IFEX-ALC y las demás organizaciones firmantes de este comunicado exigen al gobierno de Cuba permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos, y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas.
Al menos 132 personas, entre artistas, periodistas y activistas fueron víctimas de detenciones, restricciones para salir de su domicilio y cortes al servicio de internet cuando participarían y cubrirían las protestas en contra de la violencia policial.
El 30 de junio, el Departamento de la Seguridad del Estado de Cuba encabezó operativos en contra de periodistas y activistas, quienes fueron detenidos en la calle y retenidos en sus casas contra su voluntad. De estas personas, 48 fueron detenidas y 84 estuvieron bajo arresto o vigilancia, en las provincias de Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo, Matanzas y Villa Clara, de acuerdo con los datos obtenidos por organizaciones de derechos humanos en el país. La suspensión del servicio en los teléfonos móviles que se denunciaron se dio bajo los servicios de la empresa de comunicaciones ETECSA.
La violación a los derechos de reunión, libre expresión y circulación por parte del gobierno cubano hacia este grupo de personas, se enmarca en la convocatoria difundida por redes sociales, a manifestarse el 30 de junio por el asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano por elementos de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio de Guanabacoa, Provincia de La Habana, el 24 de junio pasado.Medios independientes de la isla reportaron que el joven recibió un impacto de bala por la espalda y posteriormente su cadáver fue cremado como medida higiénica en medio de la pandemia de covid-19. Se desconoce si fue sometido a una autopsia y los resultados de esta[1].
Por ello, artistas y activistas convocaron a participar a la ciudadanía a una protesta pacífica en la zona del Vedado en La Habana, para protestar en contra de la violencia policiaca, y demandar la publicidad del juicio de Hansel Ernesto y el castigo al oficial responsable, así como la liberación de las y los presos políticos del país, entre otras demandas.
No obstante, acciones como las realizadas por el gobierno de Cuba el día de ayer, en las cuales se puso en marcha un importante operativo desde el 29 de junio en varias provincias del país, obedecen a una forma de censura previa donde se hace uso de recursos como la detención, la restricción para salir de sus domicilios y la intervención de las comunicaciones a través de la empresa estatal de comunicaciones ETECSA, para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el ejercicio periodístico y la libre expresión.
En relación con los acontecimientos recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Situación sobre los derechos humanos en Cuba”[2] de 2019 identificó un patrón en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento por parte de la policía y agentes de Seguridad del Estado. Con ello, según la CIDH, se busca desalentar la manifestación crítica al gobierno, obstaculizar la libre expresión e impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales.
Por otra parte, sobre la libertad de circulación, la CIDH ha señalado cómo las restricciones a este derecho tienen como objetivo evitar que defensores y defensoras de derechos humanos emitan y participen en expresiones críticas o de disenso colectivas al interior del país o al exterior del mismo[3], como sucedió en la situación que se denuncia, si bien se ha reportado, hasta el momento de la elaboración del presente comunicado, que las personas detenidas han sido liberadas.
Sobre las limitaciones al derecho a la libre expresión en internet realizadas a través del corte del servicio, la CIDH ha señalado que el carácter selectivo es dañino en tanto que se contraviene el principio de acceso universal. Además, las motivaciones para las restricciones confrontan directamente al pluralismo y la diversidad, elementos indispensables para el proceso de deliberación pública y de libre expresión que deben prevalecer en el entorno digital.[4]
Ante esta situación, las organizaciones firmantes de este comunicado exigen al gobierno de Cuba permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos, y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas.
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[1] Un joven muere en Guanabacoa presuntamente a manos de la policía. Disponible en: https://www.14ymedio.com/nacional/Guanabacoa-policia-Cuba_0_2900109969.html. Consultado el 30 de junio de 2020.
[2]Informe de país sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. CIDH (2020). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf. Párrafo 178, pág 75. Consultado el 30 de junio de 2020.
[3] Ib, parrafo 174, pág 73
[4] Ib, párrafo 219, pág 93
