Junio en Europa y Asia Central: un resumen de noticias clave sobre la libertad de expresión realizado por el editor regional de IFEX Cathal Sheerin, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
“Una amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales”
Días antes de celebrarse la elección presidencial del 28 de junio en Polonia, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció al canal estatal de televisión Telewizja Polska (TVP), acusándolo de funcionar como la división de propaganda del gobernante Partido de Ley y Justicia (PiS), de tendencia nacionalista. Desde RSF se criticó a la emisora no solo por promover al candidato del PiS (y presidente en ejercicio) Andrzej Duda, sino también por difundir activamente un discurso de odio e información falsa. Mientras tanto, el canal se ha dedicado al mismo tiempo a calumniar al opositor más popular de Duda, insinuando que era financiado por un poderoso lobby extranjero que busca desestabilizar al país trayendo inmigrantes ilegales, su cobertura de Duda ha sido extremadamente elogiosa.
@astroehlein
Estas son las noticias de la TV estatal polaca: pura propaganda del candidato oficialista para las elecciones presidenciales del domingo… No hay que saber hablar polaco para notar la similitud con Corea del Norte. A eso destinan los impuestos de los contribuyentes polacos.
Crece el consenso en toda la Unión Europea (UE) sobre la importante amenaza a la libertad de expresión que suponen las demandas judiciales contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Estos juicios – entablados por denunciantes ricos contra periodistas que defienden el interés público – son intentos particularmente cínicos de enredar a los periodistas en querellas complejas y millonarias con el fin de impedir su trabajo. Este mes, miembros de IFEX y otros grupos defensores de derechos exigieron que se emitiera una directiva anti SLAPP para toda la UE. Estos grupos calificaron a las SLAPP de “amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales”, afirmando que “perjudican los derechos a la libertad de expresión, de participación pública y de reunión de quienes denuncian en nombre del interés público”. Cuando fue asesinada en 2017, la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, tenía 47 SLAPP pendientes en su contra.
Más adelante en el mes de junio, Věra Jourová, Vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, dio una señal prometedora en este sentido al anunciar a los parlamentarios europeos que se estudiaría el tema de las SLAPP en el marco de las deliberaciones para la adopción del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia a fines de 2020.
“Una arrogante y obsesiva cultura de la impunidad”
Todos los días parecen surgir en Malta nuevas e impactantes revelaciones sobre presuntos actos de corrupción o funcionarios estatales implicados en el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Este mes se inició una investigación contra el ex jefe de policía Lawrence Cutajar luego de que se le acusara de haber interferido en la indagatoria del homicidio de Caruana Galizia. En una audiencia judicial se denunció que Cutajar había alertado al intermediario del crimen, Melvin Theuma, antes de que este fuera arrestado. Cutajar niega esa acusación, pero admite haberse reunido con un hombre cercano a Theuma (sin comunicarlo a quienes están a cargo de la investigación del homicidio) en un intento por conseguir las grabaciones hechas por Theuma que ahora se están utilizando en el juicio contra Yorgen Fenech (quien está acusado de coordinar el asesinato de Caruana Galizia y a quien también se vincula con ex primer ministro).
Hacia fines de junio, el Defensor del Pueblo Anthony Mifsud emitió un informe condenatorio sobre Malta en el que resalta la existencia de “una arrogante y obsesiva cultura de la impunidad de la que gozan quienes hacen gala de las amistades y conexiones adecuadas y ostentan un considerable peso financiero para injerir en las decisiones de la administración pública”.
También se hizo eco de algunas declaraciones de Caruana Galizia sobre Malta, al afirmar que “cuando esta gente actúa confabulada o en connivencia con políticos y autoridades públicas, y cuando quienes tienen el deber de vigilar, controlar y detener los abusos se callan por temor o miran para otro lado y toleran, cuando no condonan, los abusos y las violaciones de leyes y normas, la situación se torna peligrosa”.
@mcaruanagalizia
Malta hoy. Un juez ordenó a la policía que investigara al ex comisario Lawrence Cutajar. Borró WhatsApp o cambió su teléfono justo antes o después de emitida la orden. Como alguien más dijo: el nivel de complicidad oficial en este caso es pasmoso.
Novedades legislativas
Hubo un importante avance en Italia este mes en la campaña para abolir las sentencias de privación de libertad en casos penales de difamación, con el fallo del Tribunal Constitucional que da al parlamento un plazo de un año para aprobar una reforma legislativa que adapte el código penal italiano a las normas europeas de derechos humanos. Si en ese plazo el parlamento no aprueba las leyes requeridas, el Tribunal eliminará las condenas de cárcel. El Tribunal también suspendió temporalmente las penas de prisión para periodistas que ya fueron condenados por delitos de difamación.
@ilariafevola
#Italia #difamación: #TribunalConstitucional da un año al parlamento para aprobar reforma que adapte la legislación a normas de #DHCE y equilibre la #LdE con el derecho al honor y la reputación. @article19org @article19europe @ECPMF @mediadefence @dipietroski @IFEX @ColumbiaGFoE
En una gran victoria para la sociedad civil húngara, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó a mediados de junio que la ley de ONG con financiación extranjera promulgada por Hungría en 2017 vulnera la legislación de la UE. La ley sobre ONG, que rige para aquellas que reciban fondos del exterior, exige a estas organizaciones que se registren formalmente como entidades con financiación extranjera y se identifiquen como tales con un cartel en sus sitios web y publicaciones. El incumplimiento de este requisito podría resultar en el cierre de la ONG. El Tribunal determinó que la ley es discriminatoria y que impone restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales, al derecho a que se respete la vida privada y familiar, a la protección de datos personales y a la libertad de asociación.
Muchas organizaciones, entre ellas la Unión Húngara de Libertades Civiles, miembro de IFEX, protestaron contra esta ley represora y la boicotearon.
@tasz_hu
Prometimos demostrar que la ley anti ONG no es solo injusta sino también ilegal. Resistimos boicoteándola junto a muchas organizaciones de la sociedad civil húngara. Celebramos que el #TJUE haya dictaminado que esta ley viola efectivamente las leyes de la UE. #Hungría
Tribunal de Justicia de la UE
@EUCourtPress
#TJUE: Las restricciones impuestas por #Hungría a la financiación de organizaciones civiles por personas establecidas fuera de ese Estado miembro no cumplen con la #legislacióneuropea
El 25 de junio, legisladores de Kirguistán aprobaron un proyecto de ley “sobre manipulación de información” que, si llegara a ser promulgado por el Presidente Sooronbay Jeenbekov, restringiría la libertad de prensa y reduciría seriamente las libertades digitales. La ley permitiría a las autoridades cerrar y bloquear sitios web que considere que contienen información “falsa” (aunque el proyecto de ley no define qué se entendería por información “falsa”); también requeriría que los propietarios de sitios web y usuarios de cuentas de redes sociales se registraran con sus nombres verdaderos. Asimismo, los proveedores de servicios de internet estarían obligados a guardar los datos de los usuarios por un plazo de hasta seis meses y a ponerlos a disposición de las autoridades cuando estas lo soliciten.
Preocupa que en un discurso dirigido a estudiantes en Turquía, el Presidente Erdoğan prometiera aprobar nuevas normas para reprimir las “mentiras, difamaciones y perversidades” que circulan en las redes sociales. Los usuarios de las redes sociales en Turquía ya se ven frecuentemente perseguidos por las autoridades por sus supuestas críticas al gobierno o a las políticas de gobierno.
En Alemania, el Tribunal Federal de Justicia determinó que Facebook estaba usando su posición dominante para obligar a los usuarios a ceder sus datos y declaró que el gigante de las redes sociales debería obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de fusionar los datos de su propia aplicación con los de otras fuentes, como WhatsApp e Instagram. “Facebook debe dar a los usuarios la opción de revelar menos sobre sí mismos – sobre todo con respecto a lo que revelan fuera de Facebook”, dijo el juez principal Peter Meier-Beck.
Otra noticia de Alemania es que Berlín se convirtió en la primera ciudad en aprobar su propia ley antidiscriminación. Esta ley prohíbe a las autoridades públicas discriminar por motivos de extracción social, color de piel, género, religión, discapacidad física o mental, visión del mundo, edad, identidad sexual, nivel de conocimiento del idioma alemán, enfermedad crónica, ingresos, educación u ocupación.
El 10 de junio, el parlamento de Tayikistán aprobó enmiendas al Código Administrativo que significarán la imposición de multas elevadas a quienes difundan información “falsa” o “inexacta” sobre COVID-19 en las noticias o en las redes sociales. La multa máxima rondará los 995 euros (lo que equivale aproximadamente a dos salarios mínimos mensuales).
Enfoque de género
En las semanas previas a las elecciones presidenciales de Polonia, Andrzej Duda, el presidente en ejercicio y candidato oficialista por el Partido de Ley y Justicia (PiS), apeló a su base de votantes nacionalistas recrudeciendo su homofobia. El PiS es un partido abiertamente homofóbico, cuyos integrantes y representantes han promovido en los últimos meses las llamadas “zonas libres de LGBT”. El PiS también se ha dedicado a alimentar una guerra cultural centrada en la defensa de Polonia contra la “ideología de género” (un término despectivo utilizado por la extrema derecha para referirse tanto a los derechos del colectivo LGBTQI+ como a los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres). El propio Duda se comprometió hace poco a “proteger” a los niños polacos de la “ideología LGBT”, afirmando que las personas LGBTQI+ “no son iguales a las personas normales”. Dos semanas antes de las elecciones, otro representante del PiS, Przemysław Czarnek, apareció en un programa televisivo abogando por la defensa de la familia contra “la inmundicia, la depravación y el comportamiento absolutamente inmoral” de las personas LGBTQI+.
@Bart_Wielinski
Przemys³aw @CzarnekP, diputado polaco del gobernante #PiS, despotricó en TV estatal que personas #LGBT «no son iguales a las normales». Ayer el presidente polaco @AndrzejDuda dijo en un acto que personas LGBT no son seres humanos. Incitan al odio para concitar apoyo. ¿Funcionará?
Ya hace tiempo que la homofobia del PiS suscita preocupación entre autoridades de la UE. Este mes, la Comisión Europea envío una carta con lo que se describe como una “amenaza apenas velada” dirigida a cinco gobernadores que declararon a sus regiones “zonas libres de LGBT”. En la carta, luego de recordar a los gobernadores que la UE estaba en proceso de decidir la asignación de fondos para ayudar a Polonia a combatir la pandemia de COVID-19, se les pide que evalúen la situación de discriminación en sus regiones y se les insta a declarar por escrito que adoptarán “medidas para promover la igualdad y la no discriminación”.
Rumania fue acusada en junio de alinearse con Polonia y Hungría en materia de derechos de género al prohibir todo estudio “que propague teorías y opiniones sobre identidad de género según las cuales el género sea un concepto separado del sexo biológico”. Aunque en Rumania el cambio de género es legal, en los últimos años el procedimiento se ha vuelto cada vez más complicado.
Ante informes periodísticos de que el Reino Unido podría abandonar los planes de reforma de la Ley de Reconocimiento de Género (GRA, por sus siglas inglés) y “excluir explícitamente a las mujeres transgénero de los espacios ‘solo para mujeres’”, Human Rights Watch exhortó al gobierno a que se comprometiera a reformar la Ley para “permitir un proceso administrativo accesible y transparente para el reconocimiento legal de género basado en la autoidentificación” y rechazara “cualquier política que pudiera someter a las mujeres trans a discriminación y exponerlas a daños, en particular negándoles acceso a espacios seguros para mujeres”.
