(IPYS/IFEX) – La periodista Patricia Poleo, directora del diario «El Nuevo País», fue imputada por el fiscal militar y teniente de la militarizada Guardia Nacional (GN) Esaúl Olivares Linares por los presuntos delitos de instigación a la rebelión y difamación contra la Fuerza Armada Nacional. Poleo acudió el 22 de marzo de 2004 para rendir […]
(IPYS/IFEX) – La periodista Patricia Poleo, directora del diario «El Nuevo País», fue imputada por el fiscal militar y teniente de la militarizada Guardia Nacional (GN) Esaúl Olivares Linares por los presuntos delitos de instigación a la rebelión y difamación contra la Fuerza Armada Nacional.
Poleo acudió el 22 de marzo de 2004 para rendir su declaración como testigo por el caso de un video que dio a conocer, en el que aparece un grupo de ciudadanos de presunta nacionalidad cubana dentro de las instalaciones militares del Comando Regional No. 6 de la GN. Allí le fue entregada una citación en la que le notificaba que había sido imputada por la difusión del video.
El abogado Négar Granado, representante de la comunicadora, indicó al IPYS que el 24 de marzo se presentó junto a los otros abogados de Poleo ante la Fiscalía Militar para solicitar la postergación de la citación a la periodista, fijada para el 25 de marzo. Además, solicitaron revisar el expediente de Poleo, lo cual está garantizado en el Código Penal, en virtud de la calidad de imputada de la periodista y pidieron que el caso sea conocido por un tribunal civil penal y no por un tribunal de la jurisdicción militar, como está planteado actualmente.
«Acudimos a la Fiscalía Militar para platear un conflicto de competencia, ya que ninguna persona civil en ejercicio de sus funciones puede ser juzgado por un tribunal militar», explicó Granado.
En la Fiscalía se le entregó copia del escrito al fiscal, el cual notificó verbalmente a los abogados que la audiencia para la imputación sería fijada para el 29 de marzo. Asimismo, se les notificó que la única oportunidad que tendrían para acceder al expediente del caso sería en la tarde del 26 de marzo.
Poleo goza de una medida cautelar que le fue otorgada a ella y a otras tres periodistas venezolanas el 12 de marzo de 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que recibieran amenazas telefónicas y escritas.
