Julio de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El mes de julio fue testigo de ataques a editores de Bianet en Turquía y de la aprobación de nuevas leyes que amenazan la libertad de expresión y a la sociedad civil en Bielorrusia, Croacia, República Srpska y Rusia; pero también se lograron importantes victorias para el trabajo de defensa y promoción de derechos en Kirguistán y Azerbaiyán.
Editores de Bianet son blanco de ataques
En julio, dos editores de Bianet fueron blanco de ataques en Turquía, por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El 27 de julio trascendió que la editora de la sección de derechos humanos de Bianet, Ayça Söylemez, enfrenta una demanda judicial. La periodista es acusada de “señalar como objetivo a funcionarios antiterroristas” en una columna que escribió para el periódico BirGün en 2020. La columna en cuestión se refería a un juez y algunos de los juicios a periodistas y políticos en los que ese magistrado entendía en la causa. El juez es ahora viceministro de justicia y Söylemez podría recibir una sentencia de hasta tres años de prisión si es condenada.
El 25 de julio el editor de la sección de derechos de las mujeres y las personas LGBTI+ de Bianet, Evrim Kepenek, estuvo entre los cinco periodistas detenidos, junto con Sibel Yükler, Delal Akyüz, Evrim Deniz y Fırat Can Arslan, por compartir un artículo de Arslan en Twitter. El artículo revelaba que entre los jueces de un tribunal que entendía en un caso de alto perfil contra 18 trabajadores de la prensa kurdos estaba el cónyuge del fiscal que preparó la acusación. Los cinco periodistas estarían siendo investigados por “revelar, publicar y atacar a un funcionario público que cumple funciones antiterroristas”. Todos fueron liberados después de un breve período de detención, excepto Arslan, que permanece detenido y fue puesto en régimen de aislamiento. A Kepenek, la periodista de Bianet, se le prohibió viajar fuera del país y por decisión judicial se bloqueó el acceso al artículo de Arslan.
Por otro lado, en julio también se produjo un avance positivo en la situación de los 18 trabajadores de los medios kurdos: 15 de ellos que aún estaban tras las rejas fueron liberados en espera de juicio, luego de pasar 13 meses en prisión preventiva. Los 18 enfrentan cargos de terrorismo infundados.
Un informe publicado este mes reveló que la censura en línea en Turquía está aumentando. El estudio de la Asociación por la Libertad de Expresión, titulado “Blocked Web”, mostró que 137,000 direcciones web fueron bloqueadas en 2022. Esto representa un aumento del 28 % con respecto a la cifra de 2021, un nuevo récord. Según el estudio, un total de 6.528 noticias consideradas de interés público fueron bloqueadas por incurrir en supuestas “violaciones al derecho a la privacidad”. Sorprendentemente, Sabah, el sitio web del diario oficialista tuvo el mayor número de artículos bloqueados.
“Responder a acciones hostiles”
El 1 de julio, el presidente bielorruso Alexander Lukashenka promulgó un proyecto de ley que amplía el control de las autoridades sobre los medios de comunicación. Según la agencia estatal de noticias BelTA, el objetivo del proyecto de ley, que modifica la Ley de Medios de Comunicación Masivos, es “mejorar los mecanismos de protección de los intereses nacionales en el ámbito de los medios, así como ampliar las herramientas para responder a acciones hostiles contra Bielorrusia”.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió que se revocara esta ley, a la que describió como la traducción al ámbito jurídico de prácticas represivas ya ampliamente utilizadas. La nueva legislación faculta al Ministerio de Información a prohibir las actividades de medios extranjeros en Bielorrusia en represalia por las “acciones hostiles” de otro Estado. Además amplía los motivos para bloquear sitios informativos locales y extranjeros y permite que el Estado le retire la habilitación a un medio de comunicación si se considera que su fundador o propietario está involucrado en actividades “extremistas” o “terroristas”. En los últimos años, varios medios de comunicación independientes y actores de la sociedad civil, como la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ), miembro de IFEX, han sido tildados de “extremistas” o “terroristas”.
Entre los acusados de “extremistas” en julio están el periodista Pavel Mazheika y la abogada Yulia Yurhilevich. Ambos recibieron una condena de seis años de prisión por “promover actividades extremistas”. Los cargos se basan en un presunto intercambio de información que tuvieron con el canal de televisión Belsat con sede en Polonia. Belsat fue calificado de “extremista” en 2021. Como señala Human Rights Watch (HRW), la información presuntamente entregada a Belsat ya estaba disponible en sitios web del gobierno bielorruso y se refería a la labor de defensa de presos políticos de Yurhilevich y su inhabilitación para el ejercicio de la profesión decretada por las autoridades en 2022.
Hacia finales de mes, la experiodista Larysa Shchyrakova fue juzgada en un proceso a puertas cerradas por “facilitar actividades extremistas” y “desacreditar a Bielorrusia”. Enfrenta hasta siete años de prisión si es declarada culpable.
[Traducción: Solidaridad con la experiodista Larysa Shchyrakova, quien está siendo juzgada hoy en #Bielorrusia. Enfrenta hasta 7 años de prisión por cargos falsos y está entre los 32 periodistas detenidos en el marco de la represión de Lukashenka contra el espacio cívico.
Liberen a Larysa Shchyrakova. #LiberenALarysa. El periodismo no es delito.]
En junio, en una presentación conjunta a la Relatora Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bielorrusia, ARTICLE 19 denunció que las autoridades bielorrusas utilizan la legislación dirigida a “combatir el extremismo” para reprimir a la sociedad civil.
Este 9 de agosto se cumple el tercer aniversario de las disputadas elecciones presidenciales que mantuvieron a Lukashenka en el poder y desencadenaron una ola de manifestaciones populares en protesta contra el resultado, a las que el gobierno respondió con una dura represión contra la libertad de expresión y la sociedad civil. Miembros de IFEX y otras organizaciones conmemorarán la fecha de varias formas. La cronología de los sucesos en Bielorrusia publicada por IFEX brinda una reseña mes a mes de los hechos clave que ocurrieron en ese país tras las elecciones de 2020.
Ataques legislativos al espacio cívico y a la libertad de expresión
No solo Bielorrusia tuvo novedades legislativas preocupantes en el mes de julio.
A pesar de las protestas internacionales y regionales, la difamación se volvió a tipificar como delito en la República Srpska (RS), la entidad semiautónoma de mayoría serbia de Bosnia-Herzegovina. Los expertos de las Naciones Unidas pidieron a la RS que derogara esta enmienda del código penal que criminaliza la difamación, advirtiendo sobre el evidente riesgo que presenta para la libertad de expresión y el espacio cívico en el país.
En Croacia, grupos de periodistas criticaron duramente un proyecto de ley de medios restrictivo, cuyo borrador de trabajo se filtró al público este mes. Según el proyecto de ley en su redacción actual, se establecerá un “registro” de periodistas; los periodistas tendrán que revelar sus fuentes a sus editores en jefe; los propietarios de los medios podrán negarse a publicar un informe sin dar explicación, pero los periodistas no podrán rechazar los trabajos que se les asignen sin dar una buena razón; el Estado brindará apoyo para los sitios a los que se accede por suscripción, pero solo si representan la versión en línea de medios impresos; y se prohibirá a los periodistas y trabajadores de los medios que critiquen el trabajo de los tribunales y las fiscalías. La Federación Europea de Periodistas (FEP) calificó al proyecto de ley como un esfuerzo por “sofocar a los medios” y un “intento de los funcionarios públicos de capturar a los medios, como en Hungría y Polonia”.
En julio Rusia continuó con su guerra legislativa contra los derechos humanos y la sociedad civil. Hacia finales de mes, los legisladores de la cámara baja del parlamento aprobaron un proyecto de ley que prohibiría efectivamente la colaboración con organizaciones no gubernamentales extranjeras que no estén registradas. Las sanciones por infringir esta ley irían desde multas por la primera infracción hasta tres años de prisión por reincidencia. HRW describió la legislación como un intento de “aislar aún más a los activistas rusos de sus colegas internacionales y dejarlos sin apoyo en un entorno cada vez más hostil”.
El gobierno ruso ha perseguido por más de una década a la comunidad LGBTQI+ y ahora parece decidido a eliminar por ley a las personas trans. Este mes, el presidente Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe a los trabajadores de la salud “realizar intervenciones médicas para cambiar el sexo de una persona” y prohíbe que se modifique el género de una persona en los documentos oficiales. La ley también prohíbe que las personas trans sean padres de acogida o adoptivos y anula aquellos matrimonios en los que uno de los cónyuges ya tuvo un cambio de género.
La cámara baja del parlamento de Rusia también aprobó una ley de inmunidad para los delitos cometidos “en interés del Estado ruso”. Según HRW, el objetivo de la ley sería proteger a los soldados, funcionarios estatales y mercenarios rusos para que no sean juzgados por violaciones de los derechos humanos cometidas en la Ucrania ocupada por Rusia. Hay pruebas muy sólidas de que las fuerzas rusas han torturado, detenido ilegalmente y desaparecido a civiles en las zonas ocupadas. Según el Instituto de Información de Masas (IMI), el ejército ruso también ha cometido 524 delitos contra los medios de comunicación en Ucrania desde que comenzó la invasión.
Importantes victorias para el trabajo de defensa y promoción de derechos
En julio en Kirguistán se revocó una orden judicial que clausuraba el Servicio Kirguiso de RFE/RL (Radio Azattyk). El cierre había sido decretado por la negativa del medio de comunicación a eliminar un video que mostraba los enfrentamientos del año pasado en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, lo que también había provocado que las autoridades bloquearan el sitio web de RFE/RL en octubre. El presidente interino de RFE/RL, el Dr. Jeffrey Gedmin, atribuyó la revocación de la orden de cierre a la campaña impulsada por la comunidad internacional, en la que participaron miembros de IFEX.
También en julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Azerbaiyán violó los derechos humanos del periodista y activista de derechos Emin Huseynov cuando este fue despojado de su ciudadanía por decreto presidencial en 2015. La revocación de la ciudadanía de Huseynov se produjo después de una persecución prolongada que lo obligó a exiliarse. En 2018, IFEX, CPJ, International Media Support e International Senior Lawyers Project presentaron una intervención de terceros ante el TEDH en apoyo de Huseynov.