Los representantes del Gobierno insisten en que la propuesta de enmienda democratizará los medios, pero sus oponentes argumentan que la libertad de expresión dejaría de ser un derecho fundamental.
Lo que sigue es parte del blog del CPJ por John Otis, Corresponsal del CPJ para la región andina:
Los intentos por enmendar la Constitución ecuatoriana para categorizar la comunicación como «servicio público» han suscitado un intenso debate en el cual uno de sus críticos los ha comparado con el modo como dictadores como Stalin y Hitler utilizaron la prensa como instrumento de propaganda, mientras que los partidarios del Gobierno encabezado por el presidente Rafael Correa sostienen que la propuesta de reformas logrará que el periodismo rinda mayores cuentas y sea más accesible.
Los representantes del Gobierno insisten en que la propuesta de enmienda democratizará los medios, que según ellos están dominados por intereses privados demasiado poderosos como para autorregularse. Sus oponentes argumentan que la libertad de expresión dejaría de ser un derecho fundamental y que en cambio se convertiría en un servicio público, con lo cual el Gobierno tendría vía libre para ejercer amplias facultades regulatorias sobre todos los medios de comunicación.
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