Ola Bini es un experto informático y defensor de derechos humanos mundialmente reconocido que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador desde abril de 2019. Unas organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional han conformado una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 2 de diciembre de 2020.
Ola Bini es un experto informático y defensor de derechos humanos mundialmente reconocido que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador desde de abril 2019. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 3 de diciembre de 2020.
Dicha decisión se funda en una preocupación compartida: la posible falta de garantías para asegurar a Bini un juicio justo en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia. Desde el inicio se ha evidenciado que este caso está atravesado por intereses políticos y por la constante interferencia indebida del gobierno nacional.[1] En efecto, máximas autoridades del Poder Ejecutivo, como el presidente Lenín Moreno y la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, han realizado intervenciones públicas con el objeto de presionar a la función judicial.[2] Este accionar ha despertado múltiples rechazos y el constante cuestionamiento de más de 100 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.[3]
Observar esta audiencia es fundamental ya que este proceso constituye un caso paradigmático para Ecuador y la región. Una decisión judicial basada en presiones políticas indebidas, y no en criterios técnicos, traerá consecuencias negativas para la protección de los defensores de derechos humanos en general y la vigencia de los derechos digitales en particular.[4] Actualmente, el acceso a internet es cada vez más relevante en todos los procesos sociales, de tal forma, perseguir y criminalizar a activistas cuyo conocimiento técnico es clave para proteger los derechos humanos en el ámbito digital, implica un severo incremento del riesgo de su vulneración masiva.[5]
Organizamos esta misión de observación con el fin de vigilar que se respete el derecho a un juicio justo impartido por una autoridad judicial independiente e imparcial, y para que las decisiones que se tomen se ajusten a criterios técnicos y expertos, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos dentro y fuera del entorno digital.[6]
