(IPYS/IFEX) – La madrugada del 22 de agosto de 2006, un escuadrón de la Policía Municipal disparó contra los fotógrafos Jorge Luis Plata del diario «Reforma», Luis Alberto Cruz, del diario «Milenio», y contra el equipo reporteril de «Televisión Azteca», mientras estaban cubriendo un operativo para desalojar a los miembros de la Asamblea Permanente del […]
(IPYS/IFEX) – La madrugada del 22 de agosto de 2006, un escuadrón de la Policía Municipal disparó contra los fotógrafos Jorge Luis Plata del diario «Reforma», Luis Alberto Cruz, del diario «Milenio», y contra el equipo reporteril de «Televisión Azteca», mientras estaban cubriendo un operativo para desalojar a los miembros de la Asamblea Permanente del Pueblo de Oaxaca (APPO) de la estación radial «La Ley», que tomaron el 21 de agosto (ver las alertas de IFEX del 23 y 22 de agosto 2006). No hubo heridos. El hecho ocurrió en el Estado de Oaxaca, al sur del país.
El reportero gráfico de «Reforma» señaló que estaban fotografiando las camionetas en las que iban los policías que harían el operativo. Al percatarse de la presencia de los reporteros, los efectivos empezaron a dispararles sin ninguna provocación. Plata aseguró que los policías sí advirtieron que eran fotógrafos. Los reporteros se cubrieron detrás de los postes cercanos para evitar ser heridos. Al mando del operativo iba el director de la Policía Municipal, Aristeo López Martínez.
El periodista de «Televisión Azteca», Édgar Galicia, sostuvo que los policías se bajaron de las camionetas y lo apuntaron con sus armas junto al camarógrafo y al asistente de cámara del medio. El reportero aseguró que se identificaron, pero los efectivos les arrebataron la cámara de vídeo, el micrófono y los teléfonos celulares a todos los integrantes del equipo.
Desde hace tres meses, Oaxaca soporta un conflicto social que ha afectado la libertad de prensa (ver las alertas de IFEX del 10 de agosto, 25 y 24 de julio, y 19 de junio de 2006). IPYS considera que la APPO ha vulnerado este derecho al utilizar la restricción del mismo como un instrumento de presión para que se cumplan con sus demandas. Asimismo, exhorta a las autoridades a usar el diálogo para recuperar los medios tomados y salvaguardar la vida del personal retenido.