(PFC/IFEX) – El 2 de septiembre de 2003, al periodista Francisco Barradas, director de la revista «Bi» de Zacatecas, le fue notificado un auto de formal prisión en su contra dictado por el juez cuarto del ramo penal de esa ciudad. Además se le suspendieron sus derechos políticos y se le impuso la obligación de […]
(PFC/IFEX) – El 2 de septiembre de 2003, al periodista Francisco Barradas, director de la revista «Bi» de Zacatecas, le fue notificado un auto de formal prisión en su contra dictado por el juez cuarto del ramo penal de esa ciudad. Además se le suspendieron sus derechos políticos y se le impuso la obligación de firmar cada ocho días el registro de indiciados. Barradas es procesado por el delito de calumnia, presuntamente cometido en perjuicio del síndico municipal, Rafael Medina Briones.
El periodista ya había permanecido detenido durante cinco horas por orden administrativa el pasado 26 de agosto, por el mismo proceso. Ese día fue liberado luego de pagar una fianza.
La denuncia presentada refiere que Barradas, mientras era director del periódico «Imagen», publicó el 27 de julio de 2002 una nota en la que aseguraba que Medina Briones había sido visto en una azotea presuntamente para robar agua potable de la cisterna de un vecino. El sindico sostiene que la información publicada es falsa.
PFC dirigió una carta al juez cuarto de lo penal, Miguel Luis Euiz Roblez, en la que lamentó la resolución de prisión contra el periodista. La organización razonó que la penalización de los delitos contra el honor en el caso de funcionarios o personalidades públicas constituye una restricción a la libertad de expresión, tal como se reconoce en el numeral 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según PFC, los casos de agravios contra el honor relacionados con funcionarios o personalidades públicas deberían, para no lastimar el ejercicio de la libertad de expresión, ser resueltos a través de eficaces mecanismos de respuesta o en casos extremos, por medio de reparaciones económicas.
Al respecto, en agosto pasado, en visita que hiciera a México, el Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni, advirtió cómo en México, «la utilización de las figuras penales de difamación y calumnias [ha permitido] que, en ocasiones, algunos individuos sean perseguidos, hostigados y/o encarcelados por expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público».
La carta enviada por PFC al juez, Euiz Roblez, reportajes y otra información relacionada, se encuentran en: http://portal-pfc.org/perseguidos/2003/126.html
