(PERIODISTAS/IFEX) – Entre la última semana de junio y la primera de julio de 2001 el gobierno del estado brasileño de Rio Grande do Sul descalifico al periodista Luis Milman y presiono a la revista de actualidad «IstoÉ» para que no publicara una artículo suyo donde daba detalles de las irregularidades que habría cometido el […]
(PERIODISTAS/IFEX) – Entre la última semana de junio y la primera de julio de 2001 el gobierno del estado brasileño de Rio Grande do Sul descalifico al periodista Luis Milman y presiono a la revista de actualidad «IstoÉ» para que no publicara una artículo suyo donde daba detalles de las irregularidades que habría cometido el gobierno estadual en la explotacion de juegos de azar.
En una nota para «IstoÉ», Milman y Claudio Camargo, editor de la seccion Internacionales de la revista, sostienen que el gobierno estaba instrumentando una nueva modalidad de apuesta denominada «Loteria On Line-Real Time», a pesar de que la Procuraduría de la República del Ministerio Público Federal de Rio Grande do Sul ya había advertido «al gobierno que es inconstitucional, como viene siendo hecha, la legalizacion de loterías o cualquier tipo de juego de azar en el ámbito estadual».
La administracion del gobernador riograndense Olívio Dutra está siendo observada por la Comision Parlamentaria Investigadora (CPI) de Seguridad Pública, que explora las posibles conexiones entre el gobierno estadual y el juego clandestino. En su nota, Milman y Camargo revelaron que el 17 de mayo de 2001 dos miembros de la cúpula de la administracion policial formada al comienzo del gobierno de Dutra declararon ante la CPI que «en enero de 1999 el entonces jefe de policía elegido por el PT (Partido de los Trabajadores, al que pertenece el gobernador), Luiz Fernando Tubino da Silva, comunico al primer escalon policial una supuesta determinacion de emisarios del gobierno: la quiniela en el Estado no debía volver a ser reprimida, porque el dinero de la contravencion sería destinado a obras sociales del Ejecutivo».
Antes de que fuera publicada la nota, el gobierno estadual se comunico con Camargo para convencerlo de que no publicara elementos que el gobierno consideraba erroneos. Una asesora de prensa oficial, la periodista Denise Montovani, pretendio desacreditar a Milman sosteniendo que su desempeño era cuestionable por su condicion de notorio opositor al gobierno y miembro de una organizacion (el Movimento de Justiça e Direitos Humanos, MJDH) que había demandado a la administracion pública en razon de los mismos hechos sobre los que informaba.
Como la revista decidio publicar el dossier sin ningún tipo de alteracion, la réplica del gobierno estadual no se hizo esperar. En un comunicado, el jefe de la Asesoría de Prensa gubernamental, Guaracy Cunha, acuso a los periodistas de violentar «todos los codigos de ética conocidos de la prensa brasileña» y reitero su molestia por el espacio que «IstoÉ» le brindo a Milman. Aseguro además que la nota tenía errores de informacion «premeditados» y «gravísimos», y que por algunos de los pasajes «los periodistas tendrán que responder judicialmente».
Milman refuto las imputaciones y las que califico como un intento «escandaloso e increíble» de levantar sospechas e impedimentos para el ejercicio de su trabajo. El periodista y profesor universitario reivindico su tarea en el MJDH y nego que su participacion en demandas contra el gobierno quitaran veracidad a su investigacion.
«Lo que hago, aquello en lo que me involucro, las opiniones que defiendo, como y donde las manifiesto, en nada me tornan ‘sospechoso’ para ejercer el periodismo con dignidad y con respeto a los principios que orientan el ejercicio de esta profesion», afirmo. Y concluyo que la actitud de Montovani se encuadraba dentro de la censura previa, «sin ningún escrúpulo o vergüenza, levantando sospechas sobre un profesional, junto a sus colegas y al medio que, al contratarlo, le presta la indispensable credibilidad».
El MJDH repudio la actitud del gobierno y le reprocho su «faz extremadamente perversa y antidemocrática» y su frecuente persecucion a periodistas. «Se va transformando en triste rutina atacar, intimidar y demandar a profesionales de prensa que, por su independencia, no se inclinan ante el poder y los poderosos de turno», sostuvo la entidad.
