El 21 de noviembre de 2012, diario El Telégrafo hizo pública la demanda interpuesta por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, en contra de Orlando Pérez, director de ese medio, por haberle causado "daño espiritual" en una nota difundida por este medio bajo el título "Dirigente apoya la minería".
(Fundamedios/IFEX) – 21 de noviembre de 2012 – El 21 de noviembre de 2012, diario El Telégrafo hizo pública la demanda interpuesta por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe -localidad ubicada a 698 km de Quito, en el sureste del Ecuador- en contra de Orlando Pérez, director de ese medio, por haberle causado «daño espiritual» supuestamente causado a raíz de una nota difundida por este medio bajo el título «Dirigente apoya la minería». El funcionario pide una indemnización de 5 millones de dólares.
De acuerdo con este medio de propiedad del Estado, Quishpe entabló la demanda el pasado 3 de septiembre, convirtiéndose en el segundo juicio interpuesto por este funcionario en contra del director del rotativo.
Al igual que en la anterior demanda – archivada el pasado 16 agosto por el Juzgado Tercero de lo Civil de Pichincha- Quishpe, pidió que se repare el daño «espiritual» y a su honra, y pide USD5 millones como indemnización alegando que «se le quitó la ‘tranquilidad de espíritu’ (…) se me ha estigmatizado como corrupto y de doble moral, un sinvergüenza, todo lo cual cambió mi proyecto de vida», reza el escrito difundido por el periódico.
La demanda se basó en la publicación de una nota publicada por diario El Telégrafo el pasado 21 de marzo de 2012 bajo el título: «Dirigente apoya la minería». En esta nota se afirmó, entre otras cosas que «Salvador Quishpe, actual prefecto de Zamora, creó el Proyecto Diálogo Intercultural Minero, en 2011, junto con una empresa holandesa, auspiciada por la Embajada de ese país. El 22 de febrero de 2011, formó la compañía civil Kenkuim-Kurinunka, para explotar en la zona de Conguime, sin descartar al Pangui, en donde ahora está el Proyecto Mirador».
El prefecto afirmó en la demanda, que el director de El Telégrafo «jamás dispuso que se rectifique la información» y que en «la publicación se denota que jamás contrastaron la información con la fuente, ni realizaron ninguna investigación».
Dicha demanda ya fue admitida a trámite y recayó en el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha.
Fundamedios recuerda que la información relativa a la gestión de los funcionarios públicos está especialmente protegida por el derecho a la libertad de expresión, y no puede ser objeto de responsabilidades ulteriores salvo casos excepcionales. En este aspecto, los funcionarios públicos están expuestos a un nivel mayor de escrutinio público, y deben ser más tolerantes a la crítica y a la fiscalización de la prensa y la ciudadanía. No obstante, este principio ha sido constantemente cuestionado por los funcionarios del Gobierno central, quienes han sido los primeros en utilizar figuras penales inexistentes, como el del «daño espiritual».
Fundamedios hace un llamado a todos los sectores para que se deje de judicializar el trabajo periodístico y se respeten los estándares internacionales que protegen la libre expresión.
