El próximo 13 de noviembre, en Ginebra, Suiza, se celebrará la revisión y adopción de las recomendaciones emitidas al Estado de Nicaragua en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Las organizaciones y red firmantes solicitamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, en el marco del proceso del cuarto ciclo del EPU de Nicaragua, formule recomendaciones que permitan garantizar la protección y el respeto de la libertad de expresión y de prensa en el país y tenga en cuenta las graves denuncias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y la información presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los informes que fueron presentados en el marco de este mismo proceso.
Desde 2018, Nicaragua atraviesa una grave crisis de derechos humanos, agudizada tras las manifestaciones ciudadanas que desataron una represión estatal sin precedentes, afectando a activistas, artistas, periodistas, estudiantes, clero, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, quienes han sido perseguidos y criminalizados por cuestionar el discurso oficial. Pese a que el Estado de Nicaragua afirmó en su Reporte Nacional, presentado en septiembre de 2024, que no existen violaciones a la libertad de expresión en el periodo bajo evaluación (2019- 2023), informes de la sociedad civil y organismos internacionales como la CIDH y el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU demuestran una realidad distinta; las investigaciones, datos concretos y testimonios evidencian un cierre casi total del espacio cívico y la persecución sistemática de voces críticas.
De acuerdo con las informaciones recopiladas por organizaciones de la sociedad civil, entre 2019 y 2023, las agresiones más comunes contra periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación fueron las detenciones arbitrarias, el espionaje, el acoso judicial, los secuestros, los ataques con violencia en razón de género, la tortura y la vigilancia a familiares. Además, el exilio forzado, el destierro y el despojo de la nacionalidad se han convertido en prácticas comunes represivas que incrementan su vulnerabilidad al ser privadas de sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales; situación que da muestra de la violación continua de los derechos humanos.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 2018 y 2023, alrededor de 440.260 personas sufrieron desplazamiento forzado (6.5% de la población); al menos 317 personas fueron víctimas de despojo de su nacionalidad y condenados por el delito de traición a la patria. Y hasta septiembre del 2024, la FLED contabilizó al menos 278 de periodistas exiliados.
Las estrategias represivas contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa se han diversificado de tal forma que, hasta agosto de 2024, se contabilizan cerca de 5,664 cierres forzosos de ONG nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, asociaciones culturales, medios de comunicación, entre otros. Este dato revela la prohibición de manifestar o expresar el disenso de cualquier forma.
El Estado nicaragüense ha utilizado diferentes mecanismos estatales para la represión, entre ellos, el fortalecimiento de su marco normativo restrictivo y punitivo, acompañado de procesos judiciales aplicados de manera discrecional y sin criterios definidos. En este contexto, el desarrollo pleno de una sociedad democrática se ve mermado, pues el ejercicio de la libertad de expresión y prensa son condiciones indispensables para ello.
Las organizaciones firmantes exhortamos al Estado de Nicaragua a cesar inmediatamente la persecución, criminalización y acoso contra las voces disidentes, dado que tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, específicamente al derecho a la libertad de expresión, prensa y manifestación.
Del mismo modo, instamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a continuar respaldando a las voces disidentes y a adoptar medidas para protegerlas. Para ello, es fundamental la adopción de recomendaciones que permitan prevenir, proteger y perseguir las violaciones de la libertad de expresión.