(IPYS/IFEX) – El 20 de mayo de 2004, en el aeropuerto de Tingo María, provincia de la región Huánuco, al este del Perú, fue retenido el material audiovisual de varios corresponsales de televisión cuando se les sometía a las revisiones de rigor antes de subir a un avión de la Policía Nacional. Los corresponsales tenían […]
(IPYS/IFEX) – El 20 de mayo de 2004, en el aeropuerto de Tingo María, provincia de la región Huánuco, al este del Perú, fue retenido el material audiovisual de varios corresponsales de televisión cuando se les sometía a las revisiones de rigor antes de subir a un avión de la Policía Nacional. Los corresponsales tenían que abordar al aeronave debido a que el bloqueo de las carreteras por las protestas de los campesinos cocaleros mantenía aislada la ciudad del resto del país.
Poco antes de efectuar la inspección, el efectivo de la Policía Nacional, Raúl Lupo Figueroa Codar, advirtió a los pasajeros que si alguien llevaba un casete de vídeo éste sería requisado, lo cual ocurrió – sin dar ninguna explicación – con el material registrado por los corresponsales de Panamericana Televisión, América Televisión y Televisión Nacional del Perú.
El motivo de esta actitud fue evitar que los graves sucesos ocurridos, durante las protestas de los cocaleros en la ciudad, se difundieran y con ello la opinión pública desconociera los motivos reales de los actos vandálicos y el enfrentamiento con la turba de campesinos que intentó tomar algunas oficinas publicas en reacción, a lo que consideró, provocaciones de la Policía Nacional.
Periodistas de otras televisoras salvaron su material audiovisual al lograr que sus videos llegaran a su destino ya que se los encargaron a algunos policías que fueron evacuados a Lima mientras cundía la confusión en Tingo María debido a los actos de violencia.
Con esto, se ha demostrado que la seguridad para los periodistas en las zonas cocaleras es casi inexistente. Por una parte, muchos cocaleros los consideran voceros de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA, organismo encargado de conducir estrategias para luchar contra el cultivo ilegal de coca) y, eventualmente, profesionales que distorsionan la realidad y asumen la defensa de los funcionarios del gobierno; y, por otra parte, las fuerzas del orden que, por mandato de sus superiores, están adoptando actitudes peligrosas en contra de la libertad de prensa y expresión.
