El 1ro de octubre de 2017, la Comunidad Autónoma de Cataluña celebrará un referéndum histórico sobre su independencia de España. Cathal Sheerin habló con Cinta Arasa - novelista, activista independentista y miembro del consejo del centro catalán PEN - sobre las repercusiones para la libertad de expresión política.
CS: Contra la voluntad del gobierno español, Cataluña celebró en 2014 una votación no vinculante sobre la libre determinación. El 1ro de octubre de 2017 tendrá carácter histórico, jurídicamente vinculante (también prohibido por las autoridades españolas). ¿Cómo llegó Cataluña a este punto?
CA: En abril de 2014, el gobierno español rechazó una petición del Parlamento de Cataluña para celebrar un referéndum sobre la libre determinación. Sin embargo, en septiembre, los legisladores catalanes aprobaron la Ley de consultas populares no vinculantes (con el apoyo del 79% de los diputados) y fijaron un referéndum sobre la libre determinación para el 9 de noviembre de ese año. En respuesta, el Tribunal Constitucional español suspendió temporalmente tanto esa ley como el decreto que convocaba la votación de noviembre. El presidente catalán de aquella época, Artur Mas, pasó por arriba de esto al anunciar una nueva votación y declararla un «proceso participativo público». La votación siguió adelante gracias a más de 30.000 voluntarios y el resultado fue un rotundo éxito por la causa de la independencia. [Nota del editor: más de dos millones de un estimado de 5,4 millones de votantes elegibles participaron en la votación, y un 80% respaldó la independencia].
Tuvo un gran impacto político y social, tanto para la agenda política española como para la sociedad catalana. En cierta medida creo que el referéndum del 1ro de octubre de 2017 tendrá lugar debido a la votación de noviembre de 2014. Tanto el Gobierno de Cataluña como el Parlamento han declarado que la votación de octubre será jurídicamente vinculante y que, si la mayoría de los votantes apoya la independencia, Cataluña declarará su independencia poco después.
Hubo repercusiones muy graves en lo que atañe a los derechos políticos, la libertad de expresión y la censura de los dirigentes catalanes que organizaron el referéndum de 2014. ¿Puede comentar sobre esto y también sobre las restricciones impuestas sobre la votación de octubre?
Tras el referéndum de 2014, el Fiscal del Estado presentó cargos penales contra el entonces presidente Mas, el vi
cepresidente de Cataluña y el ministro de educación por su participación en la votación; como consecuencia, a los tres se les prohibió ocupar cargos públicos. En cuanto a la votación de octubre de 2017, el gobierno español dice simplemente que la legislación española no lo permite. La presidenta de la Cámara de Diputados de Cataluña, Carme Forcadell, fue acusada de desacato, después de permitir un debate parlamentario y votar la aprobación de un mapa de la independencia catalana. Y en un caso aparte, ella y otros miembros de la Mesa Parlamentaria fueron llamados a testificar ante un tribunal por desobedecer al Tribunal Constitucional español – esto fue por permitir un debate y dos resoluciones apoyando el referéndum.
Pero estos son sólo los casos de alto perfil. En la actualidad hay más de 400 procedimientos judiciales en curso contra las autoridades locales catalanas y sus representantes electos. Todos estos casos tienen que ver con acciones relacionadas con la cuestión de la autodeterminación: los «delitos» van desde el hecho de no izar la bandera española en el ayuntamiento, declarar una ciudad “libre e independiente” o la apertura de edificios municipales en el día nacional de España.
Es muy inquietante. El uso de medidas judiciales para silenciar nuestro debate democrático es un ataque directo a nuestro derecho a la libertad de expresión, es pura censura. También es un asalto a los derechos políticos de la mayoría de los catalanes que quieren que este referéndum siga adelante.
También se ha presionado legalmente a las organizaciones de la sociedad civil, incluido el Acuerdo Nacional para el Referéndum, cuyo ex coordinador fue requerido por la Guardia Civil española para hacer una declaración explicando las actividades de la organización.
Entonces, ¿cómo va a cumplir el gobierno español la prohibición del referéndum de octubre?
Hasta ahora, su principal respuesta pública ha sido que utilizarán cualquier medio a su alcance de manera racional y proporcionada. Hablaron de suspender la autonomía catalana hace algunos meses, aunque no lo han hecho recientemente. Sin embargo, uno de los mayores debates aquí es lo que harán los Mossos d’Esquadra, la policía catalana: si van a respetar la ley española (prohibiendo el referéndum) o el mandato del gobierno catalán (organizar el referéndum). Un debate similar tuvo lugar antes del 9 de noviembre de 2014 y la policía catalana no impidió el referéndum en ese entonces.
En 2005 se tuvo esperanza de una solución amistosa. ¿Puedes decirnos qué pasó?
En 2005, el Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía (una constitución regional). Esto fue reescrito más tarde por el Parlamento español y aprobado en un referéndum por el pueblo catalán. El entonces presidente español, Zapatero, había prometido que apoyaría un Estatuto de Autonomía aprobado por los legisladores catalanes. Sin embargo, en 2010 la Corte Constitucional española modificó significativamente la nueva legislación, atenuando su objetivo de mayor autogobierno para Cataluña y también una de sus partes fundamentales: la referencia a Cataluña como nación.
Para mí fue uno de los momentos más significativos de lo que llamamos «el camino a la independencia». Ese día, muchas personas que siempre habían apoyado otro tipo de relación con España, con un gobierno catalán más fuerte (aunque no totalmente independiente), se sintieron decepcionados y se dieron cuenta de que esto no era realmente realista. Esta experiencia aumentó el apoyo a la independencia catalana y, en julio de 2010, tuvo lugar la primera de las manifestaciones masivas de independencia. Su lema era: «¡Somos una nación! Nosotros decidimos (nuestro futuro)».
El gobierno español ahora critica a los políticos catalanes como figuras que actúan solas y que solo se ocupan de un tema; algunos políticos anti-referéndum dicen cínicamente cosas como: «El pueblo catalán merece políticos que se ocupan de sus verdaderos problemas, no aquellos preocupados sólo por la independencia» … [aunque saben que] los políticos pro-referéndum y pro-independencia han sido elegido democráticamente, lo que significa que la población catalana considera el futuro de su nación como una de sus prioridades.
¿Puedes hablar un poco sobre el lugar de la lengua catalana en relación con la independencia, la libertad de expresión y la identidad?
Yo diría que la lengua catalana es uno de los aspectos más importantes de la identidad catalana. Sin embargo, el gobierno español no reconoce al catalán como un idioma «oficial» fuera de Cataluña, por lo que su uso no está permitido en el debate parlamentario español (aunque el español está permitido en el Parlamento de Cataluña).
Durante siglos, la lengua catalana también fue prohibida de las instituciones y la vida cultural, pero el pueblo catalán nunca dejó de hablarla en casa. Durante muchos períodos, hablar catalán en espacios públicos u oficiales fue un acto de resistencia política.
Bajo Franco, el catalán estaba totalmente prohibido en las escuelas, y los niños a menudo eran castigados si hablaban su lengua materna. De niña, mi madre hablaba principalmente catalán (incluso si podía entender algo de español). Cuando tenía cuatro años, en su primer día de escuela, necesitaba usar el baño, pero no podía recordar cómo pedirlo en español. Estaba muy avergonzada, pero sabía que no se le permitía hablar catalán, y por eso terminó orinándose.
Finalmente, ¿qué cree que sucederá el día de la votación? ¿Cuál es su mayor esperanza?
Mi mayor esperanza es que haya una alta participación y que la opción de independencia gane. Tengo que admitir que solía tener miedo de que el gobierno catalán se rindiera en algún momento porque todo el proceso ha sido muy largo y difícil. Sin embargo, creo que hoy en día todo político en el gobierno catalán está totalmente comprometido con el referéndum.
«El uso de medidas judiciales para silenciar nuestro debate democrático es un ataque directo a nuestro derecho a la libertad de expresión».
