(PFC/IFEX) – Tras fracasar dos audiencias de conciliación, sostenidas el jueves 14 de agosto de 2003, el periodista Renato Álvarez, responsable del programa de debates «Frente a Frente» de la Corporación Televicentro, canales 3, 5 y 7, enfrentará dos juicios bajo la acusación de difamación y calumnia, por divulgar un informe que revelaba presuntos vínculos […]
(PFC/IFEX) – Tras fracasar dos audiencias de conciliación, sostenidas el jueves 14 de agosto de 2003, el periodista Renato Álvarez, responsable del programa de debates «Frente a Frente» de la Corporación Televicentro, canales 3, 5 y 7, enfrentará dos juicios bajo la acusación de difamación y calumnia, por divulgar un informe que revelaba presuntos vínculos del narcotráfico en Honduras.
Uno de los demandantes es el abogado Jorge Barralaga, quien de acuerdo al citado informe se le sindica como una pieza clave para los narcotraficantes en Honduras. El otro es el ex diputado y político Eduardo Sarmiento.
En las audiencias de conciliación, cada una por separado, ambas partes pedían que el comunicador revelara la fuente, a lo que éste no accedió. Barralaga pidió además una indemnización por 99,000 USD, incluyendo sus honorarios, ya que a su juicio «dedicó mucho tiempo a preparar el caso», según declaró al Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre) el defensor del periodista. Mientras que el ex diputado Sarmiento desde el inicio de la audiencia dijo que no quería conciliar, sino una sentencia condenatoria en contra del comunicador por considerar que se ha «denigrado su imagen y dignidad».
El periodista Álvarez en ambos casos sostuvo que él no elaboró el informe, que no va a revelar la fuente y que el documento se encuentra desde hace un año en poder de la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, agregando que ninguno de los operadores de justicia ha querido investigar las denuncias ahí planteadas. Reiteró que la decisión de revelar el documento obedece «al principio que rige a todo periodista de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, a fin de que la ciudadanía conozca de los casos que se le ocultan y que son de interés público».
Álvarez es el segundo comunicador, en lo que va de este año, en enfrentar un acto de esta naturaleza por difundir información vinculada a la corrupción y el crimen organizado. El primer periodista fue Arnulfo Aguilar, de San Pedro Sula, en la región norte, quien tiene en suspenso una orden de captura emitida por una jueza en abril, bajo acusaciones de difamación y calumnia.
Un nuevo caso también surgió la semana pasada, cuando la periodista Rossana Guevara, directora del noticiero TN5, del Canal 5, de la Corporación Televicentro, fue querellada bajo el delito de difamación y calumnia por difundir en mayo una nota informativa acerca de la corrupción y la quiebra de bancos en Honduras (ver la alerta del IFEX del 15 de agosto de 2003).
C-Libre y PFC consideran que las acciones judiciales contra periodistas, como las descritas anteriormente, solo buscan intimidar a cualquier comunicador o ciudadano que se atreva a investigar temas vinculados a la corrupción y el crimen organizado. Estas organizaciones demandaron del Estado medidas de protección para el periodista Álvarez, al tener conocimiento de algunas insinuaciones e intimidaciones de posibles amenazas atentatorias contra su vida y la de su familia.
Alertas y apelaciones sobre el caso, reportajes y otra información relacionada se encuentran en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2003/084.html
