(AMARC/IFEX) – AMARC ha expresado al gobierno de Guatemala su profundo rechazo al cierre de una de sus asociadas, la emisora Ixchel del municipio de Sumpango, departamento de Sacatepequez, mientras se desarrolla un proceso de diálogo que busca garantizar la existencia de estas emisoras. El allanamiento tuvo lugar el 7 de julio de 2006 a […]
(AMARC/IFEX) – AMARC ha expresado al gobierno de Guatemala su profundo rechazo al cierre de una de sus asociadas, la emisora Ixchel del municipio de Sumpango, departamento de Sacatepequez, mientras se desarrolla un proceso de diálogo que busca garantizar la existencia de estas emisoras.
El allanamiento tuvo lugar el 7 de julio de 2006 a las 6:10 a.m. (hora local) y fue realizado, irónicamente, por orden del Fiscal de Delitos contra Periodistas, Lic. Mario Castañeda. Según informan Anselmo Xunic y Pedro Yol, de la asociación vecinal que opera la emisora, se hicieron presentes tres personas del Ministerio Público y unos 20 policías, quienes ingresaron con violencia, decomisando el trasmisor, el resto del equipo y la documentación de la emisora.
A diferencia de otros casos recientes, en esta oportunidad no se llevaron preso a nadie pues el operador que se encontraba en el estudio era un joven menor de edad. Una interpretación jurídica que fuera elaborada por los abogados de la Cámara de Radiodifusión, a cuyo frente está un representante de Angel González, mexicano dueño del monopolio de televisión y numerosas emisoras, considera que se trata de delitos y sirve de pretexto al Fiscal Castañeda para actuar y procesar a los integrantes de radios comunitarias con riesgo de prisión.
Esta emisora es integrante de la Asociación Mujbalbyol, una de las coordinadoras asociadas a AMARC en Guatemala, y como tal participa de la Mesa de Diálogo impulsada por el propio gobierno para dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2005, para adecuar su normativa en radiodifusión y dar reconocimiento legal a las radios comunitarias.
Radio Ixchel de Sumpango es respaldada por un alto porcentaje de su comunidad, operada por una asociación de vecinos y no interfiere a ninguna emisora comercial. Un día antes de la agresión, había recibido a una delegación de la Unión Europea quienes se encuentran haciendo visitas a diversas radios comunitarias para hacer un documental sobre su aporte al desarrollo y la diversidad cultural.
AMARC ha reclamado al Ministerio Público que cesen las persecuciones contra radios comunitarias y ha solicitado al Gobierno del Presidente Berger que tome medidas concretas para asegurar un mínimo marco de confianza y tranquilidad para seguir con las reuniones de la Mesa de Diálogo.
Según AMARC, «La gravedad de la situación en Guatemala, con riesgo de pérdida de la libertad de nuestros colegas, ha planteado a AMARC sus serias dudas respecto a su permanencia en la Mesa de Diálogo. Resulta inaceptable que mientras se buscan soluciones a través del diálogo y somos reconocidos como interlocutores válidos por el propio gobierno, las radios de nuestra asociación estén siendo denunciadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), reprimidas por el Ministerio Público y ‘satanizadas’ por la Cámara de Radiodifusión a través de costosísimas campañas de radio y televisión.» La SIT y la Cámara también son participantes de la Mesa de Diálogo, mientras el MP no ha querido hacerlo en ningún momento
Las recomendaciones de la CIDH incluyen «disponer las medidas necesarias para que se cumplan las leyes antimonopolio vigentes en la Constitución guatemalteca y tomar acciones progresivas que garanticen el acceso a los medios de comunicación de grupos minoritarios», así como «que se revisen las reglamentaciones sobre concesiones de televisión y radiodifusión para que se incorporen criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos».
Asimismo, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado como parte de los Acuerdos de Paz comprometió al Estado de Guatemala a «promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la actual Ley de Radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación, y promover asimismo la derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad».