(RSF/IFEX) – RSF condena las amenazas de muerte recientemente recibidas por Alfonso Lessa, colaborador en Montevideo del canal de televisión Canal 12 y del diario «El País». El periodista ha recibido dos correos electrónicos, procedentes de un individuo que se presenta como «militar en activo», fustigando sus posturas con respecto al ejército. «Estas amenazas hay […]
(RSF/IFEX) – RSF condena las amenazas de muerte recientemente recibidas por Alfonso Lessa, colaborador en Montevideo del canal de televisión Canal 12 y del diario «El País». El periodista ha recibido dos correos electrónicos, procedentes de un individuo que se presenta como «militar en activo», fustigando sus posturas con respecto al ejército.
«Estas amenazas hay que tomárselas en serio. Alfonso Lessa es un reconocido especialista de la época de la dictadura, cuyas heridas permanecen abiertas entre la opinión pública. No es casualidad que estas amenazas se hayan producido tras las primeras condenas de militares y policías, considerados culpables de graves violaciones de los derechos humanos durante aquellos años negros. Abordar el tema es ponerse en peligro. Desgraciadamente no es cierto que todos los militares estén dispuestos a enfrentarse a esta realidad. La investigación sobre este caso no debe pararse en las puertas de los cuarteles», ha declarado RSF.
Lessa es autor de varios libros sobre la época de la dictadura militar (1973-1985). En la primera semana de octubre le llegaron dos correos electrónicos, procedentes de un «oficial subalterno». Uno de los mensajes le acusaba de haber mentido cuando aseguró que los jóvenes mandos del ejército desean que juzguen a los antiguos por crímenes contra la humanidad, para aliviar a la institución militar del peso de su pasado.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que ha sido quien ha destapado el caso, atribuye el origen de ese correo a «militares nostálgicos de la dictadura».
Las amenazas a Lessa se producen después de que el juez Luis Charles haya condenado, y enviado a la cárcel, a un grupo de ocho policías y militares que llevaron a cabo violaciones de derechos humanos durante la dictadura. El mismo juez ha abierto también una investigación judicial contra varios mandos de las fuerzas armadas, y contra el general retirado Gregorio Alvárez, presidente impuesto por los militares entre 1981 y 1985, el año del regreso a la democracia.
Inéditos hasta la fecha, estos procedimientos chocan con la Ley de Caducidad, que protegía a la institución militar de cualquier denuncia, aprobada por el Parlamento en 1986 y por la población civil, en referéndum, en 1989, para conseguir la paz civil. La sociedad está preocupada por saber si estos procedimientos contradicen la ley. En varias entrevistas, Lessa ha estimado que la Ley de Caducidad respondía a los objetivos de una transición democrática, pero que no impide en absoluto que se haga justicia.
