Un proceso con graves violaciones a sus garantías mantiene en prisión al periodista maya Pedro Canché, detenido desde el 30 de agosto de 2014 por supuesto sabotaje.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 30 de abril de 2015.
El gobierno de Roberto Borge mantiene a Pedro Canché en la cárcel. Pese a que las pruebas presentadas por el gobierno de Quintana Roo en contra del periodista maya no coinciden con los hechos ni demuestran su culpabilidad, se cumplen ocho meses desde que Canché fue preso en Felipe Carrillo Puerto.
Un proceso con graves violaciones a sus garantías mantiene en prisión al periodista maya Pedro Canché, detenido desde el 30 de agosto de 2014 por supuesto sabotaje. Pese a la inexistencia de pruebas en su contra, las instancias estatales han emprendido una campaña que viola los derechos humanos para acallar al comunicador.
El 24 de febrero, el juez sexto de Distrito de Quintana Roo, Reynaldo Piñón Rangel, reconoció arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y fallas en el debido proceso. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al Presidente Enrique Peña Nieto el 20 de abril pidiendo la liberación de Canché.
De acuerdo con la resolución, el gobierno de Roberto Borge no acredita la existencia del delito de sabotaje o que el periodista tuviera intención de trastornar gravemente la vida natural y económica del municipio.
Las organizaciones firmantes sostienen que el encarcelamiento del comunicador es arbitrario, ante las críticas que Canché hizo contra el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
El periodismo de Pedro Canché da voz a la gente de Felipe Carrillo Puerto, en una entidad en la que la mayoría de los medios son oficiales. Desde hace más de 20 años, el comunicador ha denunciado la situación de la comunidad maya en la localidad, sirviéndose de la independencia editorial –y que en los últimos años ha encontrado a través de la difusión de información en internet.
Las agresiones contra el periodista se agudizaron a raíz de un video difundido por él mismo el 24 de agosto, en el cual retaba a Borge a un debate público. La respuesta del gobierno priísta fue emprender una campaña de desprestigio con críticas y señalamientos negativos al trabajo periodístico de Canché. Horas más tarde, el comunicador se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por el delito de “sabotaje”, el cual pese a ser violatorio de derechos humanos, es considerado como grave por el Código Penal de Quintana Roo.
Dentro de las violaciones al debido proceso, destaca que el perito que integró la investigación se presentó en el lugar de los hechos un día antes de que iniciara la apertura de la averiguación previa contra Canché. De acuerdo con los policías judiciales, bastaron siete horas para recabar e integrar pruebas.
Dicha investigación, armada en 48 horas, está basada en testimonios de integrantes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que ubicaron al periodista en una protesta realizada el 11 de agosto por el aumento de las tarifas de servicio de agua en el municipio. Estos testimonios, señalan únicamente que Pedro Canché, hablaba con manifestantes y los grababa con su celular, lo cual consideran como la “conducta delictiva”.
La Procuraduría estatal desestimó que el comunicador estuvo en la manifestación documentando con su celular el desalojo violento de los manifestantes, no obstante Canché fue detenido y encarcelado.
De acuerdo a la investigación realizada por ARTICLE 19, las comisiones de defensa de derechos humanos estatal y federal se han negado a pronunciarse respecto a los ataques. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a pesar de contar con la integración de un expediente, se ha mostrado débil ante la negativa de informar sobre el proceso que sigue su investigación relacionada con el periodista y las graves violaciones a su derechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se ha convertido en cómplice de los ataques y se ha negado a investigar a las autoridades locales por violaciones de derechos humanos.
A escasas horas de haber ingresado a la cárcel, Canché resultó herido. Las lesiones ameritaron que fuera trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto por posibles daños irreversibles en las vértebras cervicales y en el hombro derecho. La respuesta a la atención médica requerida ha sido tardía e ineficiente. Hasta ahora le han negado un trato médico digno. Ha sido a través de un juicio de amparo que se ha enterado de dichas valoraciones médicas, sin que a la fecha se le brinde atención adecuada. Según testimonios del periodista Pedro Canché, le han tratado manera degradante y se han negado a informarle sobre la naturaleza y los efectos de los medicamentos que le han sido suministrados, derivando tal circunstancia en una afectación a su hígado.
Dentro de la campaña contra su persona, Pedro Canché es objeto de continuos ataques difamatorios por medio de redes sociales. El comunicador también ha sido víctima de Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del estado, quien desde su cuenta de Twitter lo acusó, entre otras cosas, de ser un “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”. Es decir, quien supuestamente tendría que defender a la sociedad, es el mismo que acusa y descalifica a las voces críticas del gobierno de Quintana Roo. Asimismo, los funcionarios Raymundo King, diputado federal y presidente del PRI estatal, y César Mortera, presidente del movimiento PRI.mx en Quintana Roo, han atacado al periodista en Twitter.
En suma, el periodista maya, Pedro Canché, permanece en prisión bajo una incuestionable detención arbitraria por el ejercico de su derecho a la libertad de expresión. La falta de independencia de quienes procuran y administran justicia han hecho inefectivos los recursos jurídicos internos para enmendar las violaciones a sus derechos relativos al debido proceso y a recibir la atención médica oportuna y adecuada. Esto, lo mantiene en un constante estado de salud delicado, con daños físicos graves y probablemente irreversibles. Las mútiples afectaciones provocadas por la arbitrariedad de su detención, en el ámbito físico patrimonial, familiar, personal y laboral, implican responsabilidad para todas las autoridades, tanto de Quintana Roo como federales, por consentir la permanencia y prolongada privación de la libertad del periodista ante la urgente necesidad de cesar, sin demora, las graves violaciones de los derechos humanos de Pedro Celestino Canché Herrera.
Las organizaciones, pedimos:
* Al juez estatal, que agilice su resolución sobre el caso de forma imparcial y transparente.
* Al gobierno de Quintana Roo, por las graves violaciones de las garantías en el debido proceso, se libere inmediatemante al periodista maya Pedro Canché.
* A la CNDH, por las claras violaciones de derechos humanos de Pedro Canché, emita una recomendación inmediata.
Firmantes:
