Enero de 2023 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Disturbios en Brasil se traducen en nuevas amenazas a su frágil democracia y en más violencia contra la prensa. En Perú, la prolongada situación de estancamiento político y la violenta represión de las manifestaciones ponen en riesgo a los periodistas que cubren los hechos y exacerban la persecución de voces críticas. Las organizaciones no gubernamentales (ONG), las emisoras de radio y los periódicos de Venezuela vuelven a estar en la mira del gobierno.
Brasil: crónica de una insurrección anunciada
El 8 de enero, Brasil quedó conmocionado cuando grupos violentos partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en los principales edificios de gobierno en Brasilia, la capital nacional, en lo que parecía ser un intento de golpe de estado. Las imágenes de estos hechos tuvieron amplia difusión e inmediatamente suscitaron comparaciones con el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. El asalto fue descrito como algo que muchos veían venir, excepto, al parecer, las plataformas de redes sociales, que no fueron capaces de moderar debidamente los contenidos que difundían información falsa de manera intencional y que alentaron al levantamiento. Lo sucedido fue un potente recordatorio de la capacidad que tienen los grupos extremistas para organizarse y aprender unos de otros, así como de los efectos de la desinformación – en este caso sembrada por grupos pro Bolsonaro y a veces originándose incluso en quienes ocupaban cargos públicos – y cómo esos efectos pueden alimentar graves amenazas a las democracias.
Los periodistas también fueron blanco de quienes protagonizaron los disturbios del 8 de enero. Una de las causas de este tipo de violencia es la desinformación y sus orígenes pueden rastrearse a años recientes. Los trabajadores de la prensa son víctimas muchas veces de estigmatización y violencia (en particular las mujeres periodistas) como reacción a su trabajo, sobre todo por parte de funcionarios gubernamentales. Según una declaración publicada el 13 de enero por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su siglas en portugués), miembro de IFEX, y el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal (SJPDF, por sus siglas en portugués), al menos 16 periodistas fueron agredidos u hostigados en Brasilia durante los disturbios y otros 24 o más fueron atacados en los días posteriores.
Las autoridades reaccionaron rápidamente deteniendo a numerosos involucrados. Se prevé que más de 1.200 personas sean imputadas por su participación en el ataque en Brasilia. Altos funcionarios del gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva investigan a importantes figuras políticas y empresariales sospechosas de organizar, financiar y apoyar de otras maneras a los que perpetraron los disturbios. Han surgido dudas sobre el accionar de las fuerzas del orden, dado que la policía militar inicialmente no reaccionó cuando los manifestantes avanzaron sobre los edificios públicos.
Días después de los disturbios, manifestantes prodemocracia se congregaron frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, reclamando justicia al grito de “¡Amnistía no!”, en alusión a la Ley de Amnistía aprobada en 1979 a la salida de la dictadura brasileña. Aunque la intención de la ley era promover la unidad, en demasiados casos esta terminó siendo un instrumento de impunidad.
Perú: una larga crisis política y aún no se vislumbra su fin
El fallido autogolpe de Pedro Castillo desencadenó una crisis, avivada por la frustración ante situaciones de prolongado estancamiento político e institucional. Tras intentar clausurar el congreso el 7 de diciembre, Castillo fue destituido y detenido. El país se vio entonces sacudido por protestas, sobre todo en las regiones andinas del sur, que habían respaldado la candidatura presidencial de Castillo. En los últimos días, las protestas se trasladaron a la capital, Lima, y han sido encabezadas principalmente por campesinos indígenas que apoyaban el plan de Castillo para combatir la pobreza, el racismo y la desigualdad.
La vicepresidenta Dina Bolouarte asumió como primera mandataria luego de la detención de Castillo. Pero los manifestantes exigen su renuncia, no solo porque son leales a Castillo, sino también por la violenta represión que el gobierno de Bolouarte ha desatado contra ellos. Al menos 57 personas han muerto, en una sucesión de intervenciones y detenciones violentas. La más alarmante de ellas fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Estos y otros hechos han sido ampliamente condenados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha alertado sobre las medidas extremas con las que las fuerzas del orden han respondido a las protestas y a mediados de enero realizó una visita formal al país.
Antes de la crisis actual, Castillo ya había tenido problemas para ejercer su mandato debido a intentos de juicio político y acusaciones de corrupción en su contra. Su relación con la prensa también había sido conflictiva. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), miembro de IFEX, había advertido en reiteradas ocasiones sobre el discurso estigmatizador de Castillo y sus intentos por impedir el acceso a la prensa.
En la situación actual, tanto el IPYS como la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los militares contra los manifestantes y han exhortado a los medios de comunicación a que extremen medidas para proteger a su personal.
Periodistas y trabajadores de los medios han sido blanco de agresiones desde que comenzaron las protestas. Al menos 72 de ellos fueron hostigados por la policía o por manifestantes mientras desempeñaban su labor. Algunos de estos casos han sido documentados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ):
“El 19 de enero, manifestantes en Lima insultaron, escupieron y golpearon a la reportera Lourdes Paucar y al camarógrafo Willy Nieva […], los manifestantes también agredieron a otros miembros de su equipo de prensa, arrojándoles botellas, piedras y ladrillos […] ‘Hay mucho odio dirigido a la prensa. Los manifestantes no confían en nosotros. Dicen que difundimos noticias falsas’.”
Al mismo tiempo, la ANP llamó a que se reconociera el derecho legítimo a la protesta y expresó su preocupación por el discurso que caracteriza la cobertura de las protestas realizada por ciertos medios de comunicación, que han estado utilizando términos como “terroristas” y “vándalos” para referirse a los manifestantes.
Venezuela: ataques a los medios desde varios frentes
El cierre sistemático de emisoras de radio venezolanas continúa en 2023. El último caso afecta a la radio Kalidad 90.3 FM, que fue clausurada luego de 24 años al aire. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dio la orden tras el vencimiento del permiso de la estación, que no había sido renovado. El miembro de IFEX Espacio Público señaló que el vencimiento de las concesiones se produce generalmente debido a los muchos obstáculos burocráticos impuestos por CONATEL y que se suele utilizar para justificar los cierres.
En enero también se produjo un nuevo ataque contra el asediado diario El Nacional. Este periódico, fundado hace 80 años en Caracas, supo ser el más prestigioso del país. Hoy es un medio que solo opera en línea, luego de sufrir situaciones de escasez de papel prensa, multas gubernamentales, demandas por difamación e incautación de su local. El 25 de enero, oficiales de la policía de investigaciones de Venezuela detuvieron al jefe de redacción José Gregorio Meza y a la directora de recursos humanos Virginia Núñez y los interrogaron sobre un artículo publicado recientemente por el diario. En esa nota de prensa se denunciaba un posible vínculo entre el hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra (también político), y dos venezolanos sancionados en 2020 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debido a su presunta participación en actividades ilegales de minería aurífera.
La policía de investigaciones también citó a declarar a otros empleados y periodistas del diario – aunque algunos de ellos no tenían nada que ver con las noticias ni con el artículo en cuestión – y amenazó a familiares de los que ahora viven en el extranjero.
Estas nuevas acciones contra los medios se dan con el trasfondo de la discusión de un nuevo proyecto de ley para regular a las ONG. Dicho proyecto de ley consta de 17 artículos, algunos de los cuales están dirigidos a obtener más información y control sobre las finanzas y actividades de las ONG y darían al gobierno la potestad de cerrar aquellas que no acaten las nuevas normas. Ocho organizaciones internacionales de derechos humanos, entre las que se encuentra Human Rights Watch (HRW), firmaron una declaración conjunta en la que calificaron al proyecto de ley de nuevo ataque a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y su crucial labor de documentación de violaciones de los derechos humanos.
En breve
El periodismo no es un delito: el 11 de enero un juez penal en Chile condenó a Felipe Soto Cortés, jefe de redacción del sitio web de noticias Resumen, por el delito de difamación. Los cargos se relacionan con un artículo donde se denunciaba que un funcionario público recibía pagos excesivos mediante contratos paralelos mientras estaba empleado por el estado. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó a la condena de “amenaza para la democracia”. Soto apelará.
Basta de estigmatización: ARTÍCULO 19 México y Centroamérica publicó un comunicado tras la respuesta estigmatizadora del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, al ser cuestionado por la ausencia de justicia en el asesinato de su padre, ocurrido en Veracruz (México) en 2015. Las preocupaciones de Sánchez son compartidas por los familiares y seres queridos de los numerosos periodistas que han sido asesinados en la región en el ejercicio de su profesión.
Justicia y reparaciones: la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció su sentencia en el caso de Santiago Leguizamón, periodista asesinado a balazos en 1991 en Paraguay, en la región fronteriza de Pedro Juan Caballero. Organizaciones de la sociedad civil, así como otros grupos dedicados a la seguridad de los periodistas, siguen de cerca el cumplimiento de las reparaciones dictadas por la Corte en su sentencia. Dichas reparaciones incluyen la creación de una comisión de la verdad para investigar el caso y también la formulación y adopción de leyes para la protección de los periodistas, en particular los que trabajan en la frontera.
