(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, RSF ha expresado su preocupacion con respecto a los dos proyectos de ley que están siendo debatidos actualmente. El primer texto de ley impondría a los periodistas la adopcion de un «codigo de ética» que vuelve a cuestionar el secreto de […]
(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, RSF ha expresado su preocupacion con respecto a los dos proyectos de ley que están siendo debatidos actualmente. El primer texto de ley impondría a los periodistas la adopcion de un «codigo de ética» que vuelve a cuestionar el secreto de las fuentes. Prevé, igualmente, la necesidad de ser titular de un diploma para ejercer la profesion de periodista y discrimina a periodistas extranjeros. «Le pedimos que haga todo lo necesario para que estas disposiciones sean suprimidas y para que el proyecto de ley sea conforme a la Declaracion de principios sobre la libertad de expresion adoptado por la Comision Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH)», declaro Robert Ménard, secretario general de RSF. En su artículo 6, ésta estipula que «la colegiacion obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restriccion ilegítima a la libertad de expresion. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por el Estado». Asimismo, la Declaracion estipula que toda persona, «sin discriminacion» (artículo 2), tiene derecho a investigar, recibir y difundir informaciones y reconoce al periodista «el derecho a la reserva de sus fuentes de informacion, apuntes y archivos personales y profesionales» (artículo 8).
Un segundo proyecto de ley sobre el derecho de respuesta aspira a proteger «la honra, reputacion y buen nombre» de los individuos. «Tal y como está redactado, este proyecto de ley puede dar lugar a interpretaciones subjetivas y arbitrarias», se ha preocupado Ménard. RSF ha pedido a Moscoso que vele por que esta ley se ajuste a la Carta de Munich, que impone a los periodistas el deber de rectificar la informacion publicada únicamente cuando ésta «se revele inexacta». Finalmente, RSF ha expresado su preocupacion ante unas declaraciones en que la Presidenta da al procurador general la orden de pedir a los periodistas que denuncian casos de corrupcion que aporten la prueba de sus denuncias. «Tendremos cuidado de que este procedimiento no ponga en entredicho el secreto de las fuentes ni se convierta en una medida de intimidacion contra periodistas de investigacion», preciso Ménard. Este último ha recordado que el procurador general ha sido autor de varias denuncias presentadas contra periodistas.
Según las informaciones recogidas por RSF, el 20 de junio de 2001, la presidenta Moscoso pidio al procurador general de la Nacion, José Antonio Sossa, que investigara acerca de los casos de corrupcion denunciados por la prensa. La presidenta ha encargado al alto funcionario que se asegure de que los periodistas que revelen dichos casos aportan la prueba de sus denuncias. «No podemos permitir que se nos esté diciendo a todos los que estamos en el gobierno que somos corruptos», ha subrayado Moscoso. Sossa es autor de una parte de las 70 denuncias por «difamacion» o «desacato» presentadas contra periodistas. Ambos delitos son sancionados con penas de cárcel por la legislacion panameña. A finales de julio de 2000, Sossa había ordenado ocho días de cárcel para Carlos Singares, director del periodico «El Siglo», por falta de respeto. «El Siglo» había publicado las declaraciones de un abogado acusándo a Sossa de prácticas pedofilas (ver las alertas de IFEX del 27, 21 y 7 de julio, 30 y 26 de junio y 31 de mayo de 2000).
También según informaciones recogidas por RSF, el ministro de Gobierno y justicia,Winston Spadafora, redacto un anteproyecto de ley a finales de mayo. En su artículo 7, este anteproyecto restringe a los titulares de un diploma de periodismo únicamente, la posibilidad de ser acreditado. El texto prevé que los periodistas no panameños solo podrán trabajar en un medio de difusion cuando el puesto en cuestion no pueda ser asumido por un panameño y por un plazo no superior a un año (artículo 8). El artículo 11 estipula que «los cargos de los que se derive responsabilidad legal por lo difundido a través de los medios serán ejercidos por periodistas de nacionalidad panameña».
El proyecto prevé igualmente la adopcion de un «codigo de ética» para la prensa (artículo 22) que somete el secreto de las fuentes bajo la condicion de que el periodista no sea «objeto de engaño o de manipulacion». Según este texto, los periodistas tendrán prohibido publicar informaciones de carácter confidencial y deberán abstenerse de aceptar documentos sobre actividades sancionadas por la ley. Finalmente, deberán responder a las ordenes terminantes de la justicia de revelar su fuente cuando los hechos en cuestion sean pasibles de demandas penales. Además, el anteproyecto de ley del ministro del Interior prevé la creacion de un Consejo Superior de Periodismo cuya funcion será la de atribuir las acreditaciones y sancionar el incumplimiento del codigo de ética. Este organismo contará entre sus miembros con un representante del Ministerio de Gobierno y justicia.
Finalmente, un segundo proyecto de ley, presentado el 16 de mayo en la Asamblea Nacional, prevé que toda persona que considere que «su honra, reputacion y buen nombre » son puestos en entredicho por la publicacion de informaciones «erroneas, difamatorias, injuriosas u ofensivas», puede exigir la publicacion de un derecho de respuesta o de rectificacion. A este respecto, RSF recuerda que la Carta de Munich establece que los periodistas tienen el deber de «rectificar toda informacion» únicamente cuando ésta «se revela inexacta». Esta carta, que fue adoptada en 1971 por varias organizaciones de periodistas, elabora la lista de los derechos y deberes de los periodistas.
