Víctor Rolando Arroyo Carmona fue liberado y llegó a Madrid, elevando a quince el número de editores y reporteros excarcelados luego de las negociaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica.
(CPJ/IFEX) – Nueva York, 8 de septiembre de 2010 – Víctor Rolando Arroyo Carmona, periodista cubano detenido desde marzo de 2003, fue liberado y llegó hoy a Madrid, elevando a quince el número de editores y reporteros excarcelados luego de las negociaciones en julio entre el gobierno del Presidente Raúl Castro y la Iglesia Católica.
Arroyo y su familia arribaron a Madrid esta tarde, y fueron trasladados a un hotel localizado en el barrio Vallecas, según informes de prensa.
«Estoy muy emocionado por esta nueva etapa en mi vida, tratando de asimilar cada minuto que estoy viviendo», aseguró Arroyo en una entrevista telefónica con el CPJ. Al igual que los restantes periodistas cubanos liberados recientemente, Arroyo indicó que no hubiera querido abandonar Cuba. «Pero, luego de considerar el bienestar de mi familia y el tremendo impacto negativo que las condiciones en la prisión tuvieron sobre mi salud, decidí aceptar la oferta de venir a España», expresó.
Arroyo, periodista de la agencia de noticias Unión de Periodistas y Escritores de Cuba Independientes, fue encarcelado durante la redada masiva del gobierno en marzo de 2003 contra la disidencia política y la prensa independiente, conocida como la Primavera Negra. Cinco periodistas arrestados durante la redada de 2003 continúan en prisión, al igual que otro detenido con posterioridad, según una investigación del CPJ.
Luego de negociaciones con líderes de la Iglesia Católica en Cuba, Castro accedió en julio a liberar a un total de 52 disidentes que fueron arrestados en la redada de 2003. Funcionarios del gobierno español también participaron de las negociaciones.
Los 15 periodistas liberados fueron inmediatamente enviados al exilio en España. (Uno de ellos decidió trasladarse a Chile). El gobierno cubano no ha solicitado explícitamente que los prisioneros liberados abandonen el país como una condición para su excarcelación, pero está claro que es lo que las autoridades pretendían, según Borja Bergareche, consultor del CPJ en Europa.