(ARTICLE19/CENCOS/IFEX) – Lo que sigue es una alerta de ARTICLE 19 Y CENCOS con fecha del 5 de Febrero de 2009: Agentes de la Policía Estatal y la policía municipal de Tijuana, Baja California (noroeste), allanaron las oficinas del semanario local «Balún Canán» en dos ocasiones, sin orden, judicial y agredieron a reporteros, amenazándolos de […]
(ARTICLE19/CENCOS/IFEX) – Lo que sigue es una alerta de ARTICLE 19 Y CENCOS con fecha del 5 de Febrero de 2009:
Agentes de la Policía Estatal y la policía municipal de Tijuana, Baja California (noroeste), allanaron las oficinas del semanario local «Balún Canán» en dos ocasiones, sin orden, judicial y agredieron a reporteros, amenazándolos de muerte.
Juan Alfonso Ojeda, director y fundador del «Balún Canán», dijo en entrevista para CENCOS y ARTICLE19 que, el 4 de febrero de 2009, el semanario recibió una agresión por parte de policías estatales quienes amedrentaron físicamente a Isabel Mercado, subdirectora del diario, y lanzaron amenazas de muerte contra diversos periodistas. Esta agresión es la segunda que han recibido en menos de una semana y obedece a la misma razón: el ejercicio de su labor. El 31 de enero, a las 8 de la noche (hora local), se recibió la primera agresión cuando los periodistas Juan Ojeda y Jesús Damas Ruíz, mientras se alistaban a cerrar las instalaciones del semanario, observaron una movilización policíaca y decidieron filmarla. Este hecho desencadenó que elementos de la policía municipal reclamaran que no tenía autorización para grabarlos y los sometieron por la fuerza. Con los rostros cubiertos, los agentes allanaron las oficinas del semanario mientras golpeaban a quienes encontraban a su paso. Juan Ojeda relató que, al no encontrar nada ilegal para inculparlos, él y Jesús Damas fueron sacados del diario con violencia y los subieron a una patrulla, los esposaron y amenazaron con armas largas.
En esa ocasión, los periodistas fueron despojados de sus teléfonos celulares, cámaras de video y fotográficas, así como de 12 mil pesos (aproximadamente 850 USD) en efectivo que estaban destinados para el pago de la edición del semanario. El video de dicha agresión puede ser consultado en: http://www.youtube.com/watch?v=SgLtmII8JOM
Posteriormente, los reporteros detenidos arbitrariamente fueron presentados ante el juez calificador municipal en turno, donde se les acusó de haber ingerido bebidas alcohólicas en la vía pública. Éste sólo escuchó la versión de los uniformados y en ningún momento permitió que los inculpados relataran su versión. Les impuso 30 horas de arresto o el pago de más de 500 pesos (aproximadamente 35 USD) de multa en la Estancia Municipal de Infractores. Cabe mencionar que Jesús Damas resulto herido en las vértebras del cuello. Los policías devolvieron los aparatos electrónicos, pero no el dinero.
Ambos periodistas agredidos, se presentaron ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Sindicatura Municipal, para integrar su denuncia en contra de los agentes municipales por el delito de abuso de autoridad e irrumpir en las instalaciones del medio de comunicación.
Las agresiones a periodistas y medios de comunicación son un hecho lamentable y peor aún cuando provienen de cuerpos de seguridad quienes como tarea principal tienen la salvaguarda del orden y la protección de todas las personas bajo su jurisdicción. Las intimidaciones, amenazas y detenciones arbitrarias contra periodistas y comunicadores son prácticas que, constituyen una violación al derecho de libertad de expresión, y por tanto una afrenta para la sociedad y una amenaza para la democracia.
ARTICLE 19 y CENCOS hacen un llamado a las autoridades del Municipio de Tijuana para que, de acuerdo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado mexicano, promuevan y garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión. De igual modo, exhortan a las autoridades competentes para que se castigue a los agentes policíacos responsables, se repare el daño infringido y a la brevedad sean adoptadas medidas contundentes y positivas encaminadas a garantizar que dichos abusos no vuelvan a ocurrir bajo su jurisdicción.
Estas prácticas resultan inaceptables en un sistema democrático ya que afectan severamente el libre flujo de ideas, información y opiniones.
