Colegas del periodista Leobardo Vázquez Atzin dijeron que él tenía previsto solicitar protección por amenazas recibidas tras la publicación de críticas en contra de una notaría y ex autoridades municipales.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 22 de marzo de 2018.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato en Veracruz de Leobardo Vázquez Atzin, el tercer periodista ultimado en México este año, e instó a las autoridades a actuar con perseverancia e investigar de manera diligente y minuciosa para conocer el móvil, señalar a los responsables y evitar que el crimen quede en la impunidad.
Vázquez Atzin, de 42 años, fue asesinado la noche del 21 de marzo en el municipio de Gutiérrez Zamora. Mediante una llamada anónima la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) fue alertada de que desde una motocicleta habían disparado contra el periodista cuando se encontraba en su vivienda.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, condenó y lamentó el asesinato de Vázquez Atzin. Mohme, director del diario peruano La República, agregó que «la continuación en México de estos actos criminales para silenciar a los periodistas, nos impulsan a seguir exigiendo a las autoridades reacciones contundentes que garanticen la seguridad de los comunicadores y evitar que los criminales burlen la Justicia».
El periodista publicaba en Facebook el portal de noticias Enlace Gutiérrez Zamora, en el que informaba sobre varios municipios de Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Antes trabajó para los diarios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia, fue editor y diagramador del periódico Noreste, cofundador de la revista El Portal, y director de comunicación social del Ayuntamiento de Papantla, en Veracruz, según medios locales.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, añadió que aunque se desconocen los motivos, «este nuevo asesinato, el tercero este año, evidencia la carencia de seguridad en México para ejercer libremente el periodismo». Rock, director del sitio mexicano de noticias La Silla Rota, aseguró que el tema de la violencia contra los periodistas está en la agenda de discusión de la próxima reunión semestral que la SIP celebrará del 13 al 15 de abril en Medellín, Colombia.
Colegas de Vázquez Atzin dijeron que él tenía previsto solicitar protección por amenazas recibidas tras la publicación de críticas en contra de una notaría y ex autoridades municipales. Según CEAPP el periodista no llegó a interponer una denuncia oficial, pero medios locales informaron que ya había solicitado orientación para contar con protección.
Además de Vázquez Atzin también han sido asesinados otros dos periodistas en 2018. El 5 de febrero Pamela Montenegro del Real, video bloguera que conducía en El Sillón TV un programa televisivo de sátira política en Guerrero y el 13 de enero Carlos Domínguez, autor de una columna política que circulaba en las redes sociales, de Nuevo Laredo.
Cuba
Mohme y Rock, deploraron también los actos de represión contra periodistas independientes cubanos que han sido denunciados a la SIP. Los directivos de la organización hemisférica expresaron que «el régimen cubano sigue irrespetando la labor profesional y el ejercicio de la libertad de expresión tanto del periodismo independiente como de los trabajadores de la prensa de medios de comunicación oficiales».
Según las denuncias, dos periodistas que trabajaban para el gobierno fueron expulsados en las últimas semanas de sus trabajos en Camagüey en represalia por colaborar con medios independientes cubanos y extranjeros. Uno de los afectados era profesor en la carrera de Periodismo y otro era redactor deportivo del periódico provincial del Partido Comunista.
También se denunció que continuaron en las últimas semanas las prohibiciones de viaje, arrestos y multas contra personal del centro de estudios Convivencia y de las organizaciones Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Iris Mariño, fotógrafa de la revista La Hora de Cuba de Camaguëy, perdió su contrato como profesora en la Escuela de Artes, alegando que se canceló la asignatura que impartía. El 16 de marzo su vivienda fue registrada por ocho agentes de la Seguridad del Estado que la investiga por «usurpación de capacidad legal», delito del Código Penal sancionado con prisión y/o multa a quien «realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado».
