(RSF/IFEX) – RSF está consternada por la destrucción de las instalaciones del periódico «El Espectador Luqueño», editado por Miguel Espínola y su esposa Vilma Ayala en una propiedad de Luque (a 10 kilómetros de Asunción), donde la pareja vivía y trabajaba desde 1989. La familia Nascimento, que dice ser la propietaria de la residencia, ha […]
(RSF/IFEX) – RSF está consternada por la destrucción de las instalaciones del periódico «El Espectador Luqueño», editado por Miguel Espínola y su esposa Vilma Ayala en una propiedad de Luque (a 10 kilómetros de Asunción), donde la pareja vivía y trabajaba desde 1989.
La familia Nascimento, que dice ser la propietaria de la residencia, ha conseguido la expulsión de la familia gracias a los apoyos con que cuenta entre el poder local, en conflicto con el periódico.
«Existen muchas posibilidades de que el litigio inmobiliario haya servido de pretexto para la destrucción de los locales de ‘El Espectador Luqueño’. La relación de parentesco existente entre el abogado de la familia Nascimento y el alcalde de Luque, así como el contencioso entre el periódico y la alcaldía, apoyan ampliamente la hipótesis de que se haya tratado de un atentado a la libertad de prensa. Esperamos que, por este concepto, la justicia revoque la orden judicial que precedió a la expulsión, y ordene que se indemnice en su totalidad a los propietarios del periódico», ha declarado RSF.
Durante el desalojo, quedaron completamente destruidas las instalaciones del periódico, así como los archivos. Arrojaron a la calle los ordenadores y otros materiales. Según Ayala, a sus hijos les golpearon durante la operación.
Desde 1989 la pareja vivía y trabajaba en esa casa, con sus dos hijos, en virtud de una orden judicial que les atribuyó el derecho de ocupación. Recusando ese derecho, la familia Nascimento consiguió un mandato de expulsión. La operación estuvo dirigida por el abogado José Félix Orrego Nascimento, pariente del alcalde y de la familia Nascimento, y el oficial de justicia Darwin González.
La familia Nascimento intenta probar que la casa le pertenece, apoyándose en un acta notarial de un antepasado, que data de 1930, y en otra sobre los derechos de sucesión, que data de 1994.
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La propiedad estaba sin ocupar desde 1940. Posteriormente, fue requisada por la administración de impuestos durante la dictadura (1954-1989). Ayala asegura que vive en esa residencia desde 1973. En aquella época, las autoridades intentaron denunciar a la familia Espínola-Ayala por usurpación de terrenos. Tras varios años de procedimiento, finalmente la justicia les concedió una suspensión, en razón de una imprecisión acerca de los títulos de propiedad.
