados Unidos el carácter constitucional que había adquirido con la sentencia. La decisión tiene efectos de largo alcance en términos de derechos reproductivos, en particular para las comunidades negras e hispanas. Por su parte, los defensores de los derechos digitales están llamando a tomar medidas urgentes para proteger la privacidad de los datos y el acceso a la información. A pocos días de la decisión, Facebook ya había eliminado contenido referido a pastillas abortivas, mientras que varias cuentas de Instagram que defienden el aborto se encontraron con que sus publicaciones o historias estaban ocultas, tapadas por una advertencia que las describía como de “contenido sensible”, aunque eran puramente informativas y no mostraban fotografías de abortos.
La revocación del fallo deja la puerta abierta a nuevas leyes y oportunidades para estrategias de grupos antiabortistas. Eva Galperin, directora de seguridad cibernética de la Electronic Frontier Foundation (EFF), destacó la importancia de mirar de cerca la inmensa cantidad de datos que han sido recolectados por compañías tecnológicas y agentes de datos a lo largo de los años, ya que esa información puede ser usada para rastrear, acosar e incriminar: “La diferencia entre hoy y la última vez que el aborto fue ilegal en Estados Unidos es que ahora vivimos en una era de vigilancia digital sin precedentes”.
[ Translation: No es momento de encogerse de hombros y decir que ya es tarde y no hay nada que hacer. Ahora es momento de hacer preguntas difíciles en el trabajo. Tienen los datos del mundo en sus manos y se les va a pedir que los utilicen para oficiar de Pequeños Ayudantes de la Represión. No lo hagan.]
[Los datos de búsqueda importan. Los datos de localización importan. Los datos de salud importan. Las listas de contacto y las listas de amigos importan. Los contenidos de mensajes importan y también importan los metadatos. Si trabajan en tecnología, esto es lo que deben proteger ahora. ]
En respuesta a esta situación, la EFF está promoviendo la Ley “Mi cuerpo, mis datos”, por la que “se requerirá a las empresas y organizaciones no gubernamentales que actúen responsablemente en el manejo de información personal referida a la atención de la salud reproductiva” y se les impondrán restricciones a la recolección, utilización y divulgación de información de salud reproductiva que no es esencial para el servicio que prestan.
En breve
Condena de prisión para la ex presidenta de Bolivia es vista como una politización preocupante de la justicia. Jeanine Añez fue condenada a diez años de prisión por su participación en la caótica retirada del gobierno de Evo Morales, calificada de golpe de estado por los seguidores de este. Sin desestimar la gravedad de los cargos de los que se acusa a Añez – entre ellos, violaciones de los derechos humanos durante la represión de las protestas a pocos días de asumir el cargo-, algunos analistas ven a la sentencia como un nuevo uso del poder judicial para castigar a opositores políticos, una tendencia que ya ha sido señalada por la CIDH.
También en Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó enérgicamente la liberación de dos personas acusadas de secuestrar a periodistas, en lo que llamó un censurable acto de impunidad. Ambos fueron identificados como autores principales de secuestros, así como de golpizas y amenazas de muerte.
Las elecciones en Colombia dejan como resultado el primer presidente de izquierda en la historia del país, pero también agresiones a la prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) encabezó un pronunciamiento público, firmado por otras organizaciones, incluida IFEX-ALC, en el que se expresaba preocupación por la retórica estigmatizadora y de desinformación contra periodistas y medios, así como el efecto de ese discurso en la labor de la prensa y el clima en el que tendrá que trabajar bajo la nueva presidencia.
Preocupación por el aumento de proyectos de ley “contra la libertad de prensa” en la República Dominicana. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de problemáticos varios proyectos de ley que “insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas”, lo que puede llevar a crear un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística.
