(PERIODISTAS/IFEX) – El 15 de diciembre de 2003 se realizó la primera audiencia en la acción penal por calumnias e injurias iniciada por un poderoso empresario de la provincia de Santiago del Estero, norte del país, contra integrantes del denominado Foro de Entidades Intermedias, espacio donde confluyen entidades civiles de distinto tipo. En 2002, Néstor […]
(PERIODISTAS/IFEX) – El 15 de diciembre de 2003 se realizó la primera audiencia en la acción penal por calumnias e injurias iniciada por un poderoso empresario de la provincia de Santiago del Estero, norte del país, contra integrantes del denominado Foro de Entidades Intermedias, espacio donde confluyen entidades civiles de distinto tipo.
En 2002, Néstor Ick, propietario del Canal 7 de Santiago del Estero, del principal banco de la provincia y de empresas con millonarios contratos con el gobierno local, querelló a quienes en marzo de ese año publicaron en un diario una carta donde se cuestionaba sus actividades empresariales, su vínculo con el poder político y los efectos que esta relación tenía sobre el pueblo santiagueño, uno de los más pobres del país.
Conformado en 2001, el Foro de Entidades Intermedias critica públicamente y con dureza a quienes ejercen el poder político y económico en la provincia, encabezada por el matrimonio integrado por Carlos Juárez, principal político de la provincia y cinco veces gobernador, y Marina Mercedes Aragonés, actual gobernadora.
Entre los querellados hay cuatro representantes del Círculo de la Prensa local, Eduardo Enrique Peláez, Héctor Hugo Ávila, Ángel Enrique Sayago y Julio Carreras, quienes al no disponer de asesor letrado recibieron el apoyo de PERIODISTAS y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).
Una de las frases cuestionadas en la querella de Ick es, «Evidentemente los negocios que se efectúan a la sombra del poder producen dividendos, ya que cualquier amenaza de que la opinión pública conozca la verdad suscita un miedo cerval en quienes saben perfectamente que están actuando en contra de las leyes humanas y divinas». Y más adelante se dice: «aquí la gente está harta de trabajar para el enriquecimiento de una sola persona . . . Sepan quienes ansían controlar todo lo que se mueve en la provincia que la esclavitud fue justamente abolida por una asamblea constituyente».
La audiencia ocurrió tres semanas después de que PERIODISTAS realizara una misión de observación en la provincia. En un informe titulado «Santiago del Estero: No existe libertad de expresión», la entidad manifestó «su total apoyo a la movilización de los distintos sectores de la sociedad de Santiago del Estero y recomienda a todas las instituciones democráticas de la sociedad civil y a las autoridades nacionales un seguimiento sistemático y continuo de la situación en esta provincia, un trabajo impostergable para prevenir graves consecuencias sobre quienes se niegan al silencio y a la sumisión».
