Rosendo Duarte anunciaba en un programa radial la realización de una manifestación contra la inseguridad cuando recibió una llamada amenazante.
(SPP/IFEX) – La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresa su profunda preocupación por tener que formular una nueva denuncia pública que se refiere, esta vez, a una seria y grave amenaza sufrida por el periodista Rosendo Duarte, corresponsal del diario «ABC Color» en la ciudad de Salto del Guairá.
Duarte hizo la denuncia ante el SPP el 26 de agosto de 2010. También ese día presentó la denuncia ante el Agente Fiscal de Turno Ramón Trinidad Zelaya, de la jurisdicción de Salto del Guairá, en la frontera con Brasil y situada a unos 500 kilómetros al noreste de Asunción
Duarte, quien en un programa radial anunciaba la realización de una manifestación pública contra la inseguridad que se vive en la ciudad y en la región, recibió una llamada y al aire le advirtieron que «debe cuidar más su boca y su hija, su familia . . .» Dichas manifestaciones fueron vertidas públicamente durante la programación matutina de la Radio Tricolor 96.7, de la cual Duarte es conductor.
Es evidente que la amenaza pone en riesgo la integridad física del periodista y su familia por lo que solicitamos a las instituciones departamentales y estatales que correspondan que realicen las investigaciones necesarias de manera a impedir, por todos los medios legales, que él y su familia pudieran sufrir cualquier tipo de hechos lamentables.
Solicitamos, asimismo, que se arbitren los medios para otorgar a Duarte y a todas y todos los periodistas de la zona la seguridad imprescindible para continuar ejerciendo libremente y sin presiones la profesión de comunicadores sociales.
Desde el SPP manifestamos nuestra solidaridad plena con Duarte y repudiamos todo intento de coartar la libertad de prensa y de expresión por parte de aquellas personas que priorizan sus intereses económicos personales o de grupo sin importarles la seguridad y la vida de las personas y de la comunidad toda.
El SPP recurrirá a las instancias departamentales y estatales correspondientes para hacer respetar las garantías constitucionales que tengan que ver con las libertades de prensa y de expresión, el libre ejercicio de la profesión y, sobre todo, con el derecho a la vida.
