(AMARC/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de AMARC, con fecha del 8 de mayo de 2007: APU y AMARC satisfechos con revocación a cuatro radios comerciales pero preocupados por procedimientos de adjudicación a nuevas emisoras Uruguay, 8 de mayo de 2007 – La Asociación de la Prensa Uruguay (APU) y la […]
(AMARC/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de AMARC, con fecha del 8 de mayo de 2007:
APU y AMARC satisfechos con revocación a cuatro radios comerciales pero preocupados por procedimientos de adjudicación a nuevas emisoras
Uruguay, 8 de mayo de 2007 – La Asociación de la Prensa Uruguay (APU) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay (AMARC) entregaron una carta al presidente Tabaré Vázquez, el Ministerio de Industria y la URSEC donde hacen conocer su opinión ante la revocación de cuatro radios comerciales del Grupo Rupenián y varios llamados a interesados para frecuencias FM en el Interior del país.
Según la nota firmada por Manuel Méndez y Mónica Giordano, APU y AMARC manifiestan «su satisfacción» por la decisión de revocar las concesiones de las emisoras controlados por el Grupo Rupenian, luego «de un proceso administrativo que respetó las garantías indispensables en un Estado de Derecho».
Desde fines de 2005 APU, PIT-CNT, AMARC, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, junto a otras organizaciones y personas integrantes del Foro de Comunicación y Participación Ciudadana, venían solicitando que se llegara a una decisión sobre la revocación de estos permisos, dado las graves constataciones a las que arribó la Dirección General de Impositiva acerca de que estas frecuencias habían sido utilizados por sus titulares para defraudar al propio Estado que subsidiaba su actividad.
Afirman que las frecuencias «forman parte del patrimonio de los uruguayos y uruguayas y ahora aspiramos a que puedan ser reutilizadas en función del interés público» y por eso solicitan que «no sean otorgadas hasta tanto no se estudie detenidamente cuál debe ser el destino definitivo de esas frecuencias en función de una nueva política nacional de comunicaciones».
Ambas organizaciones exigen que «se reserven dichas frecuencias para el uso de entidades sin fines de lucro, tanto comunitarias, públicas o cooperativas» y que «alguna de esas soluciones contemple a los trabajadores y trabajadoras en plantilla de las emisoras en cuestión».
La carta abierta incluye la preocupación por la realización de varios llamados a interesados en tener servicios de radio en localidades del interior que está haciendo el gobierno del Frente Amplio. Están en curso actualmente procesos para otorgar frecuencias en Chuy, San Gregorio de Polanco, Punta del Diablo, San Javier, Piriápolis y Bella Unión.
APU y AMARC llaman la atención por la «posible reiteración de procedimientos discrecionales en el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas» en nuestro país, ya que se mantiene el marco normativo vigente, que otorga una excesiva discrecionalidad en su adjudicación.
Este aspecto «ha sido reiteradamente cuestionado por parte de la Sociedad Civil y también en el pasado por el partido político que actualmente ocupa el gobierno, al constatarse que esta potestad del Estado ha sido utilizada sistemáticamente por diversos gobiernos para premiar dirigentes políticos y empresarios cercanos a los gobiernos de turno y para castigar a quienes son críticos a su gestión», afirman.
De acuerdo a las mejores prácticas internacionales, estos mecanismos debieran garantizar igualdad de oportunidades a todos los interesados, ser transparentes y anunciados públicamente, y los requisitos de admisibilidad, condiciones de uso, criterios de evaluación y procedimientos de selección estar claramente establecidos en la normativa con suficiente antelación.
APU y AMARC aseguran que «el actual marco regulador de radiodifusión no se corresponde con estos estándares y por tanto, de no modificarse no podrá asegurarse el respeto de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información».
Por tanto solicitan «que detengan estos y otros llamados a interesados en curso, hasta tanto no definir nuevos procedimientos, ajustados a las mejores prácticas internacionales y que aseguren igualdad de oportunidades y garanticen una mayor diversidad y pluralidad de medios en nuestro país» y proponen que se habilite «un mecanismo de consulta pública para su elaboración, con plena participación de la Sociedad Civil y Universidades con carreras de Comunicación».
