(RSF/IFEX) – RSF manifiesta su profunda inquietud ante el anuncio del proceso de Lamasiel Gutiérrez Romero, de la agencia Nueva Prensa Cubana, por desobediencia civil y resistencia a las fuerzas del orden. El juicio fue previsto en el tribunal municipal popular de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud (a poca distancia de Pinar del […]
(RSF/IFEX) – RSF manifiesta su profunda inquietud ante el anuncio del proceso de Lamasiel Gutiérrez Romero, de la agencia Nueva Prensa Cubana, por desobediencia civil y resistencia a las fuerzas del orden. El juicio fue previsto en el tribunal municipal popular de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud (a poca distancia de Pinar del Río, Oeste), el 9 de agosto de 2005.
«Una vez más, el gobierno cubano intenta silenciar a los periodistas que se atreven a decir la verdad sobre sus prácticas dictatoriales. Teniendo en cuenta la siniestra desventura vivida por la periodista el 14 de julio, nadie debe llamarse a engaño con el falso pretexto de la desobediencia civil», ha declarado RSF.
La periodista independiente se comunicó con RSF el 8 de agosto, para explicar que le iban a juzgar al día siguiente por el «delito de resistencia y desobediencia civil». Los hechos que se le imputan se remontaron al 14 de julio, día en el que tres agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron arbitrariamente durante siete horas. En aquel momento la golpearon y ofreció una cierta resistencia cuando los agentes comenzaron a grabarla, fotografiarla y tomar sus huellas digitales. Aquel mismo día se negó a firmar el acta de acusación. «Importa poco, te juzgarán igualmente», le respondió un oficial de la policía nacional revolucionaria, Eliaves Hernández, quien ahora es el testigo principal contra ella.
Durante su detención la periodista recibió una visita del jefe de los servicios de inteligencia, quien le dijo que como no podían juzgarla por motivos políticos, encontrarían cualquier otro pretexto para hacerlo.
La periodista intentó conseguir un abogado, pero el abogado que estaba de turno en la cárcel aquel día le dijo que dado que el acusador era un oficial de la policía nacional no hubo ninguna posibilidad de encontrar un defensor que asumiría su caso y que, de todas maneras, eso no serviría para nada.
La pena que puede ser impuesta a Gutiérrez varia, entre una multa y una condena de hasta dos años de arresto domiciliario. «En el caso del arresto domiciliario ya no podría seguir ejerciendo mi actividad periodística, estaría como esposada», declaró la periodista a RSF.
