(PROBIDAD/IFEX) – Los periodistas Robert Marín García y Dina Meza, del equipo del diario digital «Revistazo.com» de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), acudieron el 15 de diciembre de 2006 al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, para ampliar su testimonio y denunciar la existencia de plan para asesinarlos por sus […]
(PROBIDAD/IFEX) – Los periodistas Robert Marín García y Dina Meza, del equipo del diario digital «Revistazo.com» de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), acudieron el 15 de diciembre de 2006 al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, para ampliar su testimonio y denunciar la existencia de plan para asesinarlos por sus trabajos investigativos acerca del funcionamiento de dos empresas privadas de seguridad que prestan sus servicios al Estado.
Fuentes de inteligencia ligadas a los cuerpos de seguridad del Estado advirtieron a los comunicadores la «existencia de un aparente plan por parte de estas empresas para ejecutarnos», dijo al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) el periodista Robert Marín García.
En su advertencia, las fuentes de los cuerpos de seguridad indicaron a los periodistas que se cuidaran porque «les llevan hambre (ganas de matar)» e incluso les insinuaron que buscaran protección para salir del país.
Desde hace dos semanas, los periodistas Robert Marín García, Dina Meza (coordinadora de proyectos de ASJ), Rosa Morazán y Claudia Mendoza, tras el asesinato del abogado Dionisio García que les asesoraba legalmente en sus temas de investigación, se han visto forzados a tomar medidas extremas de seguridad al recibir amenazas anónimas, ser objeto de seguimiento por desconocidos e inusuales asaltos a vecinos que habitan cerca de sus viviendas.
Asimismo, el presidente de la directiva de ASJ, Carlos Hernández, fue objeto de persecución por dos desconocidos que se transportaban en una motocicleta y recibió, hace una semana, un mensaje de texto vía celular, escrito en inglés, en donde le manifestaban que él sería la próxima víctima por ser «el líder» de la organización. Hernández también tuvo, el miércoles 13, la visita de gente extraña en su colonia preguntando donde vivía, según informaron miembros de esa organización a C-Libre.
La ASJ ha responsabilizado del asesinato del abogado García y de las amenazas contra sus periodistas a las empresas privadas de seguridad SETECH y Delta Security, propiedad del empresario Richard Swasey, quien presta servicios a cinco empresas estatales entre las que destacan la telefónica HONDUTEL y el Seguro Social, entre otras.
Las investigaciones de los periodistas dieron pie a demandas laborales contra estas dos empresas que eran llevadas por el abogado Dionisio García, quien además, asesoraba a los comunicadores en sus trabajos. García fue asesinado, una semana después de haber sido amenazado, el 4 de diciembre por sicarios que se conducían en una motocicleta.
El hecho generó un amplio repudio social y en una conversación telefónica sostenida recientemente entre personeros de ASJ y el presidente de la república, Manuel Zelaya, éste les dijo que lamentaba el hecho, pero que no podía atenderlos porque «tenía asuntos más importantes que atender», se informó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que ha dado un seguimiento y acompañamiento al caso.
A su vez, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) responsabilizó en una nota pública hace una semana al presidente Zelaya de cualquier atentado contra la vida de los periodistas, al tiempo que pidió medidas cautelares a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado hondureño garantice la vida a los comunicadores, personal de ASJ y sus familiares.
A esta nota se sumó un oficio enviado el 15 de diciembre por el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien en entrevista telefónica con el C-Libre dijo que hará «hasta lo imposible por garantizar la vida de estos muchachos, porque no queremos más sorpresas ni impunidad».
El oficio que enviara el comisionado al gobernante hondureño solicita también medidas cautelares, que las hizo extensivas a la CIDH, a favor de los periodistas de ASJ, el presidente de la directiva Carlos Hernández, y sus familias, así como el esclarecimiento del asesinato del abogado Dionisio Díaz García.
«Hay una amenaza real contra la vida, seguridad e integridad personal de los señores Carlos Hernández, Dina Meza, Robert Marín García, Rosa Morazán y otros empleados de esa organización», manifiesta en su oficio el Comisionado.
«En este momento mi correo electrónico está saturado de denuncias y peticiones para que se investigue y castigue debidamente a los asesinos del abogado Dionisio Díaz García, clamor al que me sumo sinceramente, pues su impunidad es parte de la misma preocupación que me embarga. Me duele escribir este oficio, pero mi compromiso con la vida es vehemente, firme e inflexible», sostiene en su nota el Comisionado, Ramón Custodio.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el C-Libre.
