El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) evidencian que el manejo informativo por parte del gobierno nacional sobre la salud del presidente de la República, Hugo Chávez, ha sido poco transparente y ha tenido como correlato un discurso agresivo hacia la prensa nacional y extranjera.
(IPYS-Venezuela/IFEX) – 28 de enero de 2013 – Los registros sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información que lleva de forma permanente el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) evidencian que el manejo informativo por parte del gobierno nacional sobre la salud del presidente de la República, Hugo Chávez, ha sido poco transparente y ha tenido como correlato un discurso agresivo hacia la prensa nacional y extranjera. Diversos representantes del Poder Ejecutivo, de manera recurrente, descalifican, intimidan y acusan a los periodistas y medios de desconocer la legitimidad del gobierno, por el hecho de presentar informaciones, desde diversas fuentes, sobre la situación de salud que afecta al primer mandatario nacional.
Desde que el Presidente informó, el 8 de diciembre de 2012, que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica, en Cuba, por la aparición de nuevas células cancerígenas, debido a una reincidencia del cáncer que padece desde mediados del 2011, representantes del Poder Ejecutivo han acusado a los medios de comunicación nacionales y extranjeros de mantener una “campaña de desestabilización”, por el supuesto manejo “mal intencionado” de la cobertura informativa del estado de salud del mandatario y la situación de la conducción del país en su ausencia del territorio nacional.
Pluralidad y diversidad de los medios en riesgo
En este contexto, se ha registrado el inicio de procedimientos administrativos sancionatorios, ha habido un uso recurente de las alocuciones oficiales obligatorias, de radio y televisión (mayormente, en cadena nacional) y la utilización reiterada de los medios estatales para la divulgación de mensajes en los que se criminaliza la labor informativa de los medios privados e independientes. Esta situación atenta contra los fundamentos de pluralidad y diversidad en los que se asienta la libertad de expresión, principio indispensable en la convivencia democrática.
Asimismo, estas reacciones oficiales contra la prensa desfavorecen el clima sociopolítico en el país, que además, está marcado por la imprecisa y escaza difusión, de parte del sector oficial, de información corroborada con fuentes calificadas, pertinente y oportuna; así como la por la generación de rumores, que podrían afectar la estabilidad del país. Esta situación responde a la radicalización de una política gubernamental que limita el acceso a la información pública, derecho fundamental que permite a los ciudadanos conocer, sin ningún tipo de sesgo, detalles sobre los asuntos de interés colectivo, en relación a las instituciones estatales y los funcionarios públicos. De esta manera, la opacidad ha marcado la estrategia informativa del gobierno nacional en cuanto a la enfermedad del presidente de la República Hugo Chávez.
La claridad, precisión y calificación de informaciones especializadas han sido los grandes ausentes. A pesar que Nicolás Maduro, vicepresidente de la República, y Ernesto Villegas, Ministro de Comunicación, ha enviado al país alrededor de 30 mensajes oficiales sobre la salud del Presidente, desde el 10 de diciembre de 2012, estos comunicados carecen de rigurosidad, por lo que se puede considerar que los medios de comunicación y los ciudadanos no han podido conocer información médica validada, de manos de profesionales certificados de esta área, que describan la situación de salud que ha afectado al primer mandatario nacional, desde junio de 2011. Asimismo, la sociedad en general no ha tenido acceso a un informe especializado, preparado por una junta médica venezolana que puntualice esta situación.
Ante este panorama, se limita el derecho de los ciudadanos a saber las condiciones detalladas sobre la salud del presidente de la República, por ser información de interés colectivo, y se violentan los principios de la libertad de expresión e información pública, consagrados en los artículos 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
