(PROBIDAD/IFEX) – El periodista rural, Januario Vásquez, corresponsal en Ocotepeque, en el occidente de Honduras, de la Radio Globo y el telenoticiero «Abriendo Brecha», ambos de cobertura nacional que se transmiten desde Tegucigalpa, la capital, ha sido objeto de intimidaciones por denunciar el contrabando de combustible, en el cual, se involucra a un juez de […]
(PROBIDAD/IFEX) – El periodista rural, Januario Vásquez, corresponsal en Ocotepeque, en el occidente de Honduras, de la Radio Globo y el telenoticiero «Abriendo Brecha», ambos de cobertura nacional que se transmiten desde Tegucigalpa, la capital, ha sido objeto de intimidaciones por denunciar el contrabando de combustible, en el cual, se involucra a un juez de paz de la zona.
Según Vásquez, hace un mes en los medios para los cuales reporta denunció el contrabando de combustible, específicamente de gas LPG o kerosene para uso doméstico, procedente de El Salvador. Según Vásquez, en el negocio estaría implicado el juez de paz, German Villeda, quien «me ha estado intimidando desde que salió la información, pues las evidencias apuntan a que él como autoridad, se beneficia de este comercio ilícito».
Vásquez fue interceptado el 24 de febrero de 2006, a las 11:00 p.m. (hora local), por gente allegada al juez de Paz, cuando empezaba a filmar los movimientos del contrabando, como parte de su trabajo investigativo y de denuncia. En ese momento, asegura, «un individuo que se lleva con el juez de paz, me apuntó con su pistola y me acusó de estar difamando al juez; me dijo que me cuidara».
Tras la denuncia hecha pública en los noticieros radiales y de televisión a nivel nacional, Vásquez fue visitado el 27 de febrero por un abogado que contrató el juez de paz Villeda para decirle que lo iba a demandar por los delitos de difamación y calumnia, pero que si «llegábamos a un acuerdo, podíamos conciliar y dejar la fiesta en paz (olvidar el asunto)».
La denuncia del periodista Vásquez no es la primera de su índole, pero sí es la primera amenaza directa que recibe un periodista por parte de una autoridad ligada al poder judicial, principal responsable de impartir justicia en este país centroamericano.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
