Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 24 de septiembre de 2024. La COP29, la 29ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunirá a los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto a miles de expertos, periodistas, activistas climáticos y representantes de […]
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 24 de septiembre de 2024.
La COP29, la 29ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunirá a los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto a miles de expertos, periodistas, activistas climáticos y representantes de empresas y organizaciones no gubernamentales. La conferencia se celebrará del 11 al 22 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán.
Este evento tendrá lugar en un contexto marcado por el preocupante historial de Azerbaiyán en materia de derechos humanos. Es crucial asegurar una participación amplia de la sociedad civil y promover un debate abierto, sin temor a represalias, para que los gobiernos cumplan con sus compromisos de abordar el cambio climático y se obtengan resultados satisfactorios en la conferencia. No obstante, la actitud hostil del gobierno azerbaiyano hacia el activismo cívico independiente genera preocupación respecto de la posibilidad de que los miembros de la sociedad civil, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas puedan participar de manera significativa en la COP29.
A continuación se presentan una serie de preguntas y respuestas sobre las implicaciones de la COP29 en cuanto a los derechos humanos, y los desafíos relacionados con la celebración de esta conferencia en un país con un historial de represión y una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, principales contribuyentes al cambio climático.
- ¿Por qué la crisis climática es también una crisis de derechos humanos?
- ¿Qué está en juego para los derechos humanos en la COP29?
- ¿Por qué los planes de Azerbaiyán de ampliar la producción de combustibles fósiles son incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París?
- ¿Por qué es esencial una perspectiva de derechos humanos para determinar cómo financiar los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en la COP29?
- ¿Cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos de Azerbaiyán como anfitrión de la COP29?
- ¿Cuál es el impacto de la crisis de derechos humanos en Azerbaiyán sobre los grupos ambientalistas?
- ¿Por qué es esencial una participación significativa de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para que la COP29 tenga éxito?
- ¿Han restringido las anteriores cumbres del clima la participación de la sociedad civil?
- ¿Qué debería hacer el gobierno de Azerbaiyán para permitir una participación plena y significativa en la COP29?
- ¿Qué deberían hacer los Estados que forman parte del Marco de las Naciones Unidas para presionar a Azerbaiyán para que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos?
- ¿Cuál es la responsabilidad de la Secretaría del Marco de las Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos en la COP29 y más allá?
1. ¿Por qué la crisis climática es también una crisis de derechos humanos crisis?
El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano reconocido globalmente. La crisis climática también tiene un impacto en muchos otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación y al agua.
El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles, atrapa el calor y provoca consecuencias profundas. En muchos países, la población ya está sufriendo estos efectos, y la velocidad y la magnitud de los mismos aumentarán de manera exponencial e impredecible en el futuro cercano.
Unos 3.500 millones de personas viven actualmente en lugares y situaciones extremadamente vulnerables al cambio climático, según ha advertido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Para el año 2050, se prevé que más de mil millones de personas que habitan en pequeñas islas y en comunidades costeras de baja altitud estarán en riesgo debido a la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas.
El cambio climático también exacerba las desigualdades sociales y económicas ya existentes. Las personas con interseccionalidad de identidad y en situación de vulnerabilidad enfrentan un riesgo aún mayor de morir, caer en la pobreza o perder recursos esenciales debido al cambio climático. Entre los grupos más afectados se encuentran las personas con bajos ingresos; las personas negras, indígenas y de otras comunidades racializadas; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas LGBT; las mujeres embarazadas y otras personas gestantes; los niños y los trabajadores migrantes.
2. ¿Qué está en juego para los derechos humanos en la COP29?
La producción y el uso de combustibles fósiles han generado una contaminación atmosférica generalizada, lo que perjudica la salud humana y provoca un aumento en las temperaturas globales. La quema de combustibles fósiles es la principal causa de la crisis climática, siendo responsable de más del 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.
En la COP28 de 2023, el documento final clave (llamado Balance Mundial) instó a los países a “transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles”, pero no logró comprometer a los gobiernos a eliminarlos progresivamente dentro de un calendario claro.
Si bien fue la primera vez en más de 30 años de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que los países adoptaron una decisión clave mencionando explícitamente los “combustibles fósiles”, el compromiso fue insuficiente para contener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar los peores efectos de la crisis climática. Desde la COP28, ha habido pocos avances en este compromiso.
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los proyectos de combustibles fósiles actuales ya exceden lo que el clima puede soportar para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Sin embargo, los gobiernos siguen aprobando –y subvencionando— la construcción de infraestructuras de combustibles fósiles, además de regular de manera insuficiente las operaciones existentes.
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5. ¿Cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos de Azerbaiyán como anfitrión de la COP29?
La represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica por parte del gobierno azerbaiyano genera gran inquietud sobre si los miembros independientes de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que asistan a la COP29 podrán participar de manera significativa durante la conferencia.
Las autoridades azerbaiyanas tienen un extenso historial de represión contra la libertad de expresión y con frecuencia, una rápida y brutal dispersión de protestas pacíficas, sumado al empleo de leyes abusivas para paralizar a las organizaciones no gubernamentales independientes. Durante años, las autoridades han tomado represalias contra quienes critican al gobierno, especialmente aquellos que denuncian la corrupción y las violaciones de derechos humanos, encarcelándolos. Los críticos que abordan temas políticamente sensibles corren mayores riesgos.
En el último año, la represión de las voces independientes ha resultado en la detención o condena de al menos 31 periodistas, activistas de la sociedad civil y académicos por cargos penales falsos. Casi todos permanecen en prisión preventiva.
6. ¿Cuál es el impacto de la crisis de derechos humanos en Azerbaiyán sobre los grupos ambientalistas?
A pesar de algunos logros importantes obtenidos por un pequeño grupo de activistas medioambientales en Azerbaiyán, deben actuar con cautela. La represión que las autoridades han ejercido durante décadas contra activistas independientes que abordan temas que consideran “delicados” plantea el temor de que ciertas formas de activismo medioambiental se vean gravemente restringidas durante la COP29.
En junio de 2023, activistas de base preocupados por cuestiones medioambientales enfrentaron directamente la represión gubernamental. Habitantes de Soyudlu, una localidad en el oeste de Azerbaiyán, protestaron contra los residuos tóxicos de una mina de oro y el proyecto de construir un lago de residuos. La policía antidisturbios disolvió violentamente la protesta pacífica, hiriendo a decenas de personas. La policía restringió el acceso al pueblo durante semanas, expulsó a periodistas y confiscó sus teléfonos. Ocho aldeanos fueron condenados por cargos administrativos por participar en las protestas.
En abril, las autoridades azerbaiyanas detuvieron a Anar Mammadli, un veterano defensor de los derechos humanos, por falsos cargos de “contrabando”, solo dos meses después de haber creado la iniciativa Climate of Justice, que busca defender las libertades cívicas y la justicia medioambiental en Azerbaiyán de cara a la COP29.
En junio de 2023, en otro caso de enjuiciamiento injusto, las autoridades detuvieron al reconocido académico, economista y activista Gubad Ibadoghlu, quien denunciaba la corrupción en la industria de los combustibles fósiles en Azerbaiyán y reclamaba transparencia en los ingresos. Ibadoghlu, de 53 años, ha pasado la mayor parte del tiempo en el exilio desde 2015, tras el cierre forzoso del grupo de investigación económica que fundó. En 2023, pocas semanas después de viajar al país para visitar a su madre enferma, la policía lo detuvo bajo acusaciones falsas de falsificación y extremismo, y lo mantuvo en prisión preventiva durante nueve meses, período en el que su salud se deterioró gravemente sin recibir atención médica adecuada. En abril, fue liberado bajo arresto domiciliario y actualmente está a la espera de juicio, enfrentando una pena de hasta 17 años de prisión.
En estas circunstancias, es difícil imaginar que los grupos ecologistas o periodistas azerbaiyanos puedan criticar abiertamente y abogar por cambios en las políticas climáticas nacionales. No debe subestimarse el posible efecto disuasorio de la respuesta gubernamental ante los pocos casos de activismo climático. Quienes se atrevan a desafiar la industria de los combustibles fósiles, la cual proporciona más de la mitad de los ingresos del gobierno azerbaiyano, enfrentan enormes riesgos.