(PERIODISTAS/IFEX) – Luego de más de siete años de proceso judicial, el periodista Alejandro Cordoba aguarda el fallo en la causa que por «daño moral» le inicio un juez del partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. El magistrado Marcelo Soukop se sintio ofendido por el contenido de una nota publicada en el […]
(PERIODISTAS/IFEX) – Luego de más de siete años de proceso judicial, el periodista Alejandro Cordoba aguarda el fallo en la causa que por «daño moral» le inicio un juez del partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. El magistrado Marcelo Soukop se sintio ofendido por el contenido de una nota publicada en el diario «La Union», de esa localidad, donde la madre de un joven supuestamente asesinado por la policía denunciaba al juez por no haber investigado como debía una serie de irregularidades cometidas en los peritajes del cuerpo de su hijo.
El 29 de mayo de 1994 Sergio Schiavini murio en un bar de Lomas de Zamora en medio de un tiroteo entre cuatro delincuentes y unos cuarenta policías. Su madre denuncio que durante la investigacion hubo irregularidades en los peritajes y las autopsias con el fin de encubrir que su hijo fue muerto accidentalmente por una bala policial.
Soukop fue el juez de primera instancia que debio investigar a los médicos que intervinieron en la primera autopsia. Aunque los apercibio por falencias en las pericias, los sobreseyo de las imputaciones por «falso testimonio, ocultamiento de pruebas y falsificacion de documento público». Por este motivo, en una nota publicada el 17 de octubre de 1994 en el diario «La Union» María Teresa Schiavini anuncio que pediría un juicio político contra Soukop.
La nota la hizo el periodista Cordoba, quien en el cuerpo del artículo reprodujo textualmente y entrecomilladas las críticas de la mujer a Soukop. En un recuadro, el periodista menciono un antecedente del juez que finalmente se descubrio como erroneo. La informacion la había obtenido de una fuente judicial sin aclararlo, por lo que quedo como de su autoría.
Apenas publicada la nota el diario comenzo a recibir la reaccion de entidades de abogados y magistrados de Lomas de Zamora que respaldaban a Soukop. Los dueños del medio decidieron entonces suspender a Cordoba por dos días. Argumentaban que el abogado del diario había hecho correcciones a la nota antes de que fuera publicada pero que el periodista y su jefe de seccion (policiales) Oscar Padron no habían hecho caso a esas indicaciones. Cordoba nego esa version y estimo que se trataba de un invento de los empresarios para eximirse de responsabilidad.
Soukop presento una demanda civil por 250 mil pesos (aproximadamente US$65,703) contra Schiavini, el diario y el periodista, y las sesiones del juicio oral comenzaron el día 10 de abril de 2002. PERIODISTAS expreso su preocupacion ante la posible violacion de derechos constitucionales y de obligaciones asumidas por la Argentina en tratados internacionales. La entidad recordo que, de conformidad con el principio décimo de la Declaracion de Principios sobre Libertad de Expresion de la Comision Interamericana, la actuacion de los funcionarios públicos -en este caso judiciales- se encuentra sujeta a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y no deben estar sujetas a ninguna limitacion.
PERIODISTAS admitio que «solamente cabría aplicar sanciones civiles si se demostrara que en la difusion de las noticias el comunicador tuvo intencion de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas, o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsadad de las mismas. Ninguno de esos extremos fue probado en esta causa judicial».
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