Nery Adalberto Recarte, periodista y propietario de Canal 34 y de la radio La Popularísima, sufrió un atentado el 11 de noviembre a manos de dos desconocidos que le efectuaron varios disparos mientras subía a su automóvil estacionado frente al edificio, sede de sus medios.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldó las medidas de protección solicitadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a favor de un periodista hondureño que fue víctima de un reciente atentado.
Ramón Custodio, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Nery Adalberto Recarte, periodista y propietario de Canal 34 y de la radio La Popularísima, con sede en la localidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Recarte sufrió un atentado el 11 de noviembre a manos de dos desconocidos que le efectuaron varios disparos mientras subía a su automóvil estacionado frente al edificio, sede de sus medios. Tanto el periodista como el conductor del vehículo salieron ilesos. Denunciaron el hecho ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, resaltó que la SIP se une a la petición del Comisionado, en parte “porque reconocemos a la indefensión que están expuestos los periodistas hondureños, en especial en el interior del país”.
“Pero también – agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda – porque debemos recordar que el gobierno del presidente Porfirio Lobo no creó ni las medidas de protección ni la fiscalía especial que prometió para investigar y reducir la violencia contra los periodistas y la impunidad de esos crímenes”.
La SIP viene dando seguimiento a la investigación sobre el asesinato del periodista Aníbal Barrow ocurrido el 24 de junio, por el cual, este fin de semana fue detenido Héctor Noé Baquedano Galindo, la sexta persona procesada como autor material.
Paolillo añadió que el crimen de Barrow y el atentado sufrido por Recarte “debe obligar al gobierno, y a las nuevas autoridades que asuman tras las elecciones presidenciales, a dejar las promesas de lado y adoptar medidas inmediatas que garanticen la libertad de prensa y el derecho del público a la información”.
