(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP: Preocupa a la SIP cualquier esfuerzo legislativo en Estados Unidos que busque penalizar la divulgación de información clasificada Miami (26 de mayo del 2006) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró hoy su preocupación sobre la posible inclusión de legislación en […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP:
Preocupa a la SIP cualquier esfuerzo legislativo en Estados Unidos que busque penalizar la divulgación de información clasificada
Miami (26 de mayo del 2006) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró hoy su preocupación sobre la posible inclusión de legislación en el Congreso de los Estados Unidos que penalizaría las filtraciones de información clasificada en general, al tiempo que respaldó la posición adoptada por dos organizaciones nacionales de periódicos, cuyos argumentos fueron presentados para una audiencia pública legislativa que se realiza hoy en Washington DC.
El debate cobró fuerza en los Estados Unidos el 21 de mayo pasado cuando, ante la pregunta de si los periodistas podrían ser juzgados por publicar información reservada, el procurador General de Justicia, Alberto Gonzales, respondió que «hay algunos estatutos en los libros que, si se leen cuidadosamente, parecen indicar que esa es una posibilidad. Queda a criterio del Congreso aprobar ese tipo de legislación».
Desde hace varios años la atención de los medios de comunicación estadounidenses y de las organizaciones nacionales e internacionales de prensa se ha centrado en las filtraciones de información reservada y los ataques a la prensa, así como en las amenazas de encarcelamiento de periodistas que protegen sus fuentes informativas cuando son requeridos por las cortes, tal como sucedió con el conocido caso de Judith Miller en el 2005.
La Asociación Americana de Periódicos (NAA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Periódicos (NNA, por sus siglas en inglés), que objetan el intento de aprobar una «Ley de Secretos Oficiales», enviaron una carta a los congresistas Peter Hoekstra, presidente, y a Jane Harman, miembro principal del Comité Selecto Permanente para la Inteligencia de la Cámara de Representantes, en la que solicitan que sus argumentos sean considerados en la audiencia pública de hoy en dicho comité. La audiencia fue convocada para informar al público sobre una importante política pública respecto a la utilización de parte de la prensa de información clasificada no autorizada.
La presidenta de la SIP, Diana Daniels, al sumarse a la posición de la NAA y de la NNA, aseveró que «nos preocupa cualquier ‘legislación que fundamentalmente altere la manera en la cual los funcionarios gubernamentales se relacionan con la prensa, la forma en que la prensa busca y difunde la información y la manera en cómo el público conoce sobre su gobierno'».
Agregó que «históricamente, el papel de los medios estadounidenses en informar al público y asegurar el buen gobierno ha sido apoyado por el acceso a la información pública, incluyendo a aquella de fuentes oficiales, que a veces permanecen anónimas por temor a represalias y que están convencidas que solo mediante la filtración de información, el público estará al tanto de asuntos de interés, tales como el abuso de poder y la corrupción. Sin esa información, el público tendría menos opciones de conocer lo que hace su gobierno y de fiscalizarlo».
El documento de la NAA y de la NNA – al que se puede acceder en español en http://www.sipiapa.com/docto.pdf – concluye con el argumento de que «la legislación que penaliza la divulgación o publicación de información confidencial es un anatema para un sistema que pone la soberanía en manos del pueblo. Esa ha sido la visión predominante en los primeros doscientos veinticinco años de existencia de nuestra nación, y no existe una razón convincente para cambiar un sistema que ha funcionado tan bien durante tanto tiempo en lo que respecta a la preservación de la libertad de tantas personas».
Daniels, vicepresidenta de The Washington Post Company, Washington, DC, afirmó que «aunque la SIP es respetuosa de [las obligaciones de un gobierno de proteger la] seguridad nacional, existe un delicado balance entre el derecho del público a saber y la necesidad del gobierno a proteger los secretos. Creemos que la aprobación de una legislación que penalice la difusión de toda información reservada debe ser rechazada por contradecir principios fundamentales de la Primera Enmienda que garantizan la libertad de prensa, y porque contraviene la importancia especial que reviste la prensa libre para la democracia».
