Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, comprometidas con la defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en América Latina, rechazamos enérgicamente las decisiones adoptadas el día 01 de mayo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de remover arbitrariamente de sus cargos a los magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y de nombrar irregularmente a sus reemplazos, en violación del marco legal constitucional e internacional, y alertamos de un grave riesgo para la preservación del sistema democrático en el país.
La remoción de los altos funcionarios del sistema de justicia, adoptada por la coalición mayoritaria vinculada al partido de gobierno del Presidente Nayib Bukele, fue producto de mociones parlamentarias a las que se dispensó de su trámite regular, que no fueron estudiadas ni debatidas en el procedimiento parlamentario legalmente previsto. Asimismo, los fundamentos de este pedido no tienen sustento en causales reguladas previamente, y se relacionan con acusaciones genéricas de “violación de la Constitución” en decisiones y actuaciones adoptadas por estos órganos en ejercicio de sus funciones de control. En ambos casos, no se comunicó a las personas implicadas ni los hechos que se les imputan, ni las infracciones que sustentan el pedido de destitución, y no se les otorgó la oportunidad de ejercer su defensa, violando las garantías más esenciales del debido proceso.
Seguidamente, la Asamblea Legislativa procedió a designar directamente nuevas personas para ocupar estos cargos, sin convocar a concurso público, violando directamente la Constitución Política del país. Estos nombramientos irregulares fueron impuestos por la fuerza por la Policía Nacional Civil, quien desplegó inmediatamente operativos para ocupar de facto las sedes institucionales de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.
Lo anterior se suma el desconocimiento, tanto por el presidente Nayib Bukele como la Asamblea Legislativa controlada por el partido de gobierno, de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la destitución de sus miembros, por atentar directamente contra el sistema de gobierno republicano y democrático y el principio de independencia judicial.
Los actos mencionados constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno. De manera particular, la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.
Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
