Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reiteramos nuestro firme apoyo al mandato, así como nuestro compromiso y disposición a trabajar juntos para resolver cuestiones críticas de la libertad de expresión y garantizar la más amplia protección de este derecho para todos sin discriminación.
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes felicitan a Irene Khan y le dan la bienvenida como nueva Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro firme apoyo a la vital labor que se lleva a cabo en el ejercicio de este mandato. Estamos preparados para respaldar a la nueva titular del mandato y deseosos de colaborar y trabajar juntos de manera constructiva durante los próximos seis años para atender los problemas más acuciantes que afectan hoy a la libertad de expresión.
Desde su creación en 1993, este mandato ha demostrado ser esencial para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión en todo el mundo. Los innovadores informes anuales del mandato han fijado estándares internacionales cada vez más progresistas, mientras que a través de sus miles de comunicaciones a gobiernos y 39 visitas a países se ha contribuido a proteger a personas en riesgo y se ha garantizado que se rindan cuentas ante abusos y violaciones.
El mandato sigue siendo de vital importancia. En los últimos años, la libertad de expresión ha debido enfrentar desafíos cada vez más complejos. En todo el mundo se han intensificado los ataques a las voces disidentes, mientras que los gobiernos han desarrollado marcos jurídicos represivos para silenciar la crítica y la oposición, incluidas leyes que tienen como premisa la desinformación y las “noticias falsas”, el terrorismo y el extremismo y la difamación y la injuria. La era digital plantea sus propios desafíos a la libertad de expresión, en particular los apagones de internet y el bloqueo de sitios web, la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos para moderar la información en línea, las interferencias en las herramientas de encriptación y anonimato y el despliegue de instrumentos de vigilancia selectiva ilegal y masiva. En años recientes, los periodistas y los medios independientes han tenido que luchar para poder trabajar y sobrevivir económicamente, un desafío que se torna aún más agudo con los impactos económicos de la pandemia de COVID-19.
En muchos de estos desafíos, el mandato ha estado a la vanguardia, en particular trabajando estrechamente con grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones nacionales y de base. Mirando hacia el futuro, creemos que es fundamental continuar con métodos sólidos de consulta y participación de la sociedad civil, incluido en el diseño y la priorización de la labor del mandato. Por otra parte, la actual pandemia ha puesto fuertemente de relieve la necesidad de desarrollar y asumir formas nuevas e incipientes de participación cívica, incluido a través de canales virtuales. En última instancia, esta relación garantiza que la labor del mandato esté guiada por las comunidades que representa y que sea sensible a ellas.
De cara a nuestra labor conjunta en los próximos seis años, consideramos que algunos de los grandes temas prioritarios que requerirán particular atención son los siguientes:
- Los desafíos persistentes y, sobre todo, emergentes a los que se enfrentan periodistas, trabajadores de los medios, escritores, blogueros, defensores de los derechos humanos, artistas, académicos y otros actores de la sociedad civil que son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluido bajo el pretexto de la seguridad nacional. Ante la creciente impunidad que gozan los ataques contra estos actores, es hoy más importante que nunca encontrar soluciones innovadoras para contrarrestar tales tendencias y garantizar la seguridad e integridad de estos actores a nivel tanto internacional como nacional.
- Las oportunidades y amenazas a la libertad de expresión en la era digital, incluidas las planteadas por tecnologías nuevas y emergentes, como los instrumentos de vigilancia y la inteligencia artificial. Como parte de esto, el tema de las perturbaciones de internet, incluidos los apagones, el bloqueo de sitios web y los ataques a la neutralidad de la red, amerita la atención plena de la relatora. Hay una necesidad no solo de profundizar sobre las obligaciones de los estados y otros actores en materia de derechos humanos en aras de garantizar la libertad de expresión en el ámbito digital, sino también de velar por que esas obligaciones se cumplan en la práctica.
- Las mejores prácticas para generar un entorno jurídico y reglamentario propicio que permita el desarrollo de un escenario de medios plurales, diversos y libres. Para ello se deben tener en cuenta los cambios profundos que han experimentado los medios en todo el mundo en los últimos años. Si bien las emisoras de radio y televisión siguen siendo fuentes importantes de información e ideas, internet, y sobre todo las plataformas de redes sociales, han adquirido una posición de creciente relevancia como plataformas de distribución de contenido.
- Las obligaciones de los estados en torno al derecho de acceso a la información y cuestiones de transparencia relacionadas, y las carencias en materia de aplicación. Esto es de vital importancia para la participación del público, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, para combatir la corrupción y la impunidad y para contribuir a la confianza y el apoyo del público a las políticas de gobierno. Aún queda un largo camino por recorrer para lograr una auténtica transparencia y proteger el derecho de acceso a la información para todos.
- Las responsabilidades que tienen las empresas de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, y las distintas formas en que sus operaciones pueden obstaculizar el ejercicio de ese derecho. La libertad de expresión enfrenta hoy muchos desafíos, como, por ejemplo, los apagones de internet, la moderación de contenidos y la vigilancia, que requieren la colaboración efectiva de las empresas.
- Los riesgos desproporcionados y diferenciados a los que se enfrentan ciertas personas y grupos en el ejercicio de su libertad de expresión, incluidos, entre otros, las mujeres, las minorías étnicas y raciales, las minorías religiosas, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los extranjeros, los migrantes, los refugiados y los desplazados internos. Debería aplicarse de manera significativa y ágil un enfoque intersectorial en toda la labor del mandato.
Irene Khan se ha destacado desde hace mucho tiempo como una gran defensora de las causas del derecho internacional de los derechos humanos y esperamos verla continuar esa defensa en su promoción y protección de la libertad de expresión. Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reiteramos nuestro firme apoyo al mandato, así como nuestro compromiso y disposición a trabajar juntos para resolver cuestiones críticas de la libertad de expresión y garantizar la más amplia protección de este derecho para todos sin discriminación.
