Un reportero gráfico fue detenido por policías cuando cubría una protesta estudiantil mientras que otro periodista fue amenazado tras publicar informes sobre presunta corrupción en varias ONGs.
(IPYS/IFEX) – El 23 de septiembre de 2009, el reportero gráfico Raúl Lluno, del diario «La Hora», fue detenido por efectivos policiales y obligado a borrar su material periodístico cuando cubría una protesta estudiantil en Quito.
El hecho ocurrió cuando el periodista registraba el momento en que un grupo de policías repelía con violencia a estudiantes que participaban en la manifestación. Al percatarse que el fotógrafo había hecho tomas de lo sucedido, lo acorralaron contra una pared y lo subieron a una furgoneta junto a otros detenidos.
Luego, los policías obligaron al fotógrafo a borrar las imágenes que había captado.
FUNDAMEDIOS e IPYS condenan estos hechos, piden a las autoridades investigarlos y exigen instrucciones claras a la policía que controla los focos de conflicto social que respeten y garanticen el trabajo periodístico.
Por otra parte, el 28 de septiembre, Yamil Murillo Zaldúa, periodista del diario «Correo», de Machala, ciudad al sur del país, denunció que recibió mensajes amenazantes de texto y de voz, tras publicar, en agosto, una serie de informes sobre presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos estatales por parte de organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Los reportajes fueron firmados con las siglas UIC (Unidad de Investigación de «Correo»). Las ONGs implicadas son Sonrisas, Afrescus y A & P, acusadas de haber dado mal uso de dinero del estado para proyectos de desarrollo de la niñez.
El periodista reconoce que no tiene evidencias de los autores de las amenazas, pero afirma estar seguro que provendrían de los directivos de las ONGs.
Las organizaciones denunciadas han cuestionado la información periodística por carecer de contraste de fuentes, falsear datos y no darles cobertura para hacer sus descargos. Han acusado también al reportero de tener conflicto de interés por estar vinculado laboralmente con el organismo que supervisa dichos proyectos.
La Fiscalía abrió una investigación previa contra las ONGs cuestionadas. No se han vuelto a repetir las amenazas contra el periodista.
