El Instituto Internacional de la Prensa exigió nuevamente la liberación del periodista independiente cubano Calixto Ramón Martínez Arias, quien fue detenido el 16 de septiembre y acusado de insultar a Fidel y Raúl Castro bajo el delito de desacato u ofensa a las autoridades.
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) hoy exigió nuevamente la liberación del periodista independiente cubano Calixto Ramón Martínez Arias, quien fue detenido el 16 de septiembre y acusado de insultar a Fidel y Raúl Castro bajo el delito de desacato u ofensa a las autoridades.
La semana pasada, Martínez abandonó su segunda huelga de hambre en menos de cuatro meses en protesta por las condiciones en la prisión Combinado del Este después de que las autoridades cubanas supestamente prometieron liberarlo. Esta promesa no ha sido cumplida, según Roberto Guerra, director de la agencia independiente de noticias Hablemos Press, donde Martínez trabajaba como corresponsal.
“Calixto hasta ayer continuaba en la carcel Combinado del Este … no estoy seguro que lo vayan a liberar … lo creo cuando lo vea en nuestra casa,” dijo Guerra al IPI hoy, jueves 4 de abril.
Las autoridades han acusado a Martínez bajo el Artículo 144 del Código Penal Cubano, que penaliza la difamación o insulto de un funcionario público con hasta tres años de prisión. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido ninguna explicación por las acusaciones contra Martínez, un corresponsal de la agencia independiente de noticias Hablemos Press, y tampoco le han imputado ningún cargo oficial.
“Este caso es un claro ejemplo de cómo las leyes que penalizan la difamación pueden ser abusadas por gobiernos para acallar voces independientes y muestra por qué esas leyes deben ser derogadas,” destacó la directora ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie. “Calixto Martínez debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente.”
Roberto Guerra dijo la semana pasada que Martínez había perdido «dos dientes y tiene muchas lesiones en los labios y la lengua.” En enero, Amnistía Internacional nombró a Martínez “preso de conciencia”. Amnistía informó que Martínez estaba siendo retenido en una celda de isolación sin luz, instalaciones de higiene o ropa de cama y que no podía salir al aire libre.
Martínez, fue arrestado el 16 de septiembre de 2012 cerca del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, donde presuntamente estaba investigando la llegada de suministros médicos en conexión con el brote de cólera y dengue en la isla.
Previamente, Martínez había escrito una serie de artículos sobre el brote. En un artículo publicado el 14 de septiembre de 2012 Martínez informó sobre una serie de muertes en la ciudad de Camagüey que se creían fueron causadas por el dengue. En el artículo, residentes de la ciudad señalaron que las autoridades buscaron mantener “un hermético control de los centros médicos” para “impedir que se filtre información sobre la cifra exacta de los fallecidos.”
El supesto compromiso de liberar a Martínez llega justo en el momento en que el IPI viajará al Caribe por segunda vez como parte de su campaña para derogar las leyes que penalizan la difamación. Desde el punto de vista del IPI, tales leyes corren el riesgo de ser abusadas por gobiernos intolerantes de la crtítica o del periodismo de investigación.
Bethel McKenzie agregó: “Las leyes que penalizan la difamación, incluyendo las leyes de desacato, están siendo aplicadas de manera activa en el Caribe para castigar a periodistas por hacer su trabajo. Todas las personas quienes promuevan la libertad de expresión en el Caribe deben estar muy preocupadas por la existencia de tales leyes, y deben unirse con nuestro llamado para su derogación.”
Según una revisión exhaustiva realizada por el IPI, en seis países del Caribe (Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana, Granada, Haití y Surinam) periodistas han sido enjuiciados por difamación en los últimos 15 años. Por ejemplo, en 2012 dos periodistas en la República Dominicana fueron condenados a prisión y un tercero fue amenazado con acciones legales.
La revisión también confirmó que todos los estados independientes considerados geográfica o culturalmente parte del Caribe mantienen algún tipo de ley que penaliza la difamación que podría implicar encarcelamiento. Luego del comienzo de la campaña del IPI, Granada derogó parcialmente la difamación penal y la República Dominicana modificó el proyecto de ley del Código Penal para retirar completamente las sanciones penales contra la difamación y la injuria.
