Organizaciones y colectivos nacionales e internacionales exigen al Estado Mexicano reconocer el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos,y cesar las narrativas estigmatizantes y fortalecer al mecanismo de protección.
20 organizaciones nacionales e internacionales participaron en la audiencia temática sobre estigmatización a la prensa y a la sociedad civil en el 180º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CIDH y OACNUDH propusieron mesas de diálogo entre el Estado mexicano y sociedad civil, sin embargo no hubo compromiso explícito por parte de las autoridades.
En el marco del 180º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colectivos de periodistas, organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron los constantes discursos estigmatizantes que el gobierno federal y algunos estatales y municipales emiten contra quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión.
Este señalamiento, realizado en la audiencia temática “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones”, fue acompañada con la presentación de un video que demuestra el uso de recursos públicos, a través de los espacios oficiales, para estigmatizar a personas defensoras, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con el fin de silenciar, censurar y atacar la disidencia.
A pesar de su gravedad, el Estado mexicano negó los hechos y afirmó que las y los funcionarios del gobierno no estigmatizan a periodistas y personas defensoras sino que “estigmatizan las calumnias y mentiras”. No obstante, la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras. Esto tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia y el deterioro de entornos seguros para poder ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos.
Las autoridades también omitieron posicionarse sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra la libertad de expresión, la cual es del más del 98%, de acuerdo con cifras oficiales. Tampoco clarificaron qué harán respecto a los 20 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas y 45 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, ocurridos durante el actual sexenio.
Ante las omisiones del Estado y las denuncias presentadas en la audiencia, acogemos la propuesta realizada por la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para establecer mesas de diálogo con el gobierno mexicano, mismas que esperamos se realicen a la mayor brevedad posible. Particularmente, la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena Troitiño, afirmó que la diversidad de opiniones no significa que las personas defensoras y periodistas sean “enemigas” y propuso un acercamiento entre gobierno y sociedad civil, ofreciendo para ello su apoyo para el diálogo.
Igualmente, acogemos la propuesta de la CIDH de brindar asistencia técnica al Estado mexicano para incorporar estándares internacionales sobre derechos humanos, en especial sobre libertad de expresión, al desarrollo de las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República y con ello prevenir la reproducción de discursos estigmatizantes.
Al respecto, Pedro Vaca, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, pidió al gobierno mexicano reconsiderar el espacio “Quién es quién en las mentiras”, pues “puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público”. El debate “no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad expresión y democracia», dijo.
Las organizaciones solicitantes también nos unimos a las recomendaciones hechas por las y los comisionados de la CIDH y por la OACNUDH de realizar investigaciones efectivas con perspectiva de género para poner fin a la impunidad, eliminar los delitos contra el honor, revisar otros tipos penales instrumentalizados para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como garantizar que las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes, reconozcan y garanticen la labor de estos colectivos para el ejercicio democrático.
Ante estas declaraciones, las organizaciones estamos en plena disposición de iniciar a la brevedad las mesas de diálogo propuestas por la CIDH y a que el Estado reciba la asistencia técnica a la que se hizo referencia para incorporar estándares al desarrollo de las conferencias de prensa matutinas, esperando que esto siente un precedente para los estados y municipios.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado para que la CIDH, medios de comunicación y sociedad en general se mantengan atentas por posibles represalias posteriores a la audiencia contra las y los integrantes de las organizaciones participantes. También insistimos en los petitorios señalados en la audiencia:
Primero.- Exhorte al Ejecutivo Federal, a reconocer públicamente la importancia de la labor periodística y de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia;
Segundo.- Solicite al Estado mexicano de los tres niveles de gobierno, cesar las narrativas, declaraciones estigmatizantes y el acoso judicial que ubican en una posición de mayor riesgo y vulnerabilidad a la prensa y a las personas defensoras de derechos humanos;
Tercero.- Solicite al Estado mexicano fortalecer al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, en particular aumentando y profesionalizando a su personal, garantizar los recursos financieros, y adoptar medidas preventivas para contrarrestar el discurso de estigmatización.
Cuarto.- Solicite al Estado mexicano contar con una política integral con enfoque de género, interseccional para combatir la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que adopte medidas de prevención y sus causas.
